El escenario para 2026 puede sintetizarse como un año de transición con bases más sólidas que el punto de partida pero con costos sociales todavía significativos.
Se espera que el crecimiento económico de Argentina ronde el 3% este año.
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El crecimiento del PIB se ubicaría en torno al 3% anual, la inflación diciembre a diciembre rondaría el 30,5%, las exportaciones tocarían los USD 100.010 millones y el resultado fiscal primario del sector público nacional alcanzaría el 1,4% del PIB. Son números que hace tres años habrían parecido inalcanzables, y que hoy marcan el punto de partida de un debate más exigente: qué se necesita para que esa trayectoria se sostenga y se profundice.
La inflación es quizás la variable que más aleja al país de la consolidación macroeconómica plena. Después de cerrar 2025 en 31,5% annual, el proceso desinflacionario enfrenta en 2026 una serie de obstáculos que lo tornaron más sinuoso de lo proyectado inicialmente. Marzo cerró en 3,4% mensual, impulsado por la corrección de precios regulados —educación, combustibles y transporte público— y por la presión adicional de las carnes, que subieron un 7% en el mes. La inflación núcleo del mismo mes alcanzó el 3,2%, con una tendencia que subió desde el piso de mayo de 2025. Abril habría desacelerado hacia la zona del 2,5%, favorecida por la baja en alimentos estacionales y el congelamiento transitorio del precio de las naftas. Pero esa desaceleración es parcial: la inflación de regulados mantiene inercia, el arrastre estadístico de las subas de nafta de marzo persiste y la inflación núcleo de FIEL en abril se mantuvo en 2,6%, sin mostrar mejora. La proyección de cierre de año converge en torno al 30%, lo que implicaría una desaceleración respecto de 2025 pero en un nivel que sigue siendo elevado y que impide la recuperación del salario real a un ritmo suficiente para dinamizar el consumo interno.
La actividad económica, por su parte, describe una curva de recuperación que durante el primer trimestre de 2026 fue más débil de lo anticipado. El PBI creció apenas un 0,1% trimestral desestacionalizado en ese período, equivalente a un 0,3% anualizado. El EMAE de febrero mostró una caída mensual del 2,6% sin estacionalidad, que solo podría compensarse parcialmente con la mejora de marzo, estimada en torno a un 1% mensual. El arrastre estadístico que el primer trimestre le deja a 2026 es de apenas 1,2% interanual, muy modesto. La recuperación más visible se espera para el segundo trimestre, cuando el impulso de la cosecha gruesa, la acumulación de reservas y las medidas de apoyo a la actividad confluyan en el momento de mayor liquidez estacional del año. Las proyecciones apuntan a un crecimiento del 3% interanual en el segundo trimestre, del 3,6% en el tercero y del 4,2% en el cuarto. El crecimiento agregado del año, proyectado en 3%, será por lo tanto un promedio que oculta una recuperación desigual a lo largo del calendario.
El frente fiscal muestra uno de los logros más sólidos del programa. El gasto primario real del sector público nacional en marzo de 2026 fue un 34,2% menor al promedio de la gestión de Massa entre agosto de 2022 y octubre de 2023, un 31,7% menor al de la gestión de Alberto Fernández en el período post-pandemia y un 26,1% inferior al nivel de los últimos meses de la administración Macri. Esa compresión del gasto es la base sobre la que se asienta el superávit fiscal primario proyectado en 1,4% del PBI para el conjunto del año, en línea con el objetivo acordado con el FMI en la segunda revisión del programa. Cabe señalar que esa proyección fue revisada a la baja a lo largo del año desde el 2,2% que se estimaba en el acuerdo original: la incorporación de medidas de apoyo a la actividad y el comportamiento de la recaudación, que acumula nueve meses consecutivos de caída en términos reales, explicaron ese ajuste.
El frente monetario agrega una dimensión de complejidad que el programa todavía no resolvió. La baja de tasas y la reducción de encajes liberaron algo de liquidez, pero la remonetización de la economía no avanza al ritmo esperado. La base monetaria como porcentaje del PBI retrocedió del 4,8% de agosto de 2025 al 3,8% en abril de 2026. El crédito al sector privado en pesos crece en términos nominales pero se mantiene prácticamente estancado en términos reales. El problema estructural es que el sistema bancario destina el 72% de su capacidad prestable a financiar al Tesoro a través de la compra de Lecaps y otros instrumentos de deuda pública, reservando solo el 28% para crédito al sector privado. Esa asignación, que responde a incentivos de rentabilidad y riesgo perfectamente racionales desde la perspectiva individual de cada banco, genera una consecuencia macroeconómica de primera importancia. El canal de crédito que debería financiar la inversión y el consumo privados está en buena medida obstruido por la demanda de financiamiento del propio Estado.
El tipo de cambio presenta su propia tensión. Con el peso apreciado un 19,3% en términos reales multilaterales desde septiembre de 2025 y un 26,7% respecto del promedio histórico de los últimos 26 años, el tipo de cambio oficial proyectado promedia $1.460 para el año y terminaría en torno a $1.585 en diciembre, lo que implica una devaluación nominal diciembre a diciembre del 9,5%. Esa trayectoria es consistente con la banda cambiaria vigente, pero coloca al sector transable no exportador de recursos naturales en una posición de competitividad reducida frente a la producción importada, lo que presiona sobre la industria y el comercio y explica en parte la heterogeneidad sectorial que caracteriza a la recuperación.
El escenario para 2026, en definitiva, puede sintetizarse como un año de transición con bases más sólidas que el punto de partida pero con costos sociales todavía significativos. El crecimiento del 3%, con un PBI per cápita proyectado en USD 16.795, y la inflación que convergería al 30% diciembre a diciembre representan un avance real respecto de 2023 y 2024. Pero la consolidación genuina del programa requiere que en los trimestres que vienen la recuperación alcance con mayor fuerza a los sectores que concentran el empleo y el consumo popular, que la inflación núcleo muestre una tendencia descendente sostenida y que el crédito privado comience a fluir con más intensidad hacia empresas y hogares. El shock energético global y las medidas de apoyo a la actividad que se desplegó en las últimas semanas aportan algo de viento favorable para el segundo semestre. Si ese impulso se materializa, el año podría cerrarse con una dinámica positiva que mejore el humor social de cara al año electoral.