Lo ocurrido en Venezuela no es un episodio aislado ni una reacción improvisada. Es la explicitación de una doctrina, informal pero efectiva, que redefine reglas y límites. Trump ha decidido que quien interviene en América Latina, interviene contra Estados Unidos.
Donald Trump festejó la captura de Nicolás Maduro.
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web El 3 de enero de 2026, desde Mar-a-Lago, Donald Trump compareció ante la prensa para confirmar un hecho que ya había sacudido al continente: la detención en Caracas de Nicolás Maduro y de su esposa, en el marco de una operación encabezada por Estados Unidos. Más allá del impacto inmediato del acontecimiento —un quiebre histórico en la política venezolana—, lo verdaderamente revelador llegó después, en el terreno del discurso.
En esa conferencia de prensa, Trump hizo algo más que justificar la acción. Invocó explícitamente la doctrina Monroe y fue aún más lejos: la rebautizó, con su estilo personal, como la “Don-roe Doctrine”. El gesto no fue anecdótico ni una simple provocación retórica. Fue, en realidad, una declaración de principios.
La doctrina Monroe, formulada en 1823 durante la presidencia de James Monroe, nació en un contexto muy distinto. Su enunciado original advertía a las potencias europeas que cualquier intento de colonización o intervención en el continente americano sería considerado una amenaza para Estados Unidos. En su formulación inicial se presentaba como una doctrina defensiva, casi protectora: “América para los americanos”, una expresión ambigua que, desde su origen, identificó a los Estados Unidos como los principales destinatarios de ese “americanismo”.
Con el paso del tiempo, sin embargo, la doctrina Monroe fue mutando. A finales del siglo XIX y durante buena parte del siglo XX, se convirtió en el marco justificatorio de múltiples intervenciones estadounidenses en América Latina, ya no para frenar a Europa, sino para afirmar una hegemonía regional. El ejemplo más elocuente de esa deriva fue la invasión a Panamá en 1989, cuando tropas estadounidenses capturaron al general Manuel Noriega, antiguo aliado de Washington. Aquella operación dejó en claro que la doctrina Monroe ya no era solo una advertencia diplomática, sino una herramienta de acción directa.
En el extremo opuesto de esa tradición se encuentra la doctrina Estrada, formulada por México en 1930. Su principio central es simple y, a la vez, contundente: no intervención y no juicio sobre la legitimidad de los gobiernos extranjeros. Cada pueblo —sostiene— debe resolver sus asuntos internos sin presiones externas. No es casual que hoy sea Claudia Sheinbaum quien la reivindique. La doctrina Estrada forma parte del ADN diplomático mexicano y responde tanto a razones históricas como ideológicas, especialmente frente a la larga experiencia latinoamericana de intervenciones externas.
Lo que distingue al momento actual es que Trump no se limita a resucitar la doctrina Monroe: la reformula y la actualiza. Su versión no se presenta como una reliquia histórica ni como una continuidad institucional elegante, sino como una doctrina pragmática del siglo XXI. Ya no se trata de potencias europeas; los destinatarios del mensaje son otros y están claramente identificados: China, Rusia, Irán y, en general, cualquier actor extrahemisférico que busque influencia política, económica o estratégica en América Latina.
Los ejemplos que Trump suele mencionar apuntan siempre en la misma dirección. La creciente presencia china en infraestructura crítica del continente aparece como telón de fondo constante. En Perú, la participación de empresas chinas en grandes proyectos portuarios sobre el Pacífico. En Argentina, la instalación de un observatorio espacial en la Patagonia, cuya naturaleza civil no ha evitado debates sobre su alcance estratégico. Y, de manera reiterada, las referencias de Trump a la presencia china en torno al Canal de Panamá, no como una cuestión jurídica puntual, sino como un símbolo: para él, cualquier influencia extrahemisférica sobre nodos clave del comercio global resulta incompatible con la primacía estadounidense en la región.
Como era previsible, la operación en Caracas generó una ola inmediata de críticas internacionales. Gobiernos aliados y no aliados, organismos multilaterales y buena parte de la prensa advirtieron sobre el “peligroso precedente” que implicaría la detención de un jefe de Estado extranjero. Se habló de violaciones al derecho internacional y de un retorno a lógicas que se creían superadas.
Nada de eso parece haber sorprendido a Trump. Todo indica que calculó de antemano el costo político y diplomático de la decisión. Pero ese costo, desde su perspectiva, es secundario frente a lo que considera intereses prioritarios de Estados Unidos. Trump ha demostrado que las críticas —incluso las provenientes de aliados históricos o de sectores de su propio gobierno— no condicionan su toma de decisiones. Su lógica es abiertamente pragmática: si una acción fortalece la posición estratégica del país, las objeciones morales, jurídicas o retóricas pasan a un segundo plano.
En ese sentido, la doctrina Trump no busca consenso ni legitimación universal: busca resultados.
El balance es claro. Lo ocurrido en Venezuela no es un episodio aislado ni una reacción improvisada. Es la explicitación de una doctrina, informal pero efectiva, que redefine reglas y límites. Frente a la doctrina Estrada, que propone abstención; frente a un multilateralismo en retroceso, Trump ofrece una lógica directa y polémica: quien interviene en América Latina, interviene contra Estados Unidos.
Habrá quienes lo celebren y quienes lo condenen. Pero una cosa parece indiscutible: con la doctrina Trump, la geopolítica hemisférica ha entrado en una nueva fase, y el mensaje hacia los actores extrahemisféricos ya fue enviado.
* El autor es abogado.