La reformita judicial, según Cristina

La reforma judicial que comenzó su tratamiento ayer en el Senado Nacional para convertirse en ley, tiene dos características principales según la vicepresidenta Cristina Fernández, lo que se deduce de sus últimas declaraciones públicas.

La primera es que, en opinión de Cristina, no se trata de una reforma en serio, sino de una reformita que apenas viene a eliminar ciertos obstáculos para poder luego con el tiempo hacer la verdadera reforma.

La segunda es que esta reforma tiene toda la mirada puesta hacia atrás, no hacia adelante. Busca una reivindicación y una revancha.

Busca una reivindicación porque para la Señora, la verdadera reforma es la que ella impulsó durante su segunda presidencia en el 2013 donde se proponía, entre otras linduras, que los consejeros que designaban y destituían a los jueces fueran elegidos por el voto en las boletas partidarias. Reforma que -con absoluta lógica- fuera declarada inconstitucional por la Corte Suprema. Pero según Cristina porque tocaba privilegios judiciales. O sea que esta reformita es apenas un medio que solo busca llenar todo el Poder Judicial de jueces y fiscales afines para que luego de colonizada la justicia pueda volverse a la reforma de 2013, esta vez sin riesgo de inconstitucionalidad porque el Poder Judicial será ya todo suyo. O sea, como siempre, va por mucho más.

Y busca una revancha porque lo que se propone explícitamente la señora vicepresidenta es fulminar lo que para ella es una contrarreforma de hecho que instauró Macri en sus cuatro años. Una contrarrereforma cuyo fin última era el de poner presos a Ella y sus hijos. Y que para eso constaba de cuatro patas:

1) La constitución de la mesa del lawfare. O sea un grupo conspirativo formado por funcionarios del gobierno, jueces y periodistas que desde la órbita del Poder Ejecutivo determinaba qué enemigo político iba preso,

2) La instrumentación de la doctrina Irurzun, por la cual todo opositor señalado por el poder, debía convertirse en preso político efectivo y para eso se usaba el instituto de prisión preventiva de modo ilegal.

3) El traslado de jueces a lugares para los que no habían sido designados. Como los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Vertuzzi que según Cristina fueron ubicados en sus actuales sitios para armar las causas con las cuales mandarla a prisión. Algunos mal pensados dicen que la reforma busca sacarlos de sus puestos (por otro lado, autorizados por la Corte Suprema) para que los acusados puedan ser juzgados por jueces afines, pero esos son solo eso, malpensados.

4) La teoría Bond... James Bond. Según Cristina todas las causas contra ella y sus buenos muchachos fueron armadas por la mesa del lawfare a través del asesoramiento de los servicios secretos que son los que los proveyeron todas las pruebas a través del espionaje ilegal.

O sea, la reformita judicial, según admite la propia Cristina, viene a ocuparse solamente de borrar una contrarreforma anterior macrista y crear las condiciones para volver a la vieja reforma cristinista. Mientras que ni por asomo se ocupa de los problemas de la gente como la lentitud de los procesos o las relaciones entre justicia y seguridad. Sólo se ocupa de lo que le interesa a las elites, en particular a la familia más poderosa de esa elite.

Tiene también una quinta pata, a la que podríamos llamar la teoría del chivo expiatorio, que es quizá la más original de todas y bien de acuerdo con la gran operación que busca darle sentido a todo lo que se está haciendo: la de revertir la carga de la prueba y que así todos los acusadores terminen siendo acusados, de modo que vayan presos todos los que hicieron denuncias y queden libres de culpa y cargo todos los denunciados.

Ya hubo una prueba experimental de esta teoría con la llamada “Operación puf”, esa delirante y bien cinematográfica -a lo Olmedo y Porcel- payasada por la cual un grupo de impresentables intentó meter preso al fiscal que los acusó.

En otras palabras, se busca desprestigiar a través de un aparato judicial afin que se está empezando a crear y del aparato de comunicación estatal, a todos los magistrados que están procesando presuntos corruptos, a todos los periodistas que investigan la corrupción e incluso darle un escarmiento a los empresarios y ex funcionarios arrepentidos que confesaron sus pecados y los de sus mandantes.

En síntesis, que para ser una reformita de un gobiernito delegado, es bastante ambiciosa en sus objetivos.