Ambos profesionales fueron imputados por administración fraudulenta, en una causa que continúa en etapa de revisión tras la apelación de sus defensas.
Delfina Lanusse y Hernán Boveri fueron imputados formalmente por la causa Propofest
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Los abogados de Delfina Lanusse y Hernán Boveri presentaron un recurso judicial para revertir sus procesamientos en la causa que investiga un presunto desvío de ampollas de propofol en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Ambos profesionales fueron imputados por administración fraudulenta, en un expediente que continúa en etapa de revisión tras la apelación de sus defensas.
El planteo busca que la Justicia deje sin efecto las decisiones tomadas por el juez Javier Sánchez Sarmiento, quien además dispuso un embargo superior a los 30 millones de pesos sobre Lanusse. Según los letrados, la resolución carece de sustento probatorio y se apoya en elementos que no permiten reconstruir hechos concretos.
En la apelación, la defensa sostuvo que no existen evidencias directas que vinculen a Lanusse con la sustracción de medicamentos. Argumentaron que el procesamiento se basó en testimonios indirectos, definidos como “de oídas”, junto con apreciaciones personales sin verificación objetiva.
Según el escrito, ningún testigo declaró haber visto a la médica retirar fármacos de manera irregular ni apropiarse de insumos. Varios de los testimonios, indicaron, surgen de comentarios de terceros ajenos al ámbito hospitalario o de percepciones subjetivas sobre su estado personal, sin relación directa con los hechos investigados.
Uno de los puntos centrales del recurso es el informe del propio hospital, que no detectó diferencias en el stock de medicación durante el período bajo análisis. El sistema de control interno, remarcaron, permite registrar incluso pérdidas mínimas, lo que vuelve incompatible la hipótesis de una sustracción sostenida.
Además, el arqueo realizado no arrojó inconsistencias, lo que refuerza la postura de que no hubo perjuicio económico comprobable ni desvío verificable de insumos médicos.
La defensa también cuestionó el monto del embargo impuesto, al considerar que no guarda relación con los hechos investigados. Sostuvieron que el juzgado no logró cuantificar un daño patrimonial concreto y que la cifra fijada resulta desproporcionada frente a la ausencia de pruebas.
El recurso solicita la revocación completa de los procesamientos y el dictado de falta de mérito, además de la incorporación de pruebas que, según la defensa, fueron indebidamente rechazadas en la etapa previa. Como alternativa, pidieron una reducción del embargo acorde a los datos objetivos disponibles.