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Amado Boudou está para el cachetazo. Los seis días que transcurrieron desde el lunes pasado, cuando la internación de la Presidenta, bastaron para que el papel institucional del vicepresidente fuera el blanco de un bastardeo político del que no se tienen precedentes en la historia argentina.
Ejercicio, el del bastardeo, inicialmente a cargo de los opositores de distinto pelaje, pero al que siguieron, y sin disimulos ni medias tintas, los propios oficialistas, cualquiera fuera el rango de responsabilidad institucional de los que lo hicieron.
En una decisión personalísima (sin decirlo con todas las letras, lo confirmó en estos días la misma Cristina, en las entrevistas difundidas por la televisión pública: lo eligió porque el entonces titular de la Anses fue el mentor de la reestatización del sistema jubilatorio), Boudou compartió con ella, hace apenas menos de dos años, el 54 por ciento de los votos; era, entonces, el más probable heredero-continuador del "modelo" kirchnerista en 2015. Ningún oficialista se permitía siquiera en su imaginación cuestionarlo.
Así, alineadísimo, cumplió prolijamente con la responsabilidad constitucional de vicepresidente cuando tuvo que quedar al frente del Ejecutivo en enero de 2012 por la operación de tiroides de la Presidenta. El traspaso del mando fue entonces transparente, sin lugar a suspicacias.
Ahora no sucedió lo mismo. Recién al cuarto día de que asumiera el Ejecutivo, y no por la correspondiente vía institucional (su publicación en el Boletín Oficial) sino por una revelación periodística, se supo que quedó "a cargo" del Ejecutivo por treinta días, plazo que se estima durará el posoperatorio de la Presidenta.
¿Por qué resultó distinto a enero de 2012? Boudou no es el mismo. Sobre él cayeron denuncias judiciales, Ciccone, sobre todo. Las denuncias, al menos hasta ahora, sin embargo, no progresaron al nivel de la presunción de responsabilidad y procesamiento; quedaron en sólo eso, denuncias.
Pero en cambio calaron en la opinión formateada de la mayoría de los argentinos, al punto de convertirlo a "Boudou, el peor de todos". Y es en esa reprobación pública en lo que se sustentan el bastardeo de la oposición, como el menoscabo a su rol institucional al que lo somete el oficialismo.
La hipocresía signa el comportamiento de extraños y de propios. Desde la oposición en su conjunto se le enrostra a Boudou la supuesta carencia de autoridad moral, y consecuentemente política, para ejercer interinamente la jefatura del Ejecutivo. La acusación es precisamente por aquellas denuncias judiciales.
Pero, cabe preguntarse: ¿con qué autoridad moral se hacen esos cargos a Boudou, cuando en algunos casos provienen de dirigentes opositores que ejercen puestos ejecutivos y legislativos, pese a -ellos sí- estar procesados por la Justicia? Por citar dos: Mauricio Macri, con una causa que lleva años y hoy parada por el supuesto espionaje a familiares de las víctimas de la AMIA; y Oscar Aguad, en busca de su reelección como diputado, procesado por su aparente mal desempeño como funcionario durante la intervención a Corrientes, en 2000.
¿No implica, acaso, que ese tipo de cuestionamiento a Boudou lleve implícito otro referido a la legitimidad constitucional para garantizar la institucionalidad, cuyo menosprecio se le achaca y machaca a Cristina Fernández?
Hipócrita también resulta el comportamiento del oficialismo. Boudou ha quedado reducido a la insignificancia en tanto vice a cargo del Ejecutivo. Desempeña un papel protocolar, casi decorativo, rebajado a lo que es la imagen que de él se construyó e instaló (y a la que él mismo se encargó con esmero en construir e instalar).
El acto que encabezó con artistas por la puesta en marcha del Instituto Nacional de la Música le calzó a esa imagen. Pero cuando buscó levantar vuelo en su papel de Presidente interino, le cortaron las alas desde el núcleo duro del Gobierno, obviamente por orden de la propia Presidenta: no lo dejaron ponerse el frente del anuncio del acuerdo que en Washington había alcanzado el ministro de Economía, Hernán Lorenzino.
Y funcionarios que deberían estar por debajo de su autoridad, se la pusieron en duda públicamente; desde el jefe de Gabinete, Juan Abal Medina, y el ministro del Interior, Florencio Randazzo, hasta un sapo de otro pozo institucional, como el ultrakirchnerista vice bonaerense Gabriel Mariotto.
El péguele a Boudou impidió poner la atención en un hecho político económico sustantivo. El jueves se cerró un acuerdo con empresas que desde 2001 demandaban al país ante el tribunal arbitral del Banco Mundial (Ciadi).
Recibirán 500 millones de dólares, muchos menos que lo que reclamaban. Como efecto de ese acuerdo el país contará de nuevo con créditos del Banco Mundial, esta vez por 3.000 millones de dólares, hasta 2016. Un logro que desde la oposición se cuestionó por contrariar "el discurso" kirchnerista que, probado está por demás, no se ciñe a lo ideológico, sino al pragmatismo. Por algo el kirchnerismo, aunque mal le pese a muchos, es peronismo.