La crisis que atraviesan las universidades y el sistema científico nacional ha dado lugar a debates intensos y movilizaciones callejeras multitudinarias en todo el país. También ha sembrado inquietudes y solidaridades en foros internacionales, y alcanzó instancia judicial mediante el recurso presentado por los rectores de todas las casas de estudios para que el gobierno de Milei cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario que está en la carpeta de los jueces de la Corte Suprema. Los reclamos se han hecho eco del impacto del drástico ajuste fiscal en los salarios reales (la caída representa el 43,2%) que gravitó en la desigual suspensión de clases y exámenes, la cancelación de instrumentos de financiación y la caída de inversión pública en investigación básica o aplicada. La reducción de partidas presupuestarias resulta casi escandalosa: mientras en 2023 la función CyT del presupuesto nacional representó el 0,718% del PBI, en 2026 ha sido ejecutado sólo el 0,431%. Tales condiciones no sólo han paralizado la actividad científica, sino que han instalado un panorama desolador incitando a algunos a emprender la ruta de la emigración mientras otros hacen malabares para sostener equipos de trabajo y niveles aceptables de producción de conocimiento. Los rankings internacionales acusaron impacto de la desfinanciación deliberada de las universidades públicas argentinas en el concierto global de instituciones de educación superior: el reciente informe del Center for World University Rankings (CWUR) corrobora la caída frente a otras universidades latinoamericanas, y nada asegura que se pueda frenar la tendencia declinante exhibida tanto por la Universidad de Buenos Aires, como de la nuestra, la Universidad Nacional de Cuyo, envuelta en el proceso de renovación de autoridades.
No es la primera vez que las universidades ocupan un renglón potente en el debate académico y la conversación pública nacional. A lo largo de la historia hubo momentos de enormes tensiones entre el poder político, las burocracias estatales y la comunidad universitaria. Suele evocarse la rebelión de los estudiantes cordobeses de 1918 como acontecimiento seminal de tales conflictos en tanto el desafío juvenil gravitó en la creación de instituciones y reglas internas del sistema universitario en la esfera del cogobierno, la autonomía, la modernización de planes de enseñanza y el carácter extensionista de los saberes y técnicas cultivados en las aulas o laboratorios en beneficio del bienestar humano, el desarrollo y el interés nacional o regional. También se subraya el alcance latinoamericanista del movimiento reformista no sólo porque sus principios – expresados en el famoso Manifiesto liminar fechado el 21 de junio de 1918 - fueron recogidos o replicados por intelectuales y políticos con el propósito de democratizar el acceso a los estudios superiores de contingentes de jóvenes en el continente.
Ese legado no se mantuvo intacto en el curso del siglo XX argentino en tanto la inestabilidad política derivada de la cadencia entre gobiernos militares y gobiernos civiles hicieron de la intervención el resorte primordial de domesticación y resistencia de la vida universitaria. Allí afloran algunos hitos significativos: la intervención decretada en 1943 por el gobierno de los coroneles filofascistas que reintrodujo el componente clerical en los claustros dejando en suspenso el carácter laico asumido y aceptado en décadas precedentes, y desafectó profesores no adictos al régimen militar. La que siguió al golpe de 1955 y la caída de Perón que recuperó la tradición liberal, reformista, laica y modernizante por la que tres científicos argentinos (Houssay, Leloir y Milstein) fueron galardonados por la Academia de Ciencias de Suecia. Una política universitaria que resultó de nuevo interrumpida en los principales centros académicos por el gobierno dictatorial liderado por el general Onganía que disparó la primera fuga de cerebros ante la violencia aplicada contra docentes y estudiantes. Entretanto, el mundo universitario tampoco quedó al margen de la movilización y politización que se expresó en las guerras obreras que tuvieron lugar en Córdoba, mientras la espiral de violencia armada se adueñaba de la vida social y política. A esa altura, el exilio (e insilio) habría de ser insuficiente para contrarrestar la furiosa política represiva legal e ilegal abierta durante el gobierno constitucional de Juan Perón y de su viuda, María Estela Martínez de Perón, y que profundizó la última dictadura militar, dejando como saldo cifras escalofriantes de víctimas jóvenes, profesionales y estudiantes.
La era democrática restableció las bases reformistas del sistema universitario nacional, garantizó su funcionamiento autónomo, propició la modernización curricular y métodos de enseñanza, y multiplicó, con o sin razón justificada, la creación de nuestras instituciones de educación superior con la idea de descentralizar los grandes centros de formación y radicarlas en áreas periféricas para facilitar el acceso de población estudiantil con expectativas de traccionar trayectorias familiares por medio de la educación pública y gratuita. También las universidades introdujeron cambios en la gobernanza institucional a tono con la creciente feminización de carreras y plantas docentes, y con el objeto de transparentar la elección de autoridades. Naturalmente, las innovaciones dialogaron con transformaciones sociales, del mercado de trabajo y la ampliación de la oferta por parte de universidades de gestión privada e institutos de formación que ganaron terreno sobre todo entre los estudiantes que combinan estudio, trabajo o cuidados familiares. La maldita pandemia y la cuarentena eterna cambiaron las cosas en tanto dejó a la vista edificios vacíos, clases remotas con o sin adecuados dispositivos tecnológicos, y aulas virtuales que pronunciaron el desgranamiento o deserción estudiantil y desvincularon a los estudiantes (y a los mismos docentes) con la comunidad universitaria. Allí parece reposar un desafío crucial de la actual agenda universitaria en medio de la más acuciante crisis de financiamiento de la historia reciente. Un dilema que, como se sabe, no es solo argentino pero que debería incitar debates y el diseño de estrategias reformistas orientadas a recomponer el lazo virtuoso entre conocimiento y sociedad.
* La autora es historiadora del CONICET y la UNCuyo.
