A la vez que tuvieron ingresos extraordinarios por privatizaciones, incurrieron en fuertes déficits fiscales, y un exagerado crecimiento de la deuda pública. Y la frutilla de la torta, los créditos incobrables de los ex bancos. Un combo completo.
Debate sobre las finanzas en Mendoza.
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El actual proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo para adherir al Régimen de Incentivos para Medianas Inversiones —RIMI— contiene un punto que, a primera vista, podría parecer meramente técnico. Sin embargo, detrás de esa cláusula se esconde una de las historias fiscales más gravosas y menos discutidas de la Mendoza contemporánea: la herencia de la privatización de los ex bancos provinciales durante los años noventa, la punta del iceberg del desastre fiscal del peronismo en los noventa.
El actual proyecto propone avanzar con la liquidación definitiva de activos vinculados a los ex bancos oficiales, dar de baja créditos incobrables, cancelar garantías reales y cerrar procesos administrativos y judiciales que llevan décadas abiertos. El propio texto oficial sostiene que existen carteras de créditos con más de treinta años de antigüedad, en su mayoría prescriptas o con deudores en situación fallida, que todavía representan un costo para el Estado provincial. Es decir: Mendoza aún sigue ordenando consecuencias de decisiones fallidas tomadas “por el equipo de los mendocinos”.
El problema, sin embargo, fue todavía más profundo. La privatización bancaria fue apenas una parte de una dinámica fiscal expansiva más amplia: durante gran parte de esa década Mendoza rompió el orden de sus cuentas públicas. Las gestiones de Rodolfo Gabrielli (1991 – 95) y Arturo Lafalla (1995 – 99) contaron con ingresos extraordinarios, pero, así y todo, gastaron bastante más de lo que la Provincia podía sostener. Y ese desfasaje no fue una abstracción contable: se transformó en deuda pública, deterioro patrimonial y una pesada mochila fiscal para los gobiernos siguientes.
Un informe del Consejo Empresario Mendocino (CEM) de aquella época[1] también advierte la magnitud del deterioro fiscal de aquel dueto de gobernadores justicialistas. Según ese trabajo, la deuda pública provincial tenía dos grandes orígenes: por un lado, 476 millones de pesos derivados de los déficits fiscales acumulados entre 1992 y 1997; por otro, 726 millones vinculados al proceso de privatización de los bancos Mendoza y Previsión Social. En total, el CEM estimaba una deuda pública de 1.202 millones de pesos (al año 1998), una cifra que muestra que el desorden fiscal de los noventa no fue un problema menor ni transitorio, sino una verdadera ruptura en la trayectoria financiera de Mendoza.
Documentación oficial de la época (Ministerio de Hacienda) también avala, al igual que el CEM, del contundente salto de la deuda pública. A diciembre de 1996, la deuda total de la Provincia ya ascendía a 956 millones de pesos, de los cuales casi 675 millones correspondían directamente a la deuda derivada de la privatización de los bancos, es decir, el 70%. O sea, de una deuda casi inexistente años anteriores, de no más de 300 millones de pesos/dólares (1 a 1 Ley de Convertibilidad), el equipo de los mendocinos la triplicó, para llegar a 1996, gobierno de Lafalla, con casi 1.000 millones de pesos de stock acumulado. La cifra muestra con claridad la magnitud del problema: no se trató sólo de una operación financiera mal resuelta, sino de un verdadero shock sobre las cuentas públicas mendocinas, que alteró la trayectoria fiscal de la Provincia y condicionó a las administraciones posteriores.
Adicionalmente, en el mencionado informe del CEM, se advierte que el pago de intereses sobre la deuda, medido contra salarios pagados por el Gobierno, subió del 3% en 1992 al 16% en 1997, mostrando la irresponsabilidad el deterioro de la carga financiera provincial.
Es por eso que la historia de los noventa en Mendoza merece ser revisada sin mitologías: fue el período en el que se deterioró severamente la solvencia fiscal provincial intertemporal. Hubo ingresos extraordinarios por privatizaciones, pero también un fuerte endeudamiento, con decisiones que trasladaron costos hacia el futuro. En términos simples: Mendoza tuvo recursos para administrar una transición ordenada, pero eligió gastar como si el futuro no tuviera factura.
Entre las “joyas de la abuela” sacrificadas durante los noventa (privatizaciones) encontramos los servicios de electricidad (EMSE) y agua (OSM), los Nihuiles, las acciones provinciales de YPF, entre otros ingresos extraordinarios, que, si bien parte se usaron en obras importantes como Potrerillos, otra parte se utilizó para el gasto operativo anual, y así y todo no alcanzó, porque la deuda pública creció fuertemente (en especial con Gabrielli). Y encima, de los créditos traspasados al Fondo Residual, que algo podrían haber compensado, solo se recuperó un tercio, el resto fue incobrable, lo pagamos todos los mendocinos (el periodista Gastón Bustelo hace un muy buen análisis en nota de Diario Los Andes)[2]. ¡Un verdadero descalabro!
Ese es el verdadero escándalo histórico que aún no ha sido colocado del todo en el lugar que merece. Mendoza no sólo perdió sus bancos y parte de sus ingresos extraordinarios por privatizaciones de la época. También perdió la oportunidad de dejar un Estado ordenado a futuro, sin deudas, con equilibrio fiscal. En lugar de consolidar solvencia, acumular previsibilidad y cuidar el patrimonio público, se avanzó en una dinámica fiscal irresponsable. Fue una suerte de adelanto del kirchnerismo que iba a venir más tarde, con Jaque y Paco Perez, en especial este último, con su recordado “impuestazo” a los ingresos brutos en 2012. Se puede observar el hilo conductor peronista: Gabrielli, Lafalla en los noventa; Jaque, Paco Pérez en los dos mil… la irresponsabilidad fiscal es común a todos ellos, común al justicialismo mendocino, que encima, cada tanto, pretenden dar lecciones de administración pública.
Por eso, cuando la actual Administración Provincial sigue hablando del valor del equilibrio fiscal, de la responsabilidad en el uso de los recursos públicos, y del cierre de la herencia de los créditos incobrables del ex Fondo Residual, no está planteando una consigna abstracta. Está cerrando una historia concreta, está intentando evitar que los errores del pasado vuelvan a convertirse en deuda futura. Una especie de “nunca más” fiscal para la Provincia.
Porque la buena gestión no consiste sólo en gastar menos. Consiste también en no hipotecar el futuro con decisiones mal diseñadas. Consiste en entender que cada peso público mal administrado termina siendo pagado por la sociedad. Y consiste, sobre todo, en aprender de la historia. Y vaya que Cambia Mendoza, en esta última década, lo ha sabido entender. Y lo ha hecho con creces, por eso la ciudadanía lo sigue votando. El votante mendocino ha entendido que la responsabilidad fiscal no es ajuste: es defensa del futuro.
[1] Déficit Fiscal, Privatización de los Bancos y Deuda Pública de la Provincia de Mendoza, informe del CEM, 1998: https://cem.org.ar/wp-content/uploads/2012/10/Deficit_Fiscal_1998.pdf
[2] Historias de descontrol a 25 años de privatizar los bancos estatales: https://www.losandes.com.ar/economia/historias-de-descontrol-a-25-anos-de-privatizar-los-bancos-estatales
* El autor es senador provincial.