La marcha federal en defensa de la educación y universidad pública fue multitudinaria. Columnas inmensas recorrieron las calles de las ciudades de todo el país, y tuvieron como epicentro la plaza del Congreso, mientras los representantes del pueblo debatían y terminaron rechazando por amplísima mayoría, el veto presidencial a la ley de financiamiento universitario que promete recomponer la caída de los salarios que perciben docentes y no-docentes desde mucho antes de la asunción de Milei en 2023. El problema es mayor cuando se repara en el bajo porcentaje de profesores con dedicación exclusiva o full time, frente al enorme universo de profesores con dedicaciones mínimas. Un fenómeno regular de las UUNN que impacta en varias direcciones porque reduce compromisos institucionales, atenta contra la actualización de saberes que se imparten, dispersa responsabilidades y compromete la adecuada relación entre docencia, investigación y extensión, tal como lo prescribe la ley de educación superior.
Entretanto, la crisis de financiamiento revitalizó el debate que cruza al sistema universitario público en su conjunto: la deserción estudiantil y la persistente caída de la tasa de egreso (de cada 10 se reciben 3) que se agrava porque quienes consiguen el preciado título y celebran con la familia y los amigos semejante galardón, lo hacen muchos años después de haber ingresado a la facultad. No hay novedad al respecto: las estadísticas universitarias lo demuestran hace rato, y el problema encabeza la agenda de los especialistas en educación superior quienes han insistido sobre su gravedad trayendo a colación el contraste entre el desempeño estudiantil en nuestro país, y trayectorias académicas más eficaces de países vecinos, como Brasil, Uruguay o Chile, donde la tasa de egreso suele ser mayor. Las razones de la tragedia residen en factores estructurales y otros específicos: en particular, el déficit de competencias mínimas en lengua y matemática, ausencia de hábitos de lectura, insuficiencia de información sobre las exigencias de algunas carreras o dificultades de adaptación con la dinámica universitaria. Pero el dato más revelador reside no sólo en la deserción sino también en la prolongación del tiempo teórico de duración de las carreras que, en algunos casos, duplica los años entre el ingreso y la graduación. Datos firmes del Ministerio de Educación de 2023 muestran que, entre 2021 y 2022, solo se graduó el 22,7% de los estudiantes de grado de las universidades estatales mientras que en las privadas lo hicieron el 40,8%.
Ante desafíos semejantes las autoridades universitarias diseñan y ejecutan estrategias para sostener la masividad, evitar el desgranamiento y retener al estudiantado, aunque no han conseguido frenar la inercia que atenta incluso contra la continuidad de algunas carreras. En otras palabras, las UUNN enfrentan dilemas parecidos por lo que promueven reformas de planes de estudio, reducción de contenidos disciplinares y ofertan becas para evitar el abandono o fuga a universidades privadas. Aun teniendo en cuenta la importancia de unas y otras, el principal desafío que enfrentan las UUNN reside en el grado, en particular, en el primer año de las carreras porque allí la deserción es mayor como consecuencia de los déficits del nivel inicial y medio. A la fecha, la mayoría de las herramientas diseñadas para paliar el impacto de la secundaria en el deficiente desempeño estudiantil (cursos de nivelación, pruebas de diagnóstico, tutorías o becas para estudiantes de hogares vulnerables) no han torcido la tendencia por lo que será necesario mejorar instrumentos y reorientar esfuerzos en ese segmento hasta tanto la educación media recupere o mejore el servicio que ofrece.
Pero el éxito de la movilización callejera no sólo dejó a la vista la contundente valoración social de la educación y universidad pública en medio del derrumbe de la sociedad integrada que las sostuvo a lo largo de décadas. También puso sobre el tapete una doble paradoja que no está de más recordar: que el título universitario no garantiza per se la movilidad social imaginada y que la deserción y la reducida tasa de egreso predomina entre los más pobres ante la alarmante crisis que padece la enseñanza inicial y media. En otras palabras, la gratuidad de la enseñanza universitaria no constituye en sí misma el resorte para salir de la pobreza en amplísimas franjas de las juventudes argentinas. Algunos datos oficiales lo atestiguan. Mientras el 24% de los más pobres acceden a estudios superiores, el 70% de los hijos del 20% de familias más ricas completan sus estudios universitarios.
De modo que la narrativa que supo ensalzar el papel del sistema educativo y universitario público como pilar de la carrera del ascenso social está en veremos. Una narrativa que, como se sabe, quedó retratada en el famoso drama de Florencio Sánchez M' hijo el dotor, y en muchas historias familiares que exhibieron el pasaje entre padre obrero e hijo ingeniero, madre enfermera e hija médica. Una narrativa enraizada en tradiciones institucionales y culturales que conectan las banderas del reformismo liberal de comienzos del siglo XX, en la línea que conecta la universidad científica y técnica ideada por Joaquín V. González, y los rebeldes cordobeses de 1918, la expansión del tejido universitario de la era peronista con las creadas por unos y otros en los últimos 40 años como factor multiplicador de estímulos estatales en grandes y medianos conglomerados urbanos.
Entre las universidades centenarias y las más recientes sobrevuelan varios dilemas en tanto la sociedad y la economía en las que aspiran integrar a sus graduados ya no es la misma a las que prevalecieron décadas atrás: cambios operados en el plano de las expectativas de jóvenes y no tan jóvenes, años de estancamiento económico, reducción del trabajo formal y el aumento de los huérfanos o informales, afectados ambos por el desplome del salario real en todas las categorías.
Resulta difícil imaginar soluciones definitivas al problema. El ensayista y editor Alejandro Katz aludió al dilema en su cuenta X con las siguientes palabras: “El ascensor social, que en alguna época funcionaba gracias a la coordinación de un conjunto de dispositivos (la educación y la abundancia de empleo formal, principalmente) se ha detenido en prácticamente todos los países de ingresos medios o altos, y esa es una de las causas de las crisis que vemos actualmente. Reconstruir bienes públicos de calidad es imprescindible, pero a mi juicio no es suficiente”. El éxito entonces de la marcha federal que torció el brazo a la motosierra de Milei, no debería congelar el debate sobre la educación y la universidad pública, sino mejorar los instrumentos para hacerlas inclusivas tal como lo expresaban las pancartas que vigorizaron la protesta.
* La autora es historiadora del CONICET y UNCuyo.
