Desesperados, los padres del mendocino preso en El Salvador buscan comunicarse con él por todos los medios

Los padres de Alejo Arias González (24), el mendocino que se encuentra en una cárcel de El Salvador desde junio pasado bajo las extremas condiciones del régimen del presidente Nayid Bukele, buscan por todos los medios a su alcance comunicarse con su hijo que sigue incomunicado.

El 28 de enero pasado se venció el plazo de la prisión preventiva, pero tanto el juez que entiende en la causa como los fiscales, decidieron renovar el plazo por otro semestre, por lo que la investigación ha sufrido una notable extensión temporal.

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“No tenemos contacto con Alejo desde hace siete meses, cuando fue detenido. No tienen pruebas para tenerlo detenido, por eso extendieron la preventiva. Además, no permiten que un abogado de oficio lo defienda. El abogado pidió una audiencia y nunca le contestaron”, explicó a Los Andes Mauricio Arias, padre del joven detenido.

El hombre detalló todos los caminos que están transitando para tener contado con Alejo. “Él no es culpable de nada, sólo fue a trabajar. Nosotros queremos tener una llamada telefónica o un contacto por videollamada para ver cómo está”, explicó. Su hijo se encuentra recluido en el Centro Penal de Jucuapa en el distrito de Usulután, una cárcel de seguridad intermedia ubicada a 200 kilómetros de la capital de El Salvador.

Así las cosas, el jueves pasado, desde Cancillería enviaron una nota al consulado de El Salvador para que se pueda establecer un contacto entre padres e hijo.

Por otra parte, el conocido abogado porteño Miguel Ángel Pierri, quien los asesora junto a Verónica Gálata Zabaleta, hace unos 20 días envió una carta al Centro Internacional de Derechos Humanos (CIDH) solicitando que intercedan para que Arias pueda ser defendido por un abogado y que, por otro lado, se levante la incomunicación y el mendocino pueda hablar con su familia.

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Por último, el viernes pasado los padres del joven le enviaron a través de un legislador provincial sendas cartas al mendocino Luis Petri, ministro de Defensa de la Nación, y a Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación, para que pueden interceder por el joven detenido en El Salvador.

Pedido de clemencia

En noviembre pasado, el abogado Pierri lee envió una carta al presidente Nayib Bukele solicitando “clemencia” para este joven nacido en Rivadavia que, según la Justicia salvadoreña, sería parte de una organización de unos 100 colombianos que, a través de microfinancieras, se habrían llevado a su país unos 20 millones de dólares. Pero el líder centroamericano no respondió el pedido.

En ese envío, el letrado porteño le explicaba a Bukele que su cliente “es un argentino, ciudadano modelo y sin antecedentes penales, que estudiaba el segundo año de la Licenciatura en Radiología en la Universidad del Congreso de Mendoza, y dado que la situación económica del país tornó impagable sus estudios, él decidió interrumpir su carrera por la posibilidad que se le presentó de esta empresa salvadoreña que lo contrataba por seis meses, con lo que podría retomar sus estudios a su regreso”.

“Es así que Alejo vendió su automóvil para poder comprar el pasaje hacia El Salvador y fue entonces cuando comenzó a trabajar y ahorrar para volver a su país, hecho que iba a concretar a fin del mes de julio de 2023, pero no llegó a realizarlo dado que fue detenido a mitad de ese mes”, explicaba el escrito.

Además, sostenía que la Justicia de El Salvador no habría cumplido con las leyes vigentes en ese país, pues no se habría cumplido con los derechos que asisten al joven detenido, según la constitución vigente.

Viajó en busca de trabajo

Para la Justicia salvadoreña, Arias es parte de una red de estafadores conformada por más de 100 personas, en su mayoría colombianos, además de tres salvadoreños y un guatemalteco. Según las autoridades, los detenidos habrían organizado algunas microfinancieras de forma ilegal y otorgaban créditos que cobraban luego a través de amenazas.

Para las autoridades centroamericanas, el fin último de la organización era enviar a Colombia cantidades millonarias de dinero, movimientos que estarían relacionados con el narcotráfico y las pandillas. Dicen que desde 2021 habrían enviado a su país 20 millones de dólares.

Alejo llegó a El Salvador el 6 de marzo del año pasado para trabajar como cobrador en una financiera dirigida por ciudadanos colombianos, a través de un contacto familiar que le consiguió ese trabajo.

Cobraba 600 dólares por mes –en pagas semanales de 150- y su idea era estar seis meses o tal vez un año para ahorrar dinero y seguir con sus estudios. Había terminado segundo año de Diagnóstico por imágenes y la idea era ahorrar dinero para poder seguir con sus estudios en Mendoza.

Pero el 14 de julio pasado fue detenido junto a otras 40 personas y enviados a la cárcel El Penalito, una instalación policial ubicada en San Salvador, capital del país.

En agosto pasado, en una audiencia colectiva y con la presencia de sólo cuatro abogados, a 40 detenidos se les dictó la prisión preventiva por seis meses por una grave acusación: asociación ilícita, lavado de activos y receptación (recibir, adquirir, ocultar o aprovecharse de los efectos de hecho delictivos). La prisión preventiva podía extenderse por medio año más, siempre bajo la modalidad de incomunicado.

“A los procesados se les atribuyen los delitos de lavado de dinero y activos, receptación y agrupaciones ilícitas. La audiencia de imposición de medidas se llevó a cabo en el Tribunal 6 Contra el Crimen Organizado”, informó vía Twitter la Fiscalía General de la República de El Salvador.