Dos temas de altísimo impacto en la opinión pública, el Mundial y la pelea de la Argentina contra los fondos buitres, dejaron en un segundo plano las negociaciones, por ahora mal encaminadas, entre las provincias petroleras y la Casa Rosada en torno a una ley que regule las inversiones en los yacimientos de combustibles no convencionales (shale), de crudos pesados, los de recuperación terciaria y los off shore. Pero la relación entre algunos gobiernos provinciales y la Nación por este tema viró, en sólo tres semanas, de la cordialidad a una guerra política con final impredecible.
Como es Neuquén la provincia que concentra el 70% del bloque Vaca Muerta, donde están los yacimientos de shale que podrían devolverles la perdida autonomía energética al país, el gobernador Jorge Sapag se ha convertido en el hueso más duro de roer para la Nación, que delegó las negociaciones al ministro de Planificación, Julio de Vido, por su muñeca política, virtud que no tiene el CEO de YPF, Miguel Galuccio, impulsor de la ley que propone el Gobierno nacional y que las provincias en mayor o menor medida resisten. Galuccio se ha convertido, para los mandatarios provinciales, en un enemigo a vencer en esta jugada de ajedrez que recién empieza y algunos ya no disimulan su encono para con el tecnócrata.
La semana que pasó, Martín Buzzi, gobernador de Chubut y presidente de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi), salió a defenderse de un pedido de juicio político con el que lo amenaza el propio oficialismo chubutense, particularmente el kirchnerismo a través del ex ministro de Agricultura, Norberto Yahuar, y del vicegobernador Gustavo Mac Karthy.
"No es casual que justo cuando estamos dando una batalla muy profunda por sostener la soberanía hidrocarburífera de la provincia aparezca este intento (de juicio político)", dijo Buzzi y dejó que sus funcionarios le pusieran nombre y apellido a quienes buscan que se lo investigue judicialmente por la expropiación de una empresa (Alpesca) para, iniciado el expediente judicial, tener así motivos para impulsar el Jury.
La relación de Buzzi con la Nación ha sido una montaña rusa.
Llegó a la Gobernación de la mano de Mario Das Neves, a principios de 2011, pero dio el salto al kirchnerismo sin medias tintas preocupado por el temor a que la Nación le asfixiara la gestión. Progresivamente la Casa Rosada le fue copando parte de su gabinete. Ahora, luego de que Buzzi sostuviera junto con Sapag la posición más rebelde frente al proyecto de ley de Hidrocarburos que redactó Galuccio, el mandatario chubutense recibió un mensaje claro de que podría tener los días contados en el poder provincial.
La ira de la administración de Cristina Kirchner para con Sapag es mayor aún que con Buzzi, pero el neuquino no tiene dependencia ni política ni económica de la Nación como el chubutense. Observando con alarma estos movimientos subterráneos que se están dando en torno a la pelea por la renta petrolera, Francisco "Paco" Pérez decidió cambiar de estrategia y hacer control de daños. Es por eso que luego de protagonizar la resistencia junto a Sapag y Buzzi (avaló con su firma y con su voz la contraoferta que realizó la Ofephi a la Nación hace dos semanas para que sea el Tesoro y no las provincias quien solvente un plan de atracción de inversiones petroleras) decidió correrse del centro del conflicto y dar la pelea aisladamente.
Pérez está preocupado por la tensa relación entre las provincias petroleras y la Casa Rosada y tiene motivos de sobra para estarlo. El futuro de su administración depende del acceso al financiamiento internacional o nacional y de la decisión que tome la Suprema Corte mendocina sobre el planteo que hizo la UCR para que se declare inconstitucional la autorización a endeudarse que consiguió el Ejecutivo al cambiar en la Legislatura con simple mayoría la ley de Contabilidad y propiciar la "reconducción" del Presupuesto 2013 donde estaba el aval legislativo correspondiente.
Si el Máximo Tribunal mendocino falla a favor del Gobierno, Pérez necesitará sí o sí tener aceitado su vínculo con el Gobierno nacional tanto si desea buscar crédito internacional, porque es Axel Kicillof quien da el aval necesario para emitir deuda en el extranjero, como si necesita acudir a la ayuda de la Nación. Esto último sería inevitable si la Argentina entra en cesación de pagos al no poder resolver la pelea con los fondos buitres en la corte del juez neoyorquino Thomas Griesa.
Por eso es que muchos de sus asesores le dicen a Pérez que confrontar como Sapag y Buzzi con la Casa Rosada tan abiertamente no sería aconsejable para él y para Mendoza ya que podría necesitar algún tipo de salvataje financiero de la Casa Rosada para el segundo semestre.
Obligado a hacer equilibrio entre su necesidad de ayuda financiera nacional y la defensa de los intereses mendocinos en la "guerra petrolera", Pérez dio la orden a sus funcionarios de seguir adelante con la licitación de las áreas petroleras del sur mendocino pese a que YPF decidió no presentarse objetando el modelo de negocio planteado por la Empresa Mendocina de Energía (EMESA) puesto que en él se incluyó el acarreo, uno de los principales puntos de discordia de la nueva ley que impulsan la Rosada y Galuccio.
La jugada de Pérez buscó que al menos cuatro de las ocho áreas concursadas, que son las que tuvieron ofertas técnicamente viables, queden afuera de la legislación que la Nación se trae entre manos, que deja -según el borrador inicial- como única renta del negocio hidrocarburífero para las provincias lo que éstas cobren por regalías y elimina la razón de ser de las empresas petroleras provinciales (y el acarreo).
La decisión de abrir el sobre B de la licitación de EMESA trajo algunas novedades importantes, algunas de las cuales tenían la fuerza de un rumor creciente desde hacía semanas. El Gobierno provincial decidió dejar fuera de carrera las ofertas que hizo el grupo Vila-Manzano a través de sus dos empresas Grecoil-Integra -que sólo consiguió 39 puntos de los 60 necesarios para calificar- y Andes Energía-Kilwer -que obtuvo 42 puntos-.
También quedó descalificada la empresa de otro empresario de medios, el sanrafaelino Omar Álvarez, que se presentó a través de su empresa EMSA en alianza con JHP y PetroAP, aunque su propuesta tuvo 55 puntos y quedó fuera de juego porque no se logró certificar los capitales que aportaban los socios asiáticos del empresario sureño.
Tanto en el mercado como en el ambiente político se esperaba que Vila-Manzano quedasen afuera, por varios motivos. El primero es que hace solo semanas el gobernador Pérez decidió revertir el 50% del área Chachahuén en la que los dueños del Grupo Uno tienen el 20% de las acciones, Álvarez el 10% y el 70% restante está en poder de YPF.
El motivo: la falta de inversión. Desde 2008, cuando Vila-Manzano se quedaron con la concesión, sólo se invirtió el 20% de lo pactado y la plata la puso en su totalidad YPF desde que entró a operar el área en 2012. Es decir que los empresarios mendocinos no han puesto dinero y hoy, seis años después, los yacimientos siguen sin producir crudo.
Este antecedente negativo de los empresarios locales les pesaba políticamente en contra a la hora de pujar por las nuevas áreas. ¿Cómo el mismo gobierno que les revierte un área clave por falta de inversión les entregaría otra? Pero además, la Casa Rosada les bajó una línea clara a todos los gobernadores: cerrarle la puerta los "negocios inmobiliarios y bursátiles" que hacen grupos como Vila-Manzano, que se quedan con concesiones para hacerlas cotizar en la Bolsa de Londres o Nueva York como activos pero sin el objetivo real de explotarlas.
De los pocos puntos que tienen consensuados Galuccio y los mandatarios de la Ofephi, uno de ellos es ponerle coto a estas situaciones que han llevado a provincias a tener inactivos sus yacimientos y perder oportunidades de cobrar regalías.
Por Mario Fiore - [email protected] - Corresponsalía Buenos Aires
