Tenemos un presidente con una propuesta muy simple, bajar el gasto público para suprimir la inflación. El gasto publico nacional bajó, pero la inflación sigue siendo alta, pasó de tres dígitos a dos dígitos, más cercana al 30 % anual que al 10,1 % calculado en la ley de presupuesto vigente y resultando en un superávit ficticio como lo muestra el incremento de la deuda flotante. Lo que indica que se postergan los pagos a proveedores y contratistas junto con el desvío de los fondos recaudados para la construcción y reparación de las rutas que se deterioran aceleradamente. Los fondos desviados bastaban para mantener dos tercios de la red nacional en buen estado.
El presidente ha reconocido como un logro la baja de los sueldos estatales, con la secuela de profesores que renuncian a las cátedras universitarias o la reducción a la tercera parte de los fondos para investigación científica y tecnológica. Un piloto que se está entrenando para volar los cazas F16 solo gana un millón cuatrocientos mil pesos, lo que significa que una vez formado es muy probable que se vaya a una aerolínea privada. El problema del empleo público está con la gente que no trabaja o que no es necesaria, pero si ajustamos en base a congelar las remuneraciones generales, el resultado es que los mejores se van.
Un país que renuncia a invertir en ciencia y tecnología está condenado a la insignificancia en el mundo. Si pretendemos un status de potencia mediana debemos retomar los programas nucleares y tener presencia en la industria espacial donde emprendedores argentinos han enviado satélites. Esto requiere conocimientos y por lo tanto recuperar la educación argentina que está decadente desde fines del siglo pasado.
Los resultados de las pruebas Aprender son terribles, mostrando la indiferencia de las provincias hacia el problema educativo. Es que esa decadencia coincide con las transferencias desde la Nación hacia las mismas indicando también que el problema del empleo público está ahí, en el disparate cometido con la coparticipación federal que no ha favorecido el desarrollo de las provincias más rezagadas sino el subsidio a las oligarquías locales, que a su vez, expulsan a los pobres hacia los conurbanos de las provincias más desarrolladas, confirmando estudios recientes, que señalan la baja calidad de las elites en la Argentina. Ya Paulo VI se lo escribía al ex presidente Frondizi a fines de los sesenta: “No coincido con usted que el problema de la Argentina es el subdesarrollo, el problema es que está sub gobernada”. Estas palabras pueden sin duda ampliarse para calificar no sólo a las dirigencias políticas sino a todas las elites nacionales y que una reciente investigación académica suiza las pone en un ranking de países en el lugar ciento cinco.
El presidente, además del simplismo de sus propuestas, cree que su función no es gobernar sino andar pontificando como un nuevo Moisés en eventos de gente horrible que teme a la libertad y promueve discriminación, odio a la libertad de expresión, a la ciencia, a los que piensan distinto, por no decir a todos los que piensan. Esa es su política exterior, limitada a dos personajes: Trump y Netanyahu; para que quede claro no está relacionado a los Estados Unidos y a Israel sino a dos gobernantes que se suponen son efímeros pues ninguno es un rey, aunque eso esté en los sueños y delirios de Trump.
Los insultos al presidente Lula no pueden justificarse con esas tonterías de "¡qué importan los modales!" o "el Javo es así". No debe ser así y punto, puesto que un presidente tiene que controlar su personalidad porque sus dichos y gestos afectan los intereses nacionales. Esa es la finalidad de toda política exterior: cuidar, promover, privilegiar los intereses nacionales.
Siempre el que escribe recuerda al general Lanusse que supo, cómo presidente de facto, establecer una relación cordial y con resultados interesantes con Salvador Allende, cuidando el interés nacional. Años después el presidente Alfonsín tuvo que negociar y establecer buenas relaciones con el general Pinochet terminando con el conflicto del Beagle.
El presidente debe evitar la sobreactuación como sucedió con la ley de tierras. La inviolabilidad de la propiedad privada no necesitaba ninguna ley, el artículo 17 de la Constitución Nacional dice: “La propiedad es inviolable y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley y previa indemnización….”. Lo que debe legislarse es fortalecer estos derechos acelerando los desalojos en los contratos de alquiler por falta de pago o con las usurpaciones. En ese sentido uno de los problemas es la corrupción en muchos registros de la propiedad en provincias con sistemas catastrales desactualizados y pocos confiables al punto que hay casos de altos funcionarios políticos y judiciales acusados de usurpadores.
* El autor es presidente de la Academia Argentina de la Historia.
