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Tal como ocurre siempre en este tipo de circunstancias, la adhesión al paro de actividades dispuesto por la central obrera que conduce Hugo Moyano no fue tan alto como dice el pope de los camioneros, ni tan bajo como intentó minimizar el Gobierno. Constituye, eso sí, un serio llamado de atención para los dos sectores en pugna.
Para la CGT, porque entre una medida de fuerza y otra -en un lapso de cuatro meses- se le "cayeron" algunos gremios importantes que tenían influencia sobre el paro, como es el caso de los colectiveros, en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires.
Para el Gobierno, porque a pesar de las presiones, de los anuncios de que se les descontaría el día a quienes no asistieran a sus lugares de trabajo y al aporte económico que significó el dinero que debió destinar para que algunos cambiaran de opinión, un gran porcentaje de gente decidió adherir a la medida de fuerza.
En el caso específico de nuestra provincia, no quedaron dudas de que la adhesión de los choferes de micros y ómnibus constituyó un componente importante para el resultado final del paro, aunque también es dable destacar que hubo casos en que el "reclamo" se derivó desde otras aristas, como la decisión de los padres de no enviar a sus hijos a las escuelas, a pesar de que desde el Gobierno se había insistido en que el dictado de clases sería normal o el simple hecho de no salir a realizar compras, lo que derivó en que la jornada se mostrara como un día domingo.
A pesar de que una cosa está mezclada con la otra, la medida de fuerza puede ser considerada desde dos planos: el gremial y el político. Si bien todo paro de actividades tiene una connotación política, no es menos cierto que no es ahora el momento de jugar electoralmente en ese esquema, en razón de que resta aún mucho tiempo para establecer posicionamientos respecto de futuras candidaturas.
Se puede señalar que al peronismo le cuesta mucho hacer un paro a un gobierno de su propia extracción política pero es real que, para el kirchnerismo, el sindicalismo dejó de ser hace tiempo la columna vertebral del movimiento.
A ese aspecto hay que sumarle que el gremialismo dejó de constituir aquel aparato con mayor capacidad de movilización, más por fallas propias que por presiones ajenas.
El gremialismo "opositor" centralizó las motivaciones del paro en diferentes puntos:
-Inflación: No quedan dudas de que la inflación se ha comido gran parte del incremento salarial que los gremios habían obtenido en las discusiones paritarias. Mucho más grave es la situación para los jubilados, que lograron un 11,4 por ciento en marzo y que el próximo aumento les llegará con los salarios de setiembre. En ese lapso, entre marzo y setiembre, los aumentos en los insumos, especialmente en los de la canasta familiar y los remedios, han sido superiores a ese porcentaje. Además, el Gobierno culpa a los empresarios por los aumentos, pero no tiene en cuenta que la emisión monetaria, especialmente para cubrir los subsidios y el gasto público, tienen un fuerte componente en las cifras finales.
- Impuesto a las ganancias: Muchos trabajadores, más del 10 por ciento de lo que estima el Gobierno, sufrieron el descuento en sus haberes, especialmente cuando al sueldo mensual se le sumó el aguinaldo. La situación es muy grave para algunas organizaciones sindicales, como es el caso de los camioneros o los bancarios, que tienen sueldos superiores al promedio del resto de los asalariados. De todos modos, la estrategia del Gobierno, de enfrentar a los "ricos" que tienen mejores sueldos con los "pobres" que ganan poco, es equivocada porque alguien que gana 15 mil pesos mensuales o que cobra esa cifra sumando el aguinaldo, de ninguna manera puede ser considerado "rico". No se puede fomentar ese tipo de división entre los propios trabajadores ni tampoco sembrar un sentimiento de culpa entre quienes ganan un poco más.
- Suspensiones y peligro de despidos: Es un hecho cierto y concreto que se está dando con mayor claridad en los grandes centros urbanos pero que está comenzando a plantear como amenaza en el interior del país. Así se advierte, por lo menos, en nuestra principal actividad económica, la vitivinicultura. Además, al decir de la dirigencia sindical, con una fuerte base de razón, mucha gente decidió no adherir a la medida de fuerza por temor a una suspensión, a un despido o al descuento del día no trabajado. El mejor ejemplo podría darse con lo ocurrido con el gremio de la construcción: más allá de la posición "oficialista" de Gerardo Martínez, los trabajadores no adhirieron a pesar de que en lo que va del año se han perdido 20 mil puestos de trabajo en ese sector, según lo señaló el propio titular del sindicato.
- Inseguridad: Nadie puede poner en dudas de que se trata de un reclamo justo, no sólo de parte de los trabajadores sino del grueso de la sociedad.
- Autodefensa: No lo han dicho públicamente pero hay preocupación entre la máxima dirigencia por el avance que están teniendo sectores de izquierda en las elecciones de base de las empresas. "Debemos tener cuidado. Ya lo había señalado Perón: los trabajadores van a marchar con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes", comentó un sindicalista que se sumó a la medida.
Con miras al futuro, el sindicalismo "opositor" centrado en las figuras de Hugo Moyano y de Luis Barrionuevo, deberá considerar con precaución una nueva medida de fuerza. Tal como lo señalamos en un párrafo anterior, el paro del jueves fue menor al de marzo y es muy factible que esa tendencia se mantenga hacia el futuro. Sucede que el sindicalismo está atomizado y la afirmación de Moyano, al decir que convocará a un plenario de delegaciones regionales, carece de efectividad, ya que en el caso de Mendoza, por ejemplo, los plenarios generales para unificar una posición se han perdido en el tiempo.
Con relación al Gobierno, cometería un serio error si considera que el porcentaje de gente que no hizo paro (sea el 80, el 70 ó el X por ciento) es porque está a favor de la política implementada por el Gobierno porque en ese porcentaje final pesó, sin dudas, en las decisiones de muchos gremios, el aumento en el subsidio al transporte para evitar que los colectiveros se sumaran a la medida; los 1.100 millones de pesos que por decreto derivó a las obras sociales; la convocatoria al Consejo del Salario Mínimo o algunos de los motivos que señalamos en párrafos anteriores.
Los funcionarios deberían advertir que hay malestar en la sociedad y deberían actuar de un modo más comprensivo, priorizando el diálogo entre los sectores y no impulsando la confrontación, como lo ha venido haciendo en los últimos tiempos y que se profundizó en la jornada del jueves.