Las elecciones presidenciales en la región se entrelazan con conflictos judiciales y un ejemplo de ello es Brasil. En los últimos comicios locales se dio un marcado giro electoral hacia el centro derecha e incluso en algunos casos a la ultraderecha, al estilo de Trump. Candidatos alineados con el ex presidente Jair Bolsonaro ganaron en ciudades importantes como San Pablo. Su eventual candidatura presidencial planteaba la posibilidad de su regreso al poder, como sucedió con el actual presidente estadounidense. Pero sus causas judiciales en la Corte, a cargo del juez Moraes, apuntan a impedirlo. Las críticas al magistrado se han generalizado no sólo entre los partidarios de Bolsonaro, sino también asumidas por Trump como presidente de Estados Unidos. Es así como la administración norteamericana sancionó a dicho juez por su actitud frente al ex presidente de Brasil. Ello derivó en diversas sanciones hasta llegar a la prohibición a Moraes de entrar en Estados Unidos. El domingo 3 de agosto, desde su lugar de detención en su domicilio, Bolsonaro, a través de su teléfono celular, se hizo presente en los numerosos actos hechos a su favor por sus partidarios. Estos se movilizaron en aproximadamente el 70% de las ciudades de Brasil, aunque con distinto grado de concurrencia. Moraes consideró que esta actividad política del ex presidente brasileño vulneraba las condiciones de su detención domiciliaria. Cabe señalar que en Brasil, Lula había estado detenido y condenado en primera instancia y la sanción después fue revertida por la misma Corte que lo había condenado. Es que Brasil tiene un Tribunal Supremo integrado por más de diez magistrados que sesionan por separado y por eso pueden darse decisiones contradictorias. Si Bolsonaro no logra presentarse para la presidencial del 4 de octubre de 2026, no está claro quien pueda reemplazarlo electoralmente, aunque no puede descartarse que sea alguien de su entorno familiar.
En el caso de Colombia, la justicia acaba de decidir la detención del ex presidente Álvaro Uribe, figura central en la política del país durante el primer cuarto del siglo XXI. Su influencia política le permite actuar en la reunificación de las fuerzas de centroderecha que muestran una fuerte dispersión, en un momento en que la caída del consenso de la administración de centroizquierda del presidente Gustavo Petro puede hacerle perder la elección. La condena que ha recibido Uribe -acusado de sobornar a testigos que lo podían perjudicar- ha llevado a sus partidarios a movilizarse y así lo han hecho en las principales ciudades del país, cuestionando el fallo y reclamando su liberación. Esto se agrega al intento de asesinato de otro dirigente opositor -que lleva el mismo apellido que el primero, aunque no son familiares-, que se encuentra desde hace ya meses internado y con pronóstico reservado. La detención de Uribe que hasta ahora es domiciliaria y conlleva doce años de pena, no parece influir hasta ahora en el electorado opositor. Cabe señalar que la elección presidencial colombiana tendrá lugar el 31 de mayo de 2026.
En Bolivia la elección presidencial se realiza el próximo 17 de agosto y el ex presidente Evo Morales no podrá presentarse como candidato debido a las numerosas causas judiciales que lo amenazan. Tiene órden de captura emitida pero no ejecutada. Sus causas tienen motivaciones políticas, denuncias de corrupción y abuso de menores, pero se encuentra desde hace meses “atrincherado” en la zona de Chapare, controlada por las “comunidades cocaleras” de las que él proviene. El gobierno, a cargo de su ex aliado Luis Arce, ha postergado sistemáticamente su detención, temiendo que se produzcan hechos de violencia. Morales se encuentra protegido por aproximadamente mil doscientos cocaleros armados y se han producido incidentes, en los cuales han muerto seis policías. De acuerdo a las encuestas, el sector de Morales no tiene ninguna posibilidad de ganar la elección e incluso ha perdido el control de su propio partido, que ha quedado en manos de Arce, quien ha presentado un candidato presidencial propio. Morales no competirá electoralmente, pero tampoco va a abandonar la política y probablemente lleve la situación boliviana a una situación extrema.
En cuanto a la elección presidencial chilena que se realiza el 16 de noviembre de este año, no aparecen procesos judiciales que la estén interfiriendo hasta ahora. En cambio, en la elección presidencial peruana que se realiza el 12 de abril de 2026, se presenta un cuadro de candidatos muy fracturado, varios de ellos con causas judiciales abiertas por corrupción, las que también tiene la presidente en ejercicio, Dina Boluarte, quien no se presenta a su reelección.
Todas las situaciones que vimos plantean el mismo riesgo: la judicialización de la política.
* El autor es director del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría
