La tensión entre Trump y Lula se mantiene y el presidente estadounidense parece decidido a no aceptar un acercamiento. Hasta ahora sigue exigiendo que Brasil acepte el 50% de incremento de los aranceles para que sus exportaciones entren a los Estados Unidos. Es una cifra más alta que la obtenida por Europa, Japón y Corea del Sur y que la lograda por Vietnam, Indonesia y Filipinas, entre otros.
El presidente estadounidense ha dejado a China para el final de las negociaciones. Pero sigue sin moverse en lo que hace a Brasil. Hasta ahora Trump parece no registrar que este país, en términos de indicadores, es la mitad de América del Sur o un tercio de América Latina. Lula ve en el conflicto con Trump una oportunidad para ganar popularidad, revitalizando el tradicional nacionalismo brasileño. Se muestra decidido a presentarse a un cuarto mandato en la elección presidencial del año próximo. Su imagen se encontraba estancada hasta el incidente con Trump y ahora registra cierto crecimiento.
Regionalmente, la falta de acuerdo entre Washington y Brasilia se proyecta a la región. Estados Unidos ha iniciado en América del Sur un proceso para acuerdos bilaterales entre países y esto demora a la región. El conflicto es político. Trump sigue exigiendo que mejore el tratamiento al ex presidente Jair Bolsonaro, detenido en un proceso judicial en el que se lo acusa de promover un golpe de estado contra Lula. El ex presidente niega las acusaciones y en esto tiene el apoyo de la Casa Blanca. Aunque se han realizado varios intentos de aproximación entre Trump y el actual presidente brasileño, ninguno ha tenido éxito hasta ahora.
En los últimos días Lula envió señales de querer negociar con Trump, pero éste las rechazó, cerrando por ahora cualquier posibilidad de acuerdo.
Venezuela realizó el domingo 27 de julio una nueva elección, esta vez municipal. La mayoría de la oposición no concurrió y se dio un segundo proceso electoral irregular. Ahora ha tenido lugar una tercera elección, esta vez para elegir autoridades municipales. La participación fue menor que en las dos anteriores y la oposición mostró un alto porcentaje de no concurrencia. Manteniendo un férreo control sobre las fuerzas militares y de seguridad, Maduro no parece tener amenazas políticas a la vista, pese al creciente deterioro de la situación económico-social. Pero al mismo tiempo se percibe una actitud de Washington que está beneficiando al régimen. El gobierno estadounidense ha flexibilizado las restricciones que había impuesto a empresas petroleras como Exxon, para operar con Venezuela. Se facilita así la principal fuente de ingreso de dólares que tiene el país.
También se han puesto en evidencia líneas subterráneas de negociación y diálogo para que Venezuela acepte el retorno de migrantes detenidos en territorio estadounidense y para que sean devueltos ciudadanos norteamericanos detenidos en el país desde hace meses e incluso años. El presidente electo, Edmundo González Urrutia, que no es reconocido por Maduro, ha planteado dudas sobre esta doble actitud de Washington.
Al mismo tiempo avanza en Colombia el juicio contra el ex presidente Álvaro Uribe, acusado de sobornar a testigos judiciales. Un par de décadas atrás fue el primer político colombiano en décadas que logró enfrentar con éxito a la insurgencia liderada por las FARC de orientación marxista-castrista. En Colombia hay elecciones presidenciales en mayo del año próximo y una condena judicial al ex presidente puede tener efectos electorales. En principio debilitaría las chances de las fuerzas de centroderecha, que si se votara hoy ganarían la elección.
Pero este tipo de estrategias -en alguna medida similar a la de Lula con Bolsonaro- son peligrosas porque pueden polarizar la elección entre derecha e izquierda y hacer más difícil la gobernabilidad en el próximo mandato. La política estadounidense en la región prefiere un triunfo de los aliados y seguidores de Uribe, con los cuales podría revitalizar una relación de alianza política como hubo durante sus dos mandatos.
Estados Unidos acaba de dar una nueva señal de su alianza política con el presidente argentino Javier Milei. Visitó el país la secretaria del Departamento de Seguridad, Kristi Noem, funcionaria clave en el control y expulsión de los inmigrantes ilegales en los Estados Unidos. Es un gesto político porque Argentina no tiene una relevancia cuantitativa en este tipo de inmigración. La actitud asumida por la funcionaria corroboró la alianza entre Trump y Milei, que en los últimos días también se puso en evidencia en las gestiones de la Casa Blanca ante el Fondo Monetario Internacional para que Argentina logre nueva financiación sin cumplir las metas del último acuerdo. Noem anunció la puesta en marcha del proceso para que los argentinos tengan un permiso de entrada y permanencia en los Estados Unidos simplificado y por tres meses, el que tardará algo más de un año en tramitarse.
Estén en el poder o no, Bolsonaro, Uribe y Milei son asumidos por Trump como aliados políticos a los que hay que proteger o sostener de acuerdo a las circunstancias.
* El autor es director del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría.