La educación superior, lejos de ser un espacio neutral, es un terreno en disputa. En esa disputa se define no solo el futuro de las instituciones, sino también el tipo de sociedad que queremos construir para que tengan una vida mejor las generaciones futuras.
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La universidad pública argentina atraviesa una encrucijada histórica que combina urgencias coyunturales con desafíos estructurales de largo alcance. En el centro de la escena aparece el proceso de desfinanciamiento que el sistema universitario viene sufriendo desde 2023, con una pérdida que supera el 40% de sus recursos presupuestarios. Sin embargo, la encrucijada excede largamente la cuestión económica y abre interrogantes sobre el funcionamiento de las universidades y en el futuro.
Sobre la crisis presupuestaria hay que decir que a esta altura está poniendo en juego un sistema institucional que, como hace unos días decía un estudiante en una clase de mi cátedra, involucra las reglas mismas del funcionamiento republicano. Cabe recordar que ante la crisis se realizaron tres masivas marchas federales en defensa de la Universidad que, a lo largo y ancho del país, convocaron a toda la comunidad educativa—sin distinción de banderías políticas—junto a familias y distintos sectores sociales para reclamar la recomposición presupuestaria. El Congreso Nacional, por su parte, aprobó en dos oportunidades una ley de financiamiento universitario que, tras el veto presidencial, volvió a ser ratificada con mayorías calificadas de dos tercios en ambas cámaras. A ese recorrido institucional se sumaron fallos judiciales en primera instancia y en la Cámara Contencioso Administrativo Federal que también avalaron la validez de la norma.
En síntesis: intervino el pueblo masivamente y en tres ocasiones peticionando ante las autoridades, dos de los tres poderes República decidieron en múltiples instancias sobre el asunto en favor de recomponer el presupuesto necesario para el funcionamiento universitario; y, sin embargo, el Ejecutivo, continúa incumpliendo ilegal e ilegítimamente lo que manda la ley.
La falta de implementación efectiva de la ley coloca el foco en un problema mayor: no solo está en juego el financiamiento de la universidad pública, sino también el respeto por las reglas básicas del sistema republicano.
El conflicto actual expone tensiones en el funcionamiento de los pesos y contrapesos que estructuran la organización institucional del país desde 1853, cuando Juan Bautista Alberdi sentó las bases del orden constitucional. La negativa del Poder Ejecutivo a cumplir con una ley ratificada por el Congreso y convalidada por la Justicia no solo impacta en el sistema universitario —afectando salarios, becas y gastos de funcionamiento— sino que también plantea un interrogante sobre la vigencia efectiva del equilibrio de poderes que manda la Constitución Nacional.
En este contexto, distintos actores del ámbito académico coinciden en señalar que la resolución del conflicto resulta clave no solo para garantizar el sostenimiento de las universidades, sino también para reestablecer el normal funcionamiento de la vida republicana.
Pero la encrucijada no se agota en la coyuntura. A la crisis presupuestaria se suma un cambio de época más profundo que interpela el sentido mismo de la educación superior. Las transformaciones tecnológicas, económicas y culturales a escala global están modificando las formas de producir conocimiento, de enseñar y de aprender, empujando a las instituciones hacia un terreno de redefiniciones.
Para que lo mejor de la tradición de la universidad pública argentina pueda seguir vigente es necesario tomar nota de esos cambios y generar respuestas creativas, valientes e innovadoras.
Entiendo que lo mejor de la tradición universitaria argentina se vincula a la formación de profesionales de excelencia, al cultivo de las diversas disciplinas científicas y artísticas, a las posibilidades de movilidad social ascendente que procura y a la fundamental formación en valores que ofrece nuestra universidad: claro, en las aula se aprende algo más que saberes técnicos y científicos, también las personas que pasan por allí se apropian de tradiciones de pensamiento que hacen al acervo que define nuestra identidad cultural como nación; se vinculan y hacen amistades con estudiantes de diversas procedencias geográficas, socioeconómicas, religiosas, etc. que fortalecen la idea de una integración social más allá de las diferencias (me pregunto qué otra institución tiene en la actualidad esa formidable potencia y alcance); también aprenden a debatir con otros, sobre la base del respeto democrático que no es otra cosa que estar abierto a la conversación, a la escucha y a construir verdades sobre la base de eso que el gran filósofo Jürgen Habermas planteaba como la fuerza sin coacción del mejor argumento (aprender a pensar y construir argumentos en conjunto, en la diferencia, en lugar de seguir la tendencia general de insultarnos infructuosamente por redes sociales con quien piensa distinto). De estas cuestiones hablamos, entre otras, cuando sostenemos que la universidad forma también en valores.
Pero para poder seguir sosteniendo la vigencia de esos buenos atributos de la universidad es necesario -como decíamos- tener en cuenta los cambios que sufre el mundo y asumir un rol protagónico y de liderazgo para dar respuesta y gobernar creativamente esas transformaciones.
Un análisis atento de las profundas modificaciones de los sistemas de educación superior a nivel global permite esbozar un escenario prospectivo (futuro) inquietante. No se trata de una especulación abstracta, sino de la extrapolación de dinámicas ya presentes que acompañan la expansión sostenida de la demanda educativa postsecundaria y el crecimiento de las ofertas bajo múltiples formatos.
Cinco tendencias resultan particularmente significativas para comprender esta deriva.
En primer lugar, la progresiva desestructuración curricular. La flexibilización, inicialmente pensada como herramienta de inclusión y adaptación, puede derivar en una fragmentación extrema de los trayectos formativos. Proliferan así cursos breves, microcertificaciones y propuestas ad hoc que priorizan habilidades técnico-instrumentales, pero muchas veces carecen de articulación con marcos disciplinares más amplios. Este fenómeno debilita la posibilidad de una formación integral y erosiona el papel de la educación superior como espacio de construcción de ciudadanía.
En segundo lugar, se observa una desinstitucionalización creciente. La formación deja de estar anclada en instituciones reconocibles y reconocidas para convertirse en un recorrido individual, guiado por decisiones aisladas y ofertas dispersas. En este esquema, el estudiante se transforma en consumidor, y la experiencia educativa pierde su dimensión colectiva. La comunidad educativa, entendida como espacio de encuentro, intercambio y socialización, se diluye progresivamente. Esta desinstitucionalización profundiza además la desigualdad, dejando en las posibilidades de cada familia (muchas de ellas con problemas económicos crecientes y cada vez más endeudadas) la obligación de brindar un entorno educativo con herramientas tecnológicas adecuadas al mundo actual. Brindar ese entorno es responsabilidad indelegable del Estado y forma parte de las bases fundacionales de nuestra nación.
La tercera tendencia remite a una territorialización paradójica: la educación llega a todos los rincones gracias a la virtualización, pero lo hace de manera desterritorializada. ¿En qué sentido desterritorializada? En que llegan propuestas formativas, estandarizadas y de bajo costo, “enlatados” que presentan escasa conexión con las realidades locales. Se debilita así la capacidad de las instituciones para incidir en el desarrollo de las comunidades, desconectando el saber académico de los problemas concretos de los territorios.
En cuarto lugar, se consolida un sesgo de confirmación de las desigualdades sociales. La fragmentación curricular, la desinstitucionalización y la virtualización contribuyen a reproducir y profundizar las segmentaciones existentes. La educación superior, en lugar de funcionar como espacio de integración, tiende a convertirse en un ámbito donde se refuerzan las diferencias de clase, acceso y capital cultural. La experiencia educativa deja de ser un punto de encuentro entre diversidades para transformarse en un circuito segmentado.
Finalmente, la mercantilización creciente actúa como base de todas las tendencias anteriores. No se limita al debate sobre financiamiento (acerca de la obligación indelegable del estado de garantizar el derecho a estudiar independientemente de qué tanto dinero tenga la familia en la cual uno nació), sino que implica un cambio más profundo en la naturaleza misma de la educación. La expansión de instituciones con fines de lucro, la posible conformación de mercados oligopólicos y la orientación de los contenidos hacia la empleabilidad inmediata configuran un escenario donde el objetivo central ya no es la formación integral, sino la producción de “capital humano”, con el empobrecimiento de la experiencia educativa que ello conlleva.
Frente a este panorama, surge la necesidad de pensar alternativas que permitan revertir estas tendencias y reorientar la educación superior hacia su función social. En muchos territorios existen múltiples instituciones que, aunque valiosas, operan de manera desarticulada. La construcción de un entramado colaborativo aparece como una estrategia clave para lograr una capilaridad en la cobertura territorial que pueda competir con la territorialización virtual de enlatados educativos de baja calidad.
La idea de conformar un clúster educativo territorial implica articular universidades, institutos provinciales de educación superior (IES), organizaciones sociales y espacios de formación para el trabajo, municipios y sector productivo local en una red sinérgica. Este enfoque permitiría aprovechar las fortalezas de cada actor y construir propuestas educativas más integrales y contextualizadas. La movilidad estudiantil entre instituciones, el reconocimiento de trayectos formativos y la implementación de formatos híbridos son algunas de las herramientas posibles.
Asimismo, resulta fundamental recuperar el anclaje territorial de la educación. No se trata solo de expandir la cobertura, sino de hacerlo con propuestas que dialoguen con las problemáticas locales. La creación de aulas satélite, el trabajo en barrios y la incorporación de saberes comunitarios pueden contribuir a fortalecer el vínculo entre educación y territorio.
En términos de contenidos, el desafío es equilibrar la formación técnica con una perspectiva humanista. Esto implica diseñar currículas que integren conocimientos y habilidades para el mundo del trabajo con dimensiones históricas, culturales, políticas y éticas, promoviendo una formación que trascienda la mera capacitación laboral. Al mismo tiempo, es necesario generar experiencias educativas que favorezcan el encuentro y la integración social, rompiendo los sesgos de segmentación y fragmentación social a los que tiende la sociedad contemporánea y el predominio de los algoritmos, reconstruyendo lazos sociales en personas de diversas procedencias sociales, disciplinares, ideológicas y atendiendo siempre a la imperiosa demanda de políticas que acompañen las situaciones de salud mental que viven nuestras juventudes.
La encrucijada actual no admite respuestas simples. Sin embargo, reconocer las tendencias en juego y abrir el debate sobre posibles alternativas constituye un paso imprescindible. La educación superior, lejos de ser un espacio neutral, es un terreno en disputa. En esa disputa se define no solo el futuro de las instituciones, sino también el tipo de sociedad que queremos construir para que tengan una vida mejor las generaciones futuras.
* El autor es profesor universitario. FCPyS-UNCUYO.
