Paradojas de una “abogada exitosa”

Pero "default", sin duda, porque así surge de los contratos que los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner (CFK) firmaron en los canjes de deuda de 2005 y 2010 y en los que eligieron someter los diferendos que de allí surgieran a la Justicia de Nueva York, el principal distrito financiero del mundo.

Pero eso es nada si se compara con crisis como el corralito instaurado a fines de noviembre de 2001, el default de diciembre de ese año y la devaluación de enero de 2002. O con las hiperinflaciones de 1989 y 1990, sólo por mencionar las dos últimas megacrisis de la democracia recuperada en 1983.

La ausencia de cataclismos y el repunte de la imagen presidencial gracias a la efectividad emocional de la consigna "Patria o buitres", tal vez envalentonen al crisnerismo y quiten protagonismo a la oposición pero es un combo mediocre y, a la larga, extremadamente dañino.

Nadie dice querer una crisis inequívoca, de ésas en que el dólar y la inflación vuelan, los salarios se derriten, los despidos y suspensiones se disparan, igual que la pobreza, y el conflicto social se generaliza.

El país emergió de varias de esas crisis, pero es mentira que tengan efecto sanador y que se salga más fuerte y sabio de ellas. Al contrario: el daño es mucho, en gran medida irreversible, y el aprendizaje es poco.

La necedad del Gobierno y la falta de ideas de la oposición, sin embargo, nos están llevando a una crisis en cuotas, a una medianía desesperante, a un largo declive al que no se le ve, por ahora, posibilidad de reversión. De allí una paradoja: nadie dice querer una crisis pero todos parecen esperar un evento, ajeno a sus acciones, que destrabe la situación.

El panorama para los 16 meses que restan de gobierno es desalentador. Los cálculos del Observatorio Social de la UCA estiman que, al cabo de la "década ganada", la pobreza alcanza al 27% de la población, bien por sobre el promedio de los 90s.

La proporción va en aumento, teniendo en cuenta conflictos como los de la autopartista Lear y la suspensión de 4.000 obreros de la planta de Volkswagen en Pacheco (ambos ligados a la caída en la venta de autos: más de 26% en los primeros siete meses del año, más de 32% en julio); el reciente cierre de dos frigoríficos en Córdoba, donde en apenas 45 días perdieron su trabajo, en ese solo sector, más de 500 operarios; el perenne conflicto docente; el cierre de locales gastronómicos y comerciales en todo el país; las crecientes dificultades de la industria, que sólo en el segundo trimestre del año perdió más de 25.000 empleos.

Al alejar por tiempo indefinido la posibilidad de allanar con grandes inversiones, financiadas con crédito externo, la salida de la recesión (tal era la apuesta oficial, de ahí los costosos arreglos con el Ciadi, Repsol y el Club de París), el fin de ésta queda limitado a las acciones de un Estado desfinanciado y una política económica descaminada.

De lo primero da cuenta el reciente DNU 1.246, por el cual CFK aumentó, de un plumazo, el gasto público en 200.000 millones de pesos. Éste será el primer año en la historia argentina en que el fisco gaste y recaude más de un billón (un millón de millones) de pesos. 
Que el primer concepto (gasto) supere holgadamente al segundo (ingreso), garantiza mayor emisión y el prodigio de que a pesar de la fuerte recesión la inflación superará el 30% y tal vez incluso el 40 por ciento.

El dispendio fiscal llegó al punto que para apreciarlo debe medirse en unidades de tiempo reducidas. Por ejemplo, que el Estado crisnerista gasta más de diez millones de pesos por minuto. O, en dólares, que gasta en tres días lo que el fallo de la Justicia neoyorquina lo conmina a pagar a los buitres.

Lejos de apuntar a resolver esos problemas, el gobierno se entusiasma en su nueva gesta épica, contra los aborrecibles buitres, mientras extorsiona a los gobernadores de las provincias petroleras que resisten la ley petrolera que desde la reestatizada YPF diseñó Miguel Galuccio. No fue casualidad que Chubut, Mendoza, Neuquén y Río Negro quedaran excluidas de la refinanciación de deudas provinciales que CFK anunció el jueves 31 de julio, el día que cargó contra el juez estadounidense Griesa y casi se ufanó del default.

Otro de los anuncios de aquel acto (de aplausos obligados a la presidenta por parte de funcionarios, gobernadores, legisladores e invitados especiales y posterior aclamación, en un patio interno de la Casa Rosada, por parte de la militancia rentada), fue el envío al Congreso de un paquete de proyectos de defensa del consumidor.

En un momento, la presidenta dijo, textualmente: "Acá me alcanzan un papel, para que yo no me olvide; claro, introducimos en esta legislación un principio fundamental, que es el de solve et repete, que viene del Derecho Romano y que significa: pague y después repita. Esto quiere decir que primero pagás a la empresa, en este caso, y después tienes todos los instrumentos legales para poder reclamar la devolución".

Es un principio arcaico que ha sido eliminado en la mayoría de los países avanzados del mundo, pero acá se sigue aplicando a rajatablas en el ámbito fiscal. De ahí tal vez el entusiasmo y el equívoco presidenciales.

Un posterior comunicado del Ministerio de Justicia aclaró que, lejos de "introducir en la legislación este principio fundamental", como dijo CFK, el proyecto lo elimina en el terreno de los derechos del consumidor. Pero el texto no mencionó -vade retro- el grosero error conceptual de la presidenta.

Otra paradoja de quien una vez se calificó a sí misma como "una abogada exitosa".