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Las obras sociales de contribución obligatoria son seguros de atención médica solidarios y equitativos en los que cada uno aporta según su ingreso y recibe según su necesidad. Los jóvenes, sanos y de mayores recursos, financian a los de más edad, enfermos o de menores recursos. Tienen como función proveer atención médica a sus aportantes.
La Obra Social de Empleados Públicos responde a este esquema y se nutre económicamente del aporte que, como alícuota de su sueldo, hacen los trabajadores y las contribuciones que la normativa impone a la patronal, en este caso el gobierno provincial, también como alícuota del salario.
La ley orgánica de la OSEP determina que su conducción es ejercida por un directorio compuesto por representantes de los trabajadores y del Gobierno, cuyo presidente lo propone el Ejecutivo con acuerdo del Senado. De este modo, el gobierno de turno le da, durante su gestión, la impronta que desee y no hay una política generada a partir de los intereses de los aportantes que se mantenga en el tiempo más allá de los cambios gubernamentales.
A lo largo del tiempo, el encarecimiento de la atención médica, determinado en gran medida por la creciente innovación tecnológica y la prolongación de la vida, ha hecho necesario destinar más recursos aumentando el porcentaje del salario destinado a la OSEP. Este fenómeno ha ocurrido en términos generales en todas las obras sociales y en todos los entes públicos y privados que proveen atención médica, y ha sido factor estimulante de cambios para una correcta administración de los recursos, adecuada priorización de actividades y renovadas modalidades de provisión y pago.
La OSEP tradicionalmente proveyó servicios de salud por dos mecanismos: prestaciones propias a través de establecimientos de su propiedad y por ella administrados y contratación a terceros mediante convenios con la actividad privada con y sin fines de lucro. Es la única obra social provincial que presta atención médica a través de servicios propios, los que se desenvuelven en el marco laboral y contable de la administración pública con todas las rigideces e ineficiencias que lo caracteriza, con profesionales asalariados que cobran independientemente del desempeño. Las obras sociales y prepagas que prestan los mejores servicios no lo hacen a través de estructuras propias.
En 1996, se llevó a cabo un estudio sobre el desempeño económico-asistencial de la OSEP, desarrollado por el Consorci Hospitalari de Catalunya y financiado por el Programa de Reforma del Sector Salud (Pressal) que puso en evidencia la ineficiente gestión de los establecimientos propios. Las prestaciones otorgadas en ellos tenían un costo notablemente superior a las convenidas con el sector privado y eran de menor calidad. La conclusión lógica y recomendación final sugería el cese de la actividad asistencial del hospital El Carmen para afiliados a OSEP, en ese entonces muy deteriorado e inadecuado para los requerimiento modernos (tiene más de cien años) y la contratación de los servicios privados fortaleciendo el rol de contralor de la suficiencia y calidad de los servicios contratados.
A pesar de la racionalidad de la propuesta, ésta no fue aceptada por la autoridad política y tuvo la réplica corporativa que la tildó de “privatista” y destinada a destruir a la OSEP.
La OSEP tenía en diciembre de 1999 la cantidad de 1.350 empleados.
A partir de entonces, con el cambio de gobierno, la conducción se orientó a fortalecer los establecimientos propios de tan difícil manejo, como hemos visto. Así se invirtió en remozar la vieja y obsoleta estructura del hospital El Carmen, se nombró personal, se ampliaron servicios. Entre otras cosas, a modo de ejemplo, se creó un centro odontológico propio, una óptica, etc.
Los establecimientos propios se ubican en el Gran Mendoza y por ello son inequitativos ya que los afiliados que por distancia no concurren a ellos (30% a 35% de sus afiliados) también están contribuyendo a su oneroso mantenimiento.
Inventaron un sistema de afiliación voluntaria, con los riesgos de selección adversa que este sistema tiene, comprometiendo los recursos aportados por sus afiliados.
Las crisis financieras que se sucedieron fueron paliadas con aumento de las contribuciones, como el fondo para enfermedades catastróficas. También se recurrió a transferencias del Tesoro provincial, con lo cual el desajuste lo pagaban todos los mendocinos, particularmente aquellos que concurren a los centros y hospitales públicos (adonde podría haber ido ese dinero), en real subsidio cruzado, desde los sectores sin obra social, a la OSEP. La ineficiencia cubierta con este subsidio es una muestra palpable de inequidad. Otra forma de mitigar el déficit ha sido incrementar los coseguros que constituyen una carga justamente durante la enfermedad y que limitan el acceso a las prestaciones.
La OSEP tenía en diciembre de 2007 la cantidad de 2.661 empleados.
Desde ese momento, un nuevo cambio de conducción decidió profundizar la política de servicios propios y construyó una nueva maternidad, Virgen de la Misericordia; construyó un nuevo centro odontológico y remodeló el sanatorio Fleming, dotándolo de mayor complejidad, este último con una paupérrima producción. Como medida de la ineficiencia, un parto en la maternidad propia cuesta a la OSEP 150% más que lo que tiene convenido con la actividad privada. Lo mismo que ya se había demostrado en 1996. Se denomina contumacia la perseverancia en el error con tanto empeño.
Concomitantemente amplió de modo desmesurado la planta jerárquica creando una pesada estructura para desarrollar, entre otras acciones relacionadas con la atención médica, otras que poco tienen que ver con ella. Por ejemplo: Dirección de Cultura, Dirección de Deportes y otras. La pregunta es: ¿el fin de la OSEP es dar atención médica o paliar el desempleo?
La OSEP tiene en diciembre de 2013 la cantidad de 3.602 empleados.
Los empleados de OSEP aumentaron, en 14 años, 166%.
Políticas equivocadas y gestiones ineficientes, clientelismo político y desaprensión en el manejo de recursos ajenos (¡son de los afiliados!) han llevado a la OSEP a tener hoy un pasivo de $ 150.000.000 y un déficit mensual de $ 10.000.000.
Los que pretendían salvarla la destruyeron. No era de ellos ni pagarán las consecuencias. Los verdaderos dueños son espectadores y víctimas de estas gestiones. Sólo un cambio racional, profundo, comprometido y realista puede recuperarla.