El ataque de Javier Milei y Federico Sturzenegger a Techint y su CEO, Paolo Rocca, ocupó buena parte de los titulares de los últimos días.
Ningún país desarrollado ha conseguido serlo dejando su producción y su industria a las fuerzas del mercado. El lugar del globo que tomemos corrobora el aserto, excepto Haití donde hay un Estado inactivo en cuanto a lo productivo. Allí sí, todo queda en manos de las fuerzas del mercado. Incluso hay muchas mafias, que para el presidente actual son preferibles al Estado.
Techint.
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El ataque de Javier Milei y Federico Sturzenegger a Techint y su CEO, Paolo Rocca, ocupó buena parte de los titulares de los últimos días.
Es muy tentador arrojarse a una deriva del debate, si se quiere, más anecdótica, aunque quizá no tanto. Analizar qué pasa en un país cuyo presidente trata a uno de los empresarios más influyentes, o a cualquier persona, con insultos y tildándolo de “Don Chatarrín”; o profundizar en la disociación que significa que Milei hable de “empresarios que hacen negocios turbios con el Estado” pero se niegue a responder ante el periodismo o la Justicia sobre los escándalos de corrupción de su gobierno. En las antípodas, se le podría preguntar a Rocca por qué su apoyo al gobierno de Milei (apoyo que, aparentemente, continúa mediante provisión de funcionarios de primera línea decisoria en materia energética y laboral) siendo que la capacidad ociosa en la industria ronda el 40%, llegando en sectores como textiles a superar el 70%. Rocca tiene un manejo, podría decirse, discrecional sobre una de las mayores cámaras empresarias, la Unión Industrial Argentina (UIA). No iremos por aquí, vamos al acero.
En 1947, Juan Domingo Perón y Manuel Savio impulsaron la creación de Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina (Somisa), una empresa de mayoría estatal para dar una respuesta afirmativa a la pregunta. Sí, queremos que Argentina produzca acero. Como no lo hacen (por entonces) los privados, y lo necesitamos para fabricar autos, heladeras, lavarropas e infinidad de productos, haremos la planta necesaria desde el Estado, podría haber sido la respuesta no sólo de Perón y Savio, sino también de todos los presidentes, legítimos o de facto, al menos, hasta 1976, e inclusive.
Somisa tuvo “buena salud” financiera, hasta los años ’90 del siglo pasado. Con el gobierno de Carlos Menem y bajo las gestiones de Juan Carlos Cattáneo y Jorge Triaca acumuló un déficit de U$S 500 millones en dos años. Una “casualidad permanente” por esos años fue que la gestión estatal hacía funcionar muy mal y a pérdida la empresa pública, incluyendo sospechada o verificada corrupción, el desprestigio de la empresa crecía y el desenlace “aliviador” era su privatización. Una didáctica y entretenida explicación sobre Somisa puede verse en un video del ciclo “La historia y su música”, disponible en Youtube.
En 1991, Somisa fue privatizada y pasó a manos de Techint, que tenía antecedentes en el rubro. Techint es una multinacional de importancia en el juego global. Podría decirse que se proyectó desde Argentina, aunque esto es discutible. Hay quienes califican al grupo como italiano o luxemburgués. En los 90, Techint ya era un jugador siderúrgico de importancia.
Entre fines de diciembre del ’25 y enero del ’26, Southern Energy, un consorcio privado en que YPF tiene una participación minoritaria, resolvió una licitación para proveer los caños de un gasoducto que debe ir desde Vaca Muerta a la costa rionegrina, en que dos barcos transformarán el gas a estado líquido para poder exportarlo. Este proyecto suplanta al que en su momento había anunciado la indonesia Petronas en la provincia de Buenos Aires que suponía una planta en tierra con un potencial de producción de GNL muy superior al actualmente en marcha. El proyecto de Petronas implicaba la mayor inversión extranjera de la historia, U$S 30.000 millones. La indonesia se fue de Argentina luego que Milei incidiera, a través de YPF, para radicar el proyecto en Río Negro.
Lo cierto es que Southern Energy adjudicó la licitación a la empresa india Welspun que presentó una oferta más barata. Corresponde a la lógica de decisión del consorcio, fuera de cuestión. Lo que sí forma parte de un debate público necesario es la argumentación festiva de Sturzenegger y Milei respecto de que los caños sean importados.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado afirma que si se hubiera asignado los caños a Techint “hubiéramos pagado quizás con un precio mayor de la energía”. La aseveración es errónea porque el proyecto destina integralmente la producción a exportación, pero esto es secundario.
Sostiene que “cada importación genera la necesidad de una exportación. Es decir que la importación a menor costo genera un cambio en el tipo de cambio que genera rentabilidad en otras industrias de exportación con innumerables beneficios de eficiencia, empleo y riqueza”. Es muy interesante analizar esta frase que demuestra cómo el universo mental de Sturzenegger– Milei es erróneo en términos de modelo y desmentido por su propio gobierno. Se supone un mercado libre de divisas en que los dólares que salen por importaciones implicarían una suba del dólar conveniente para los exportadores, que incrementarían a mayores precios sus ventas al extranjero. Esto no es así porque la balanza comercial (exportaciones menos importaciones) no es el único componente de la balanza de pagos. Es decir, se podría tener carencia de divisas para las necesidades, pero un salvataje del amigo del Tesoro estadounidense que cubra el agujero, como demostró Milei hace pocos meses. La balanza financiera y de capital complementan la balanza comercial. Más importante aún, ningún país serio se desentiende del valor de su moneda. Aunque es materia de polémica qué tan serio es Argentina como país, el propio gobierno de Milei no se desentiende del valor de su moneda. El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, explicó, a mediados de diciembre, la política de “bandas” y su corrección mensual según la inflación de dos meses previos para determinar el precio del dólar. Eso no es “libre flotación” al modo Sturzenegger.
Es decir, el argumento de Sturzenegger es fantasioso (se basa en un modelo imaginario y erróneo en sus términos) y no aplicable a la realidad.
Sturzenegger se jacta de haber derogado el “compre nacional” y festeja los beneficios de la apertura económica. Subyace, sin más, la ventaja comparativa ricardiana en la justificación. Esta idea no es nueva. La dictadura vigente entre 1976 y 1983 hacía una recordada publicidad de sillas importadas. Esto ya se aplicó varias veces y sus resultados fueron malos para el conjunto.
Ningún país desarrollado ha conseguido serlo dejando su producción y su industria a las fuerzas del mercado. El lugar del globo que tomemos corrobora el aserto. Estados Unidos, usado como punto cúlmine del capitalismo, basa su lucha por mantener primacía global en internet, una tecnología íntegramente desarrollada entre ejército y universidades financiadas por presupuesto público. Mariana Mazzucato mostró cómo los distintos componentes del iPhone de Apple deben su desarrollo al Estado estadounidense. Desde ya, Europa y el Sudeste asiático tuvieron y tienen Estados enormemente activos y para nada prescindentes de su producción. No hace falta mencionar a China. Donde hay un Estado inactivo en cuanto a lo productivo es en Haití, allí sí, todo queda en manos de las fuerzas del mercado. Incluso hay muchas mafias, que para el presidente actual son preferibles al Estado.
Para Southern Energy es indiferente que los tubos para el gasoducto sean indios o argentinos, pero para los cientos de trabajadores que podrían elaborarlos en Valentín Alsina, provincia de Buenos Aires, no es lo mismo tener trabajo que no tener trabajo. Existe lo que los economistas denominan “externalidades positivas” en producir localmente, de las que Sturzenegger se desentiende. La evaluación de un proyecto en la perspectiva privada no es igual a la evaluación social o comunitaria.
Independientemente del caso particular, la naturaleza de los actores y su historial o prontuario, no defender la industria y la producción nacional sería un error, salvo que quien administre el Estado no esté analizando los resultados de sus decisiones en función de lo que favorece al conjunto y a las mayorías.
* El autor es licenciado en Administración, docente y periodista.
