Hace cincuenta años colapsó por última vez nuestro sistema democrático. Recordamos el 24 de marzo de 1976 como el inicio del terror, pero la descomposición institucional comenzó varios años antes: para entonces nuestra sociedad ya había tolerado cinco golpes de Estado, dos presidentes presos sin proceso, otro proscripto y otro echado de su despacho a empellones, a lo que se sumó la imposición de la ley marcial, el sometimiento de civiles a la jurisdicción militar, la creación de tribunales especiales y la aparición de grupos parapoliciales.
Hace cincuenta años imperaba la subcultura de la violencia. La inmensa mayoría de los jóvenes se volcó a la militancia, pero otros fueron seducidos por ideas antidemocráticas como la propaganda por el hecho y la respuesta armada como forma de dirimir posiciones.
Los militares planearon cuidadosamente el golpe de Estado, conscientes de que había llegado nuevamente su hora. La ciudadanía, que los había repudiado poco tiempo atrás, reclamaba ahora nuevamente su intervención. La prensa contaba con desenfado las horas que faltaban para el golpe y la clase política se resignaba. La decisión de acabar con la institucionalidad estaba tomada, pero esta vez la ejecución sería distinta: ya no existirían más detenciones a la luz del día. Era el momento de terminar de una vez por todas con el enemigo interno. Debían formarse escuadrones para el secuestro, montar una red de centros de detención ocultos y ejecutar la técnica de la desaparición forzada como medio de imponer el terror. El “subversivo” debía esfumarse para siempre.
Hubo ingenuidad frente a la represión. Los militantes asumían que, llegado el caso, se estaría un par de noches en un calabozo y se soportarían algunos malos tratos: no había nada que ocultar. Miles fueron sorprendidos en sus casas sin oponer resistencia; otros fueron detenidos en la vía pública o en sus trabajos para no saberse más nada de ellos.
Hoy conocemos casi todo sobre ese plan criminal. Los Organismos de Derechos Humanos y la Justicia han desenmascarado su ideología, su metodología y la identidad de sus autores y cómplices, aunque aún cuesta descifrar sus motivaciones y explicar sus zonas más oscuras como la desaparición como método y la apropiación de niñas y niños. Como sociedad hemos avanzado muchísimo: se ha descubierto la Verdad sobre los hechos, al punto que nadie puede alegar desconocimiento sobre lo que pasó. Pero la lucha por la Memoria y la Justicia continúa vigente: nadie debe permitir que esta historia se repita.
* El autor es fiscal federal y titular del Área de Derechos Humanos del MPFiscal.
