En las sociedades occidentales contemporáneas se despliega una paradoja fascinante: nunca la humanidad había alcanzado niveles tan elevados de prosperidad, longevidad y protección gracias al desarrollo tecnocientífico, pero simultáneamente la preocupación social por la seguridad, la calidad de vida y los riesgos derivados de la tecnología no ha cesado de incrementarse. Esta tensión constituye el núcleo del debate sobre la aceptación social del riesgo, un fenómeno que la Teoría Cultural del Riesgo (TCR), desarrollada por Mary Douglas y Aaron Wildavsky en la década de 1980, ayuda a comprender como construcción social antes que como mero cálculo probabilístico.
El riesgo, conceptualizado tradicionalmente desde la ingeniería y las ciencias de la salud como la probabilidad de materialización de peligros objetivos, encuentra en las ciencias sociales una definición más comprehensiva: peligro más agravio, es decir, la posibilidad de que acciones humanas o sucesos naturales afecten aspectos valorados por las personas. Esta distinción resulta fundamental porque introduce la dimensión subjetiva y cultural en la ecuación. Frente a la prestación de bienes y servicios por parte de industrias ultra seguras —aviación, energía nuclear, medicina de alta complejidad—, la ciudadanía oscila entre la confianza y el miedo, construyendo percepciones mediadas por emociones, creencias y sesgos que frecuentemente divergen de las evaluaciones técnicas.
La TCR propone que la percepción del riesgo no es un acto puramente racional ni individual, sino un proceso cultural que clasifica a los grupos sociales en cuatro categorías: los individualistas, que ven el riesgo como oportunidad y confían en la autorregulación tecnológica; los jerárquicos, que depositan su confianza en expertos y procedimientos; los igualitarios, que perciben el riesgo como injusticia y desconfían de las autoridades; y los fatalistas, que asumen los riesgos como hechos incontrolables y catastróficos ante los cuales solo cabe la resignación.
Esta taxonomía cobra especial relevancia cuando se analiza la brecha entre el riesgo asumido y el riesgo impuesto. Mientras los profesionales de estas industrias —pilotos, médicos, operadores de centrales nucleares— suscriben un contrato implícito de asunción de riesgos basado en conocimiento y entrenamiento, los usuarios —pasajeros, pacientes, comunidades aledañas— experimentan con frecuencia un riesgo delegado o directamente impuesto, sobre el cual poseen escaso control. La relación piloto-pasajero o médico-paciente ejemplifica esta asimetría: por más información que se proporcione mediante consentimientos informados, la capacidad de agencia real del usuario resulta limitada cuando la alternativa a la intervención es la fatalidad.
La Teoría de la Amplificación Social del Riesgo (SARF), desarrollada por Kasperson y Renn, complementa este marco al explicar cómo los riesgos se propagan, distorsionan y amplifican a través de los sistemas socioculturales de comunicación. Los medios masivos, las redes sociales, las instituciones reguladoras y los movimientos sociales actúan como transmisores que interpretan y reemiten la información sobre el riesgo, pudiendo transformar un evento adverso localizado en una crisis de confianza sistémica. En este ecosistema informativo, la credibilidad emerge como recurso estratégico fundamental: atribución social de fiabilidad epistémica y moral que legitima a las instituciones como guardianas ante lo catastrófico.
Frente a este panorama, las organizaciones que operan en contextos de alta peligrosidad enfrentan el desafío de gestionar no solo los riesgos técnicos, sino también las percepciones sociales. Tres ejes de trabajo sinérgico se perfilan como especialmente relevantes: la construcción de una narrativa de seguridad transparente y continua, que reemplace el secretismo por comunicación abierta; la externalización responsable del riesgo, evitando tanto la atribución a factores externos como su naturalización acrítica; y la sacralización de los procesos, entendida como la demostración práctica e innegociable del compromiso institucional con la seguridad.
La gestión de la aceptación social del riesgo implica reconocer que, aunque la tolerancia social tiende a cero frente a las tragedias, es posible construir marcos de confianza mediante la demostración cotidiana de prácticas seguras y la participación legítima de los distintos grupos sociales en los procesos de evaluación y decisión. Como sugiere la metáfora náutica: no se puede eliminar el viento del peligro, pero mediante información clara, trabajo en equipo e instrumentos precisos, la sociedad puede navegar hacia aguas más seguras y evitar el naufragio colectivo.
* El autor es investigador y analista de gestión de riesgos.
