El gobernador Cornejo afirma una y otra vez que concuerda plenamente con las políticas de reacomodamiento macroeconómico del gobierno de Milei, pero a la vez asegura que no son suficientes si cada provincia no le agrega la apertura inversionista, que en Mendoza tiene un nuevo fuerte sostén en el desarrollo minero sustentable.
Alfredo Cornejo en la inauguración del stand de Mendoza en la Exposición Internacional de Minería Argentina.
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X / @PameVerasay Alfredo Cornejo inició su segundo mandato, hace dos años, con la premisa de poner en práctica políticas que alienten el desarrollo y la generación de empleo en base a una provincia ordenada en sus cuentas, aunque aquí los sueldos sean bastante bajos en la mayoría de los casos.
Buscó el gobernador para ello dar golpes de efecto eligiendo como uno de los medios principales la actividad minera. Actuó como queriendo tomar desquite del bochornoso inicio de la gobernación de Rodolfo Suárez, su antecesor, que erróneamente estimó contar con apoyo popular para modificar la ley 7.722 y ocasionó una reacción popular contraria pocas veces vista en la provincia. Como consecuencia, a los pocos días de aquel febril diciembre de 2019 la Legislatura derogó, en un trámite, la nueva ley y volvió a poner en práctica la rigurosa legislación anterior.
Temas prácticamente cerrados para el anterior mandatario provincial, que dejó librado al consenso social en cada zona de la provincia toda posibilidad de inicio de alguna exploración. Sí puso en marcha la iniciativa de Impulsa Mendoza SA, la empresa del Estado para la gestión de inversiones mineras, como una forma de no cerrar la puerta totalmente a la variante minera.
Volviendo a Cornejo, desde uno de sus viajes inaugurales de la actual segunda etapa de gobierno, para promocionar nuevamente la actividad minera, en Canadá, ya planificaba la estrategia de no insistir con la embestida contra la ley vigente, sino buscar adaptar los mecanismos de autorización de la actividad sin la utilización de los químicos peligrosos que prohíbe la mencionada 7.722.
Sí dispuso en aquel momento el jefe del Ejecutivo encarar la modificación del Código de Procedimiento, vigente desde mediados de la década de 1940, y apuntar a crear en Malargüe un distrito minero muy poderoso en base a las características favorables de aquellas tierras para la minería. Y por considerar que tanto en ese departamento como en el resto de Mendoza no habría mayor resistencia a las posibilidades de desarrollo de un territorio mendocino en el que la actividad agraria es muy secundaria con respecto a la base que caracteriza al resto de la provincia.
Predomina el cobre, muy codiciado y cotizado. Sobre él los potenciales inversores extranjeros siempre se preguntaron por las razones de las restricciones aquí vigentes, aun admitiendo que la postura de los gobernantes de turno de no confrontar inútilmente con quienes defienden el agua como base de la economía agroindustrial mendocina también aparecía como políticamente razonable y tolerable.
Además, Cornejo en esta nueva oportunidad también aceptó confrontar con la siempre difícil instancia de la declaración de impacto ambiental (DIA) que aprueba o no la Legislatura, otro de los mecanismos que sorprende a algunos potenciales inversores. En el caso puntual del departamento del sur provincial, la estrategia elegida incluyó el armado de una suerte de combo de proyectos asentados en aquella codiciada zona de modo de lograr su aprobación en conjunto, como de algún modo está ocurriendo ahora.
Obviamente, la gran polémica con quienes se oponen desde el ambientalismo pasa por la recuperación del proyecto de San Jorge, en Uspallata, también a punto de obtener el visto bueno final por parte de la Cámara de Senadores. El Gobierno se ampara en el claramente mayoritario apoyo que dejó la audiencia pública de este año y en el respaldo importante obtenido de parte de la oposición en el ámbito legislativo. El respaldo obtenido en las urnas a fines de octubre puede ser otro sostén de la posición del oficialismo, pero dicho resultado se sustentó, fundamentalmente, en el aval a una alianza local con quien conduce el rumbo de la Argentina en estos tiempos.
El mayor blanqueo de su estrategia minera la dio el Gobernador en su discurso de inicio del período ordinario de sesiones, en mayo. “Hagamos cobre, hagamos mejor vino y cuidemos el agua” fue la coronación ante los legisladores de su plan para habilitar la minería en la provincia como generadora de recursos laborales y de crecimiento económico sin alterar las fuentes de producción que han distinguido a Mendoza hasta el presente.
Sin duda, a aquella intentona inicial con la que sorprendió desde un congreso minero en el Norte, los muchos viajes posteriores a otros destinos con los mismos fines hasta el discurso en la Asamblea Legislativa, transcurrió el tiempo suficiente para que Cornejo argumentara que las políticas de ajuste y reacomodamiento macroeconómico del gobierno de Milei, con las que concuerda plenamente, “pero que no son suficientes”, servían de sustentación para la apertura inversionista que pretende llevar a cabo con la minería. Es que en la práctica el ordenamiento de la macro crea las condiciones, pero el resto del empuje de inversión corre por cuenta de las provincias y Mendoza tiene esas posibilidades, es lo que pretendió dejar en claro el Gobernador aquella vez. Y gran parte de acierto tiene con su postura.
Por otra parte, el mensaje con el que el que puso en un mismo nivel al cobre, el vino y el agua tuvo un carácter conciliador hacia quienes incluso desde el mundo empresarial mantienen reparos con la explotación minera. Y, especialmente, hacia los sectores que en estos días vuelven a intentar manifestarse con fuerza en contra del visto bueno para San Jorge y otros emprendimientos. Difícilmente varíe los tiempos el Gobernador.
La semana que se inicia plantea la posibilidad de la aprobación final por parte del Senado con algunos reparos en el desconcertado espacio del justicialismo, que muy bien refleja la columna de Luis Abrego en esta misma edición. Y puertas afuera de la Legislatura se avecina la renovación de protestas que siempre tienen validez cuando se realizan dentro del marco de respeto que merece todo disenso, pero que pueden desembocar en gestos de intolerancia nunca deseados.
De todos modos, en un contexto de urgencias que afectan a la provincia, con muchos años de un marcado estancamiento de su economía y con su industria madre afrontando turbulencias de época en la comercialización, se hace cada vez más necesario abrir la puerta a otras opciones si, como en el caso de la minería, se respetan los controles necesarios.
* El autor es periodista. [email protected]