Las sucesiones ante Escribano Público: un proyecto al que le falta consenso

El autor de la nota, aun siendo escribano, expresa su desacuerdo con el proyecto por ser inconsulto con el notariado y con otros actores en los procesos sucesorios.

Tuve la suerte de conocer personalmente, en los años ochenta, al Dr. Emilio J. Hardoy, el gran periodista, conservador, valiente y destacado columnista de La Prensa de Gainza Paz. Lo escuché decir de viva voz y muchas veces lo leí en sus columnas, “la democracia es la gran transacción civil que hacen los ciudadanos”. Y las democracias republicanas implican permanentes actos de transacción, a veces, de difícil gestión. En una dictadura, ya lo sabemos, todo es más fácil, ya que la voluntad pretoriana del líder -carismático o no- impondrá conductas y leyes sin discusión, sin transacción ciudadana. A poco de andar, el lector verá la conexión que tiene la introducción que acabo de hacer con el tema central de esta nota.

Ha ingresado al Congreso de la Nación un Proyecto bajo el nombre de “Sucesión Notarial”, el que lleva la firma de ocho Diputados, en su mayoría abogados. En dicho proyecto se propone la posibilidad de hacer una sucesión -no controvertida- en sede notarial, esto es, ante un escribano público y con el patrocinio de uno o más abogados. El proyecto se funda en beneficios para los usuarios: disminución de costos en el procedimiento, celeridad del trámite, seguridad jurídica y descentralización de la actividad jurisdiccional del Estado. Todo con fuertes y valiosos argumentos e incluso con la cita de exitosos antecedentes en otros países, como México, Perú, Colombia, Chile, España, Rumania, Polonia, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, entre muchos otros. Por lo dicho, mi agradecimiento personal a los diputados firmantes del proyecto –como dije antes, la mayoría abogados- que han tenido en tan alta consideración al notariado.

Pero mi idea no es discutir ahora la bondad o no del proyecto, sino su oportunidad y su método de realización en la acción parlamentaria.

He sido otrora un dirigente notarial preocupado por la buena marcha de los asuntos que tienen que ver con nuestro gremio y prueba de ello es la ley de acceso a la función notarial y la de arancelamiento notarial de orden público para la provincia de Mendoza, en las que colaboré para su sanción y promulgación. Pido perdón por la autorreferencia, pero es necesaria para comprender que en esta oportunidad mantengo la misma vocación en favor del gremio de los escribanos, pues soy uno de ellos.

Eso sí, las formas, los modos –y sobre todo los modales- siempre serán fundamentales para apoyar cualquier iniciativa.

Es que no es posible hacer una ley tan significativa sin el consenso de todos aquellos agentes que participan en un proceso sucesorio. No se cortan alambres ni se atraviesan campos para vulnerar o molestar los intereses de otros, no hace falta pisar los callos de nadie.

Los colegios de abogados del país han reaccionado violentamente ante este proyecto, y lo han hecho casi sin educación, llenando de vulgares e injustos insultos a los escribanos y a las instituciones que los reúnen.

Pero resulta que ninguno de los 24 colegios de escribanos del país ni el Consejo Federal del Notariado Argentino, es decir, nadie en el mundo del notariado políticamente organizado, ha salido a respaldar este proyecto. Esta es la conducta propia del notariado: la prudencia. Desconozco quiénes serían los que están detrás de este proyecto, por lo pronto sabemos que los diputados abogados que lo firman, pero no las instituciones notariales ni el colectivo notarial.

Las razones son simples y muy fáciles de entender. En este tipo de proyectos se precisa del consenso, de esa gran transacción democrática. Primero se convoca a quienes pueden participar en un sucesorio, es decir a abogados, procuradores, contadores. Luego se pide opinión a otros interesados, los registros de la propiedad inmueble o del automotor y a otros organismos que representan al fisco, a los que defienden derechos de consumidores y finalmente se consulta a quienes tienen en la actualidad la competencia y la jurisdicción del tema, es decir, al poder judicial.

La democracia es en sí misma un ideal que al bajarlo a la tierra, tal como sucede con las sombras de la realidad que se proyectan en la caverna de la alegoría de Platón, se convierte en el arte de lo posible. Lo cierto es que primero hay que conversar, luego discutir, después persuadir acerca de las conveniencias o no del proyecto, luego convencer, y finalmente acordar, como quería y le gustaba decir al Dr. Emilio J. Hardoy.