Los anuncios del presidente Milei sobre la cuestión Malvinas introdujeron un giro de la posición gubernamental con respecto a la soberanía argentina sobre los archipiélagos del Atlántico sur y sus mares circundantes. Los hizo por cadena nacional, y al día siguiente emitió decretos de necesidad y urgencia para demostrar la firmeza de la nueva política de defensa nacional fundamentada en la historia y en el derecho constitucional e internacional: ordenó reforzar partidas presupuestarias para construir la Base Naval Integrada en Ushuaia y la Base Petrel en la Antártida, y aumentó capacidades de inteligencia; propuso la creación por ley del congreso de un Consejo de Seguridad Nacional que, inspirado en el modelo norteamericano de posguerra, tenga como fin la acción coordinada de objetivos y planes, y prometió sanciones legales a empresas hidrocarburíferas que no contaran con autorización del gobierno argentino para explorar u operar en áreas en litigio, siguiendo la huella de leyes anteriores.
Con ello, Javier Milei dio marcha atrás con las declaraciones emitidas el pasado 2 de abril cuando había aludido al derecho de los isleños a la autodeterminación hasta tanto Argentina diera muestras de haber recuperado el lugar que supo obtener en el concierto de naciones prósperas. El cambio operado entre aquella expresión que dejaba en suspenso la soberanía argentina sobre las islas y los elogios que había vertido a favor de Margaret Thatcher, no han dejado de generar controversias y sembrar sospechas por el talante oportunista de la iniciativa oficial. Hay quienes atribuyen la estrategia al vértigo presidencial por renovar su mandato en los próximos comicios generales a sabiendas que los indicadores macroeconómicos son insuficientes para frenar la caída de imagen que registran la mayoría de las encuestas de opinión pública. La firme determinación de no mover ninguna pieza del programa económico que recomponga el poder adquisitivo y aliente el consumo atenta claramente contra la pretensión de retener a enormes franjas de desencantados que agrupan a los que detestan sus formas, los que rechazan el lenguaje grosero y vulgar con el que cancela a periodistas o empresarios, y a franjas de jóvenes decepcionados de sus promesas de campaña que basculan entre ratificar la adhesión o no concurrir a las urnas.
En un registro parecido, están quienes interpretan el uso político de la Causa Malvinas a la tardía captación del fervor patriótico que se hizo patente en las celebraciones callejeras de todo el país cuando el triunfo de la Scaloneta sobre el equipo inglés dio lugar al despliegue de la ya famosa sábana que lucía la leyenda “Las Malvinas son argentinas”. Un gesto público de ningún modo fortuito sino deliberado que consiguió esquivar la vigilancia oficial con el fin de poner en escena la pervivencia casi intacta de la reivindicación del triunfo anterior cuando la “Mano de Dios” había glorificado a los caídos en el territorio irredento de la patria mancillada. Algunos atestiguan que la idea salió del Fuerte Apache, ese semillero de jóvenes que dirimen sus vidas entre la pelota, la policía y el consumo o tráfico menudo de estupefacientes, que se las arreglaron para que fuera exhibida por los jugadores ante millones de espectadores.
La contundencia de la Causa Malvinas en las sensibilidades colectivas no sólo se reveló como piedra de toque de la pretendida unidad nacional en medio de la polarización política e ideológica que permea la vida pública al menos desde la crisis del campo. El clima de exaltación nacionalista no quedó circunscripto al calendario del mundial, sino que adquirió resonancias en las movilizaciones y protestas multitudinarias que declinaron el apoyo de más de un gobernador aliado, y de sus representantes en el Congreso, en el tratamiento de la ley de tierras que cercenó el proyecto oficial con el fin de evitar una nueva derrota en el recinto legislativo, y poner en riesgo sus inestables alianzas parlamentarias. A esa altura, y mientras sectores de la oposición celebraban haber infligido una dura derrota al gobierno “cipayo”, entregado a capitales extranjeros, pocos conjeturaban la manera en que la diplomacia del fútbol y el reverdecimiento de pasiones nacionalistas podían calar en la agenda gubernamental.
Pero el paquete de medidas anunciadas por Milei, y tematizadas por el “mago” de su equipo comunicacional, si pone de relieve aprendizajes y pragmatismos de ocasión con el propósito de hegemonizar la conversación pública de cara a las elecciones de 2027, los expertos han subrayado aspectos indicativos de sus eventuales alcances en materia diplomática, militar y energética. Ante todo, por las implicancias en las relaciones internacionales atentas al nuevo orden global dirimido en la rivalidad entre Estados Unidos y China, el declive de Gran Bretaña y las oportunidades abiertas mediante lazos trabados con el presidente norteamericano y el gobierno de Israel con el triple fin de operar como proveedor de recursos energéticos, condicionar las operaciones de empresas de hidrocarburos y aprovechar el actual litigio que enfrenta a Trump con el gobierno laborista de Londres para mejorar capacidades de negociación. Allí parece anidar el giro estratégico de la cuestión Malvinas en la agenda gubernamental en tanto remplaza el histórico argumento de soberanía territorial por una concepción que la interpreta como una “pieza central del tablero internacional donde la plataforma continental argentina, el Atlántico Sur y la Antártida adquieren importancia creciente frente a los movimientos de las grandes potencias”. Se trataría entonces de un capítulo con final incierto orientado a interpelar dos frentes, el internacional, y el doméstico en el que la épica en torno a Malvinas compromete, y al mismo tiempo desorienta, el completo arco opositor envuelto en la fragosa carrera de construcción de candidaturas con volumen suficiente para erigirse en alternativa legítima al Milei ya enrolado en el proyecto de reelección presidencial.
* La autora es historiadora.
