Foto:
Si uno busca precisión y sobre todo la verdad, una de las preguntas más difíciles de ser respondidas hoy en la Argentina es ¿por qué la presidenta Cristina Fernández se obstina en mantener a su vice Amado Boudou en el cargo y ordena protegerlo? Cualquier persona podrá tener su propia interpretación al respecto con las variantes más disímiles, pero es obvio que una respuesta semejante pertenece sólo a ella, porque ella ha hecho del caso una cuestión personal.
La pregunta adquiere todavía mayor significado cuando se repasan algunos datos fieles de la realidad. Boudou está hoy procesado por corrupción en la causa Ciccone, y en otro expediente de la Justicia es sospechoso de enriquecimiento. Lo rodea, además, un extendido vacío político al que contribuyen altos funcionarios con despachos en la Casa Rosada y las encuestas lo muestran como uno de los dirigentes más desprestigiados, con elevados niveles de rechazo.
Entonces, se vuelve a ese interrogante tan simple: si a Cristina, al Gobierno y a todo el kirchnerismo esta situación les provoca daños políticos inmensos, ¿por qué no permitir una licencia temporaria que descomprima la tensión, y a la vez le permita a la Presidenta mostrarse al menos con una actitud de no complicidad, hasta tanto haya sentencia firme en sede judicial?
Los jueces
La primera especulación que suele hacerse sobre las razones de Cristina para proteger a Boudou es que el Vicepresidente actuó en el caso Ciccone por orden y con conocimiento de Néstor Kirchner, y que, si hablara, involucraría al ex presidente y a otros miembros del Gobierno. Sin embargo, el propio juez Ariel Lijo le aseguró a un integrante de la cúpula del Poder Judicial que en la causa “no hay un solo elemento de prueba que involucre a Kirchner en la maniobra”.
Conocedor de casi todo lo que se dice y se hace en la Justicia, un magistrado que habita las oficinas más elevadas de Tribunales sostiene que la mitad de los jueces federales “la están esperando a Cristina”, cansados de los recurrentes ataques de la Presidenta. “A su obsesión con los periodistas y los medios, nos sumó ahora a nosotros”, afirma, y recuerda que justamente prensa y justicia son controles republicanos que el kirchnerismo ha desvalorizado siempre.
Ese análisis se conecta con la idea de que la jefa del Estado está totalmente convencida de que si permite que Boudou dé un paso al costado no habrá manera de evitar que alguno de aquellos jueces vaya por ella en forma inmediata. Pero, ¿qué necesidad habría de semejante operación cuando le queda tan poco tiempo de mandato a la Presidenta? “La pregunta es buena, pero los jueces no entienden nada de política”, sostiene la fuente con inocencia e ironía a la vez.
Aferrada como está al sostenimiento de su vice, Cristina logra introducir esa defensa a las expresiones más contradictorias del relato oficial. Ahora resulta que -como dijo el diputado jefe de La Cámpora, Andrés Larroque- solicitar el juicio político de un vicepresidente procesado por la Justicia “es atentar contra la democracia”. De este modo, la convivencia entre el oficialismo y la oposición en el Congreso se torna cada día más conflictiva. Si hasta parece que ambos sectores están protagonizando una divertida competencia de chicanas, amagues y festejos que los ciudadanos seguimos con perplejidad.
Otros fines
Como en sus mejores tiempos, el kirchnerismo saca provecho político de sus acciones más cuestionables para alimentar una épica que ya hasta en su militancia está desgastada. En el caso Boudou, culpa a los jueces y a la prensa no partidaria por lo que le sucede al Vicepresidente, ignorando la cantidad de pruebas en su contra que posee la Justicia. Lo mismo sucede con la situación planteada con la sentencia en Estados Unidos a favor de los fondos buitres.
La reciente resolución de la Organización de Estados Americanos de apoyar a la Argentina en el conflicto por la deuda encierra un engaño para los no avisados. El ministro Axel Kicillof y todo el Gobierno argentino asumieron una postura de gladiadores invencibles ante los poderosos y dijeron que lograron el aval de la OEA. ¿Para qué? “Para que a través del diálogo la Argentina logre un acuerdo justo, equitativo y legal con el 100 por ciento de sus acreedores”, según dice la resolución.
Eso significa que el organismo no condenó el fallo del juez Thomas Griesa y desea que se les pague a los fondos buitres y de esa forma atender a la totalidad de los acreedores. O sea, ganamos, pero no ganamos.