Esta semana se conoció una sentencia del Ciadi contra Mendoza por un reclamo de la empresa francesa Saur, fundada en la forma arbitraria en la que se le quitó la concesión de Obras Sanitarias Mendoza. La condena obliga a pagar 40,6 millones de dólares y 1,49 millones de euros. El tribunal fundó la condena en la violación de dos aspectos relevantes del Appri (Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones firmado entre Francia y Argentina), como son expropiación de la inversión y trato injusto e inequitativo a las inversiones de Saur.
Todo esto explotó durante la gestión del ex gobernador Celso Jaque pero tuvo un antecedente importante en los gobiernos de Roberto Iglesias y Julio Cobos. En las tres gestiones se le fueron negando a la empresa actualizaciones tarifarias para luego ponerle multas por incumplimiento de inversiones.
Como ocurrió durante todo el proceso kirchnerista, las empresas privatizadas fueron estranguladas por varias vías. La primera, fue la pesificación tarifaria, que violaba los acuerdos de estabilidad y, luego, no concediendo aumentos tarifarios. Caso todas se fueron vendiendo a capitales amigos del gobierno a precio de remate. Pero en este caso, se recurrió a la quita de la concesión.
Si bien la condena es contra Argentina, Mendoza deberá hacerse cargo de la deuda y surgen preguntas que nadie quiere responder. Es que apenas reestatizada, las nuevas autoridades reconocieron que hacía falta aumentar tarifas para poder hacer obras. El año pasado se autorizó tomar deuda para más obras, operación que nunca se concretó. Las nuevas autoridades han seguido aumentando tarifas a tasas que superan la inflación.
La paradoja de esto es el silencio de peronistas y radicales, socios fundamentales de esta operación. No solo hicieron lo mismo siendo gobierno, sino que aprobaron en la Legislatura la decisión de la quita de la concesión, y de los aumentos. Nadie responde qué hubiera pasado si se concedían los aumentos conforme a las necesidades cuando la empresa estaba privatizada. ¿Cuánto tiempo nos hubiéramos ahorrado?
Lo real es que no se pueden esconder. Julio Cobos, antes de ser gobernador, fue ministro de obras públicas de Iglesias y la empresa estaba bajo su supervisión. Francisco Pérez, antes de ser gobernador, fue ministro de obras públicas de Celso Jaque. Todos nuestros próceres han sido socios de una aventura que deberemos pagar los mendocinos dos veces. Una por las tarifas y otra por lo que hay que pagarle a la empresa.
Esta era una de las cuentas ocultas que en esta misma columna señalábamos semanas atrás como cuestiones pendientes que no se habían computado como deuda potencial a la hora de los cálculos presupuestarios. Si bien no se esperan ejecuciones, el Gobierno espera que se terminen acciones judiciales cruzadas que aún están pendientes.
La coparticipación no mejora
Terminado el mes de agosto, se confirmó la tendencia de un crecimiento del 32% promedio de los fondos que la Nación coparticipa con las provincias. Estos registros están por debajo de la inflación real. En el caso de la Nación, el crecimiento de sus ingresos es similar, pero el gasto creció a una tasa del 42%.
Para la Nación el problema mayor fue la caída de los ingresos por derechos de exportación, que es ingreso que no se comparte con las provincias, mientras que los que corresponden los niveles de actividad lo han hecho por debajo de las expectativas. En el caso del IVA. Creció un 26% respecto de agosto del año pasado.
En cuanto a ganancias, creció un 45%, con el aporte fundamental de las retenciones sobre los salarios de los trabajadores. La falta de actualización del mínimo no imponible y las escalas han favorecido este comportamiento y esto explica por qué la Nación se niega a modificar este rubro.
Por otra parte, por primera vez decrecieron los ingresos del Fondo Federal Solidario, compuesto por las retenciones a las exportaciones de soja. En agosto cayeron un 25% en la comparación interanual empujados por la fuerte caída del precio internacional, pero también por las menores exportaciones.
En el caso de la coparticipación, Mendoza recibió en agosto pasado 1.049,6 millones de pesos, lo que representó un crecimiento interanual del 32,9%, según consigna la consultora Economía & Regiones. Este porcentaje de crecimiento es menor a la tasa de inflación anualizada, pero el problema del Gobierno mendocino es que no puede emitir moneda y tiene serios problemas para endeudarse.
Aunque no se manejen datos con demasiada precisión, en muchos sectores comienzan a manifestarse preocupaciones respecto del futuro. Es que han impactado muy fuerte las decisiones tomadas por el intendente de Tunuyán, Martín Aveiro, a fin de ajustar los gastos municipales a la realidad de sus ingresos.
Y las medidas han sido moderadas debido a que ha suprimido un porcentaje de las horas adicionales que cobraban muchos agentes del municipio. En privado, algunos reconocen que no hacían la totalidad de las horas, pero que la quita los perjudicaba porque se habían acostumbrado a cobrar dichas sumas. Probablemente, el intendente podrá, a partir de esta decisión, darle una mayor racionalidad al uso del adicional de la mayor dedicación.
Finalmente, el Fondo de la soja también marcó una caída para Mendoza, ya que en agosto ingresaron 44 millones, una disminución del 29% respecto de los ingresos por el mismo rubro para el mismo mes del año anterior. Dada la realidad del nivel de actividad y la inflación reinante, el fantasma del desempleo o las suspensiones ya se ha hecho presente y esto obliga a los funcionarios a cuidar con mucha delicadeza los ingresos, ya que el sector empresario y los contribuyentes, están presionados por incrementos de precios, pero ahora también de tarifas, que vienen a alterar los presupuestos individuales.
