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Hoy se cumple un año de la absurda muerte de María Paula Giglio, la productora radial de 33 años que fue asesinada de 5 puñaladas por un paciente psiquiátrico en la Municipalidad de San Carlos. La joven se trasladaba hasta el lugar para realizar un trámite una vez por mes.
Mientras lo concretaba aquella mañana, Exequiel Palleres de 24 años, con alteraciones psiquiátricas e instancia de policonsumo de drogas, se le acercó y con un cuchillo le cortó el cuello sin motivo. La chica intentó huir, pero fue perseguida y en una escalera recibió 4 puntazos más que terminaron con su vida.
El caso que conmocionó a la sociedad mendocina y tuvo repercusiones en la prensa nacional puso en el tapete la clase de asistencia y seguimiento que tienen pacientes con enfermedades crónicas que pueden resultar un peligro para sí mismos o terceros.
Para recordarla, pedir justicia y solicitar cambios tendientes a evitar otros casos de este tipo es que familiares y amigos de la víctima realizarán hoy una marcha (ver aparte). Pero la intención fundamental es solicitar la aplicación efectiva de la ley de Salud Mental además de motorizar cambios que permitan resguardos frente a ciertos casos graves.
Los principales cuestionamientos apuntan a la falta de una verdadera red de contención y seguimiento de los pacientes psiquiátricos, ya que de otra forma pueden no realizar el tratamiento de manera adecuada y terminar en una descompensación mental por la no toma de medicamentos, tal cual fue fundamentada la reacción por parte de las autoridades sanitarias de la provincia en aquel entonces.
Responsabilidades
La decisión de que una vez compensado el paciente pueda insertarse en su comunidad a cargo de su familia no es algo que se cuestione, ya que está en sintonía con los nuevos parámetros en la materia. Pero se aduce que en tales condiciones y de acuerdo a lo que establece la ley de Salud Mental Nº 26.657, debe existir una red de contención y seguimiento interdisciplinaria que asegure el tratamiento y la reinserción social.
Este aspecto fue justamente el que habría fallado en el caso de Palleres, según sostienen los familiares.
El joven había realizado la primera consulta el 2 de junio de 2013 en el hospital Tagarelli de San Carlos, de donde fue derivado al hospital neuropsiquiátrico El Sauce. Allí estuvo internado 20 días hasta ser compensado y dado de alta en agosto. Nuevamente derivado al Tagarelli, se identificó el problema de las adicciones por lo que debía ser asistido en el Centro Preventivo Asistencial de Adicciones de Tunuyán.
Debía realizar un plan de recuperación psiquiátrico, psicológico y social, pero sólo cumplió con el primero. En el aspecto social la designada para acompañarlo era su madre quien debía informar sobre una situación de crisis. Eso ocurrió el 9 de junio anterior al asesinato, ya que había perdido la medicación, pero tampoco asistió a los turnos de control por lo que los profesionales perdieron contacto con él.
Cuando cometió el crimen, Palleres sufría de alucinaciones y dijo que Satanás le decía que tenía que matar a una mujer.
“El diagnóstico no requería necesariamente una internación permanente. Una vez compensado el paciente puede vivir perfectamente en su comunidad y con su familia”, había respondido en aquel entonces Alberto Navarro, director de Salud Mental de la provincia.
Malena Giglio, hermana de Paula, señaló a Los Andes: "Le dieron el alta en libertad, después de 20 días de tratamiento, para no restringir su libertad. Lo derivaron a otra clínica y dejaron a cargo del tratamiento a la madre que no es una especialista, un tratamiento que nunca hizo. Pasó de ser consumidor a enfermo y de ahí a asesino". Por eso, subraya que se trató de una muerte absolutamente evitable.
La senadora provincial Claudia Najul explicó que en aquel entonces se elevó un pedido de informes al Ministerio de Salud que nunca fue respondido, lo cual se reiteró este año sin mejores resultados.
“Queríamos saber cuál había sido el tratamiento del paciente: quién decidió el alta, quién hacía el seguimiento; si su familia estaba entrenada para hacerse cargo y se había conformado la red adecuada”, detalló.
Consultado sobre el tema, Navarro dijo que los informes fueron elaborados y que una de las causas de que no haya llegado a mano de los legisladores pueden ser motivos administrativos. Dijo también que en este caso los seguimientos que se le hicieron a Palleres fueron completos.
Modificaciones a la norma
La ley nacional de Salud Mental fue sancionada en 2010 y reglamentada en 2013. Es una ley de orden público de aplicación en todo el territorio argentino. “Es una norma muy amplia, de 46 artículos, que cambia los paradigmas de atención en Salud Mental; es garantista de los derechos de los ciudadanos con trastornos de salud mental para que tengan la atención que necesiten en los ámbitos donde se requiera”, explicó Navarro.
“Una de las grandes deudas del sistema de salud es en el área de salud mental”, sostuvo Najul. Desde su punto de vista se falla en la aplicación efectiva de esta norma que considera buena, en particular en la conformación de las redes mencionadas. “Esta ley ha sido un gran avance en los derechos de los pacientes, pero debe aplicarse como corresponde”, apuntó.
Una de las patas flojas es la falta de presupuesto suficiente para avanzar en este aspecto.
Dijo que las enfermedades psiquiátricas van en aumento y que por lo tanto es necesario que el sistema se adapte a esta nueva realidad para poder dar una respuesta adecuada.
En tanto, Navarro estuvo de acuerdo en que la falta de presupuesto es un obstáculo. Sin embargo, señaló que se trata de un cambio de paradigma que requiere tiempo ya que debe ser acompañado por un cambio cultural.
Para Malena Giglio, es necesario realizar modificaciones, las cuales deberían hacerse a través de los legisladores nacionales. Para ello, los locales serán intermediarios, gracias al petitorio que presentarán hoy.
Enumeró cuáles son los cambios que propondrán. Por un lado, el adecuado control post tratamiento de los enfermos, para casos graves que puedan implicar peligrosidad; que el cuidado esté a cargo de especialistas y no de la familia. Que se contemple la particularidad de cada paciente, para lo cual solicitan atención específica con áreas designadas particularmente dentro de los centros polivalentes.
Finalmente, insistirán en que se haga efectiva la creación de un órgano de control sobre el cual se funda toda la aplicación de la ley, sin el cual no hay monitoreo posible de las acciones.