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Por las últimas noticias aparecidas en la prensa especializada sobre la coyuntura de nuestra industria madre, aparentemente, habría un cierto consenso entre algunas entidades del sector y algunos funcionarios del Gobierno en el convencimiento de que la solución al problema de rentabilidad de los productores y elaboradores vitivinícolas está en establecer una pauta diversificadora del 10%, durante la próxima vendimia.
Esta tesitura es explícitamente apoyada por la mayoría de las entidades y el Gobierno de la vecina provincia de San Juan y por una parte importante de la industria mendocina, específicamente, aquellos que elaboran el mosto.
Entiendo que la lógica económica que subyace en esta propuesta es que con un 10% no se cubre la demanda internacional que enfrenta la Argentina por jugo concentrado de uva. Por tanto, las empresas concentradoras deberán esmerarse más por conseguir la materia prima y, en ese afán, se obtendría como resultado la suba de precios de la materia prima: uvas básicas y/o mosto sulfitado, lo que se trasladaría al resto de los productos vitivinícolas.
Según las investigaciones que conozco, el precio de los productos vitivinícolas en la Argentina depende, principalmente y en forma inversa, del stock acumulado de los mismos; y también, en menor medida, de la tasa de interés real. En consecuencia, dejar librado el control de la oferta de vino a la buena voluntad de los exportadores de jugo concentrado de uva, puede ser como mínimo muy riesgoso.
El razonamiento anterior se sustenta en que si hacemos un análisis rápido sobre una hipotética situación durante la próxima cosecha, de conseguirse una cosecha normal, los bodegueros sanjuaninos diversificarán como mínimo un 50% de la producción ingresada a sus lagares a mosto, sea cual sea la pauta que se establezca.
En cambio, en nuestra provincia, hay una relativa preferencia histórica por elaborar vino en vez de mosto. Por tanto, si el porcentaje establecido es bajo, la historia indica que se elaboraría poco mosto, lo que incrementaría los stocks vínicos y bajaría aun más los precios.
Por el contrario, los defensores de un porcentaje bajo presuponen que las empresas concentradoras y exportadoras de jugo de uva saldrán a atar acuerdos mejorando el poder de negociación de los bodegueros elaboradores de este bien intermedio.
A mi modesto entender, es una jugada muy riesgosa, porque de no darse los comportamientos esperados, se extendería por un plazo mayor el ciclo de precios bajos.
Sin embargo, creo que lo más relevante de esta jugada es que no sólo se juega una estrategia gubernamental para conseguir mejores precios en el mercado de traslado, sino que también se está jugando la continuidad de una política reguladora que está vigente desde la cosecha 1995 hasta la actualidad.
Digo esto porque poner una pauta diversificadora del 10% es lo mismo que no poner nada (es simbólica) y si los resultados obtenidos son favorables, habrá una gran presión para dar por tierra con este instrumento regulador y su organismo administrador: el Fondo Vitivinícola Mendoza.
No obstante, propongo una solución superadora: establecer el porcentaje que corresponda diversificar (normalmente alrededor del 30%) y disminuir a un valor simbólico la contribución obligatoria que deben pagar los que no cumplen.
Creo que de este modo, desde los Gobiernos se manda una señal correcta al mercado sobre cuánto habría que diversificarse para mantener un cierto equilibrio, consiguiendo a la vez el mismo hipotético objetivo que pretenden los partidarios de esta propuesta.