El martes 24 de marzo se cumplirán cincuenta años del golpe militar que derrocó al gobierno de Isabel Martínez de Perón. Culminó así un proceso iniciado el 25 de mayo de 1973 cuando en el mismo día que Héctor Cámpora asumía la presidencia de la Nación, se asistió a una jornada anárquica tanto en la Plaza de Mayo y a la tarde en Villa Devoto donde una pueblada exigió y logró, que se liberaran, antes que el Congreso Nacional tratara una ley de amnistía, a numerosos jefes terroristas. Además, el Congreso derogó las leyes que habían posibilitado enfrentar a la subversión con el respeto al derecho con la creación en mayo de 1971 de la Cámara Federal Penal y encarcelar a la casi totalidad de los jefes subversivos.
Ese día, observando desde Madrid los sucesos, el general Perón terminó de asumir su error al proponer la candidatura de un personaje pueblerino y mediocre que creyó que el 49,5% de los votos obtenidos eran propios.
La guerrilla, tanto la de origen marxista como la proveniente del nacionalismo y de los claustros del integrismo, todas con apoyo cubano, no dejó las armas, ahora reconstituida con la salida de sus jefes de la cárcel enfrentando con miles de atentados, incluso los que se decían “peronistas”, al viejo líder cuando regresó definitivamente al país.
El 1 de julio de 1974 fallece el general Perón quien había triunfado en septiembre del año anterior, desplazando a Cámpora de la presidencia, con el 62% de los votos. Al día siguiente de su triunfo electoral los montoneros mataron a José Rucci, el sindicalista que consideraba leal, y por su lado el ERP inició una serie de ataques como el del cuartel de Azul que llevaron al presidente Perón a promover la represión “hasta el exterminio” de esos grupos, como también de los que llamó “infiltrados” en su movimiento, como lo atestiguan la reunión con diputados disidentes y el discurso del primero de mayo desde los balcones de la Casa de Gobierno.
Con el gobierno de su esposa Isabel Martínez las disputas entre ortodoxos y los grupos cercanos a las guerrillas se acentúan junto a acciones cada vez más violentas del ERP. A los problemas económicos propios se agrega la crisis del petróleo que provoca la guerra del Yom Kipur.
Entre 1973 y 1976 entre las guerrillas y la represión ilegal de las Tres A hubo 8509 hechos armados, 1503 asesinatos políticos, 900 desaparecidos y 5148 presos por motivos políticos y gremiales.
En el interinato de Luder se firma el decreto ordenando el “aniquilamiento” de la guerrilla y el ejército inicia el operativo Independencia para derrotar al foco guerrillero instalado por el ERP en los montes tucumanos. Fue la oportunidad para evitar la ruptura del orden constitucional, pero Lúder no estuvo a la altura de las circunstancias, a pesar de que gran parte del arco político estaba dispuesto a colaborar.
La renuencia de Luder a completar al mandato presidencial provoca el inicio de los planes militares para destituir a la presidente Isabel Martínez.
La última oportunidad para salvar la legalidad tuvo lugar el 25 de febrero cuando la cámara de diputados trató el juicio político a Isabel Martínez, proyecto elaborado por los diputados nacionales Ricado Balestra, Cristina Guzmán y Francisco Moyano. Fue el diputado demócrata de Mendoza quien fundó en el recinto las causales para remover a la presidenta de su cargo contando con el apoyo del radicalismo y otras bancadas provinciales. El grupo de trabajo, una treintena de diputados peronistas anti verticalistas como Julio Bárbaro, Nilda Garré, Julio Mera Figueroa, Sobrino Aranda, se comprometieron a votarlo con lo que hubiera obtenido los dos tercios necesarios para la destitución. Pero a último momento estos diputados defeccionaron; años después se supo que Sobrino Aranda recibió la sugerencia de Massera, al que estaba vinculado, para que no acompañaran esa iniciativa.
El sector sindical tampoco hizo nada para evitar el golpe, buscaron contactos para subsistir durante el proceso militar, incluso pidiendo a la embajada de los Estados Unidos ayuda para ese objetivo. Diez años antes fueron instigadores del golpe que derrocó al gobierno de Arturo Illia.
Fue un golpe sin participación civil, todos los gobernadores y la abrumadora mayoría de los gabinetes fueron ocupados por militares.
No había planes económicos concretos, un candidato a ministro de Economía Luis García Belsunce fue descartado por ser divorciado y a José Alfredo Martínez de Hoz lo convocaron un par de semanas antes. La inflación en enero de ese año fue del 14,1% en febrero llegó al 19% y en marzo al 37,1 % mensual.
El que escribe recuerda que mientras tomaba un café enfrente del palacio de la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires, entonces Sala de Representantes, en la barra el presidente de la bancada del Frejuli, Pedro Agostini, del sindicato de taxistas le decía a un contertulio: “No sé qué esperan para echarnos, no merecemos volver”.
* El autor es presidente de la Academia Argentina de la Historia.
