Cinco provincias podrían desempeñar un rol estratégico para destrabar reformas estructurales y, en particular, para avanzar en la firma de un nuevo acuerdo de coordinación fiscal. Desde la decisión unilateral de eliminar casi por completo las transferencias discrecionales a las provincias, las relaciones con la administración central se han tensado progresivamente. Sin embargo, un grupo relevante de gobernadores aceptó en 2024 la invitación a firmar el Pacto de Mayo en Tucumán, en apoyo a la gestión entrante. A más de un año de aquel gesto político, no se han registrado avances significativos en la implementación de los compromisos previstos.
La tensión se canalizó en un acuerdo para impulsar dos leyes que establecen la distribución automática del impuesto a los combustibles y de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Ambas iniciativas fueron aprobadas en el Senado y tienen altas probabilidades de recibir también el visto bueno de la Cámara de Diputados. Los gobernadores de Córdoba, Santa Fe, Chubut, Santa Cruz y Jujuy conformaron el frente “Grito Federal” con el objetivo de ofrecer una alternativa electoral diferenciada en las elecciones de octubre.
De acuerdo con datos de la CEPAL y el INDEC, estas cinco provincias generan el 21% del PBI, concentran el 40% de las exportaciones y albergan al 20% de la población del país. En otras palabras, representan un quinto de la producción y la población, y dos quintos de las exportaciones. Si sumaran fuerzas con otras provincias de perfil productivo e intereses afines, podrían alcanzar una representación política y económica de carácter mayoritario.
El peso productivo de estas jurisdicciones es, de hecho, más significativo que su potencial electoral. No se trata únicamente de la cantidad de votos que puedan aportar, sino de la influencia que podrían ejercer en el diseño de políticas públicas que impactan directamente sobre la producción. Por ello, más allá de la coyuntura electoral, estamos ante una oportunidad histórica.
El 90% de las reformas contempladas en la Agenda de Mayo requieren del acompañamiento de las provincias. Resulta clave que los gobernadores de este núcleo de cinco jurisdicciones respalden un nuevo pacto de coordinación tributaria y de distribución de responsabilidades. Ello permitiría avanzar hacia un ordenamiento fiscal que incluya la eliminación de la coparticipación, así como una asignación precisa y real de funciones entre Nación y provincias, evitando las ineficiencias derivadas de superposiciones. El acuerdo debería contemplar un IVA unificado que absorba Ingresos Brutos, el impuesto de Sellos y las tasas municipales que gravan las ventas.
En síntesis, el ajuste fiscal es el pilar que sostiene la desinflación. La reducción del gasto público puede ser suficiente para contener la inflación, pero para impulsar el crecimiento económico es indispensable no penalizar a la producción. Esto requiere respaldo legislativo y el compromiso de la mayoría de los gobiernos provinciales. Más allá de los resultados electorales, la incorporación de nuevos espacios políticos constituye una oportunidad a capitalizar, contribuyendo a consolidar la estabilidad de precios y un crecimiento productivo sostenido.
*El autor es profesor de la Universidad del CEMA.
