En el inicio del juicio, los padres y la tía de la fallecida prestaron declaración y conmovieron a la sala. Eduardo Andrada y Analía Morales son acusados de impedir el ingreso de Pablo Musse a Córdoba.
Pablo, en el inicio del juicio por su hija Solange Musse.
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Gentileza Este lunes comenzó en Córdoba el juicio por jurados a dos exintegrantes del Comité de Operaciones de Emergencia (COE), señalados por impedir el ingreso de Pablo Musse a la provincia en plena pandemia. Su hija, Solange Musse, atravesaba un cáncer avanzado y murió sin poder despedirse de él.
Los padres de la fallecida y una tía ya prestaron su declaración, relatando lo vivido en aquel entonces. “Fue muy conmovedor”, relataron desde el tribunal. Por su parte, el abogado de la familia, Carlos Nayi, adelantó que pedirá la ampliación de las acusaciones contra los implicados.
Los acusados son el médico Eduardo Andrada y la asistente social Analía Morales.
En diálogo con Noticias Argentinas, el letrado explicó que se trató de tres testimonios “muy importantes” en la investigación y añadió que el juicio se reanudará el viernes 5 de septiembre. “Todo indica que la fiscalía y el particular damnificado solicitaremos la ampliación de las imputaciones”, expresó.
El facultativo Andrada se desempeñaba como director del Hospital de Huinca Renancó y Morales se encontraba a cargo del puesto sanitario en la ciudad de Río Cuarto. Ambos están acusados de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público durante la pandemia por covid-19.
De acuerdo a la acusación, los sindicados impidieron el ingreso del denunciante Pablo Musse a la provincia para visitar a su hija, quien en aquel momento residía en la ciudad de Alta Gracia y se encontraba con internación domiciliaria, asistida con oxígeno, bajo cuidados médicos, porque tenía un diagnóstico de cáncer de mama avanzado, en fase IV.
El fiscal Julio Rivero señala que esta situación impidió que el hombre pudiera ver a su hija con vida por última vez, quien murió el 21 de agosto a los 35 años.
Para las autoridades a cargo de la investigación, los imputados desatendieron la directriz que ordena que, para estas situaciones “impostergables”, se debía escoltar hacia el domicilio de la persona discapacitada o la residencia de la persona que sufría el padecimiento límite.
