La reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza de aceptar el tratamiento de un recurso de inconstitucionalidad contra el Departamento General de Irrigación (DGI) abre un debate urgente y necesario, la gestión del agua subterránea. El debate sobre la habilitación de nuevas perforaciones en la subcuenca El Carrizal, en el ámbito jurídico de la provincia, subraya la urgencia de abordar la crisis hídrica con la máxima cautela y rigor técnico. Esta discusión no solo interpela la legalidad de una resolución puntual, sino que refleja un desafío más profundo de cómo gestionar un recurso esencial con información que todavía resulta limitada.
En un complejo escenario, una preocupación subyacente que emerge es la profunda laguna de conocimiento que aún persiste sobre la dinámica de nuestros acuíferos. Como se ha mencionado, "nada se sabe de los acuíferos" con la precisión necesaria para una gestión integrada y segura. Tomar decisiones de tales dimensiones, especialmente aquellas que implican la explotación de un recurso tan finito y fundamental como el agua subterránea, sin disponer de datos adecuados y comprensivos sobre los acuíferos y su relación con las aguas superficiales, es semejante a avanzar sin una brújula que oriente las decisiones hacia un norte sustentable.
Este enfoque, lejos de ofrecer certezas, introduce una incertidumbre considerable. Una acción precipitada podría, en el mejor de los casos, ofrecer un alivio temporal, pero también tiene el potencial de perjudicar gravemente la economía local a largo plazo, al comprometer la sostenibilidad del recurso hídrico que sustenta la vida y la producción en la región.
Este desafío no puede depender únicamente de decisiones políticas. También interpela a todos los sectores de la sociedad. Durante décadas, Mendoza fue ejemplo en la gestión del agua superficial. Hoy, el reto es integrar las aguas subterráneas en una visión de gestión abierta y participativa. No se trata de frenar el desarrollo, sino de garantizar que ese desarrollo no sacrifique un recurso vital y estratégico de la provincia. Sin embargo, esta centralidad en lo superficial ha dejado en penumbra al recurso más estratégico: los acuíferos. El problema es global, pero en una provincia árida como Mendoza, donde el agua subterránea es la verdadera reserva de resiliencia frente a las sequías, esta omisión se vuelve aún más crítica y peligrosa.
Mendoza alberga una notable diversidad de acuíferos que se extienden desde los sistemas fracturados en la cordillera de los Andes hasta los acuíferos clásticos de valles intermontanos, zonas pedemontanas y las vastas planicies orientales. Estos reservorios sostienen manantiales y ecosistemas de montaña, abastecen a poblaciones rurales, significa la única fuente disponible en algunas zonas de oasis irrigado, y representa el respaldo hídrico durante las sequías para todo el sistema productivo provincial. Sin embargo, estas reservas son prácticamente desconocidas, se desconoce su comportamiento y tendencias frente al cambio climático y uso del recurso. Existen acuíferos que muy probablemente enfrentan problemas de sobreexplotación y contaminación, en un contexto donde la información sigue siendo fragmentada y carece de un monitoreo con bases de datos abiertas. Solo conociendo los recursos es posible gestionarlos, así el debate actual podrá transformarse en una oportunidad para construir un futuro hídrico sustentable.
La resolución de la Suprema Corte ofrece una oportunidad para reflexionar sobre la necesidad imperiosa de fundamentar todas las decisiones sobre el uso del agua subterránea con una base científica sólida y una comprensión holística del sistema hídrico. Es esencial que cualquier paso hacia adelante esté respaldado por estudios exhaustivos y una participación ciudadana genuina, garantizando que el futuro hídrico de Mendoza no sea comprometido por decisiones tomadas en la penumbra de la incertidumbre técnica.
* Área de Hidrogeología. Iadiza-CCT Conicet-Mendoza.
