El ataque de la policía de Río de Janeiro contra el Comando Vermelho de esta ciudad es un hecho que trasciende a toda América del Sur. Junto con el Primer Comando de la Capital (PCC), son las dos organizaciones del crimen organizado más grandes y poderosas de Brasil, que es la mitad de América del Sur. Originadas en las cárceles en los años setenta, se fueron extendiendo primero a nivel nacional y luego en el ámbito regional. La presencia de estas organizaciones es creciente en Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia, donde lavan el dinero ilegal, tienen lugares de descanso y evitan una confrontación violenta.
A diferencia de Donald Trump, Lula duda de calificarlas como organizaciones del narcoterrorismo, como han hecho otros países de la región como Argentina y Ecuador. Tomar esta medida implicaría para el gobierno de Lula dejar abierta la puerta a eventuales acciones de Estados Unidos en territorio sudamericano. La operación policial se realizó sólo con fuerzas estaduales (la policía de Río de Janeiro) y sin participación de las fuerzas de seguridad nacionales. El apoyo de la población ha sido muy marcado. Los sondeos muestran que dos de cada tres brasileños están de acuerdo con el uso de la máxima fuerza posible contra las organizaciones del crimen organizado, y en la población de las favelas este apoyo llega al 88%. Es que los sectores más pobres o vulnerables son los que más sufren la acción cotidiana de los carteles brasileños que están dominando el territorio. El operativo fue “quirúrgico” y sin víctimas civiles: aparte de los ciento veinte miembros del Comando Vermelho, fueron muertos cuatro policías y ningún habitante de las favelas ajenos al conflicto.
La acción policial del gobernador de Río de Janeiro tuvo, además del apoyo de la opinión pública, importantes consecuencias políticas a once meses de la próxima elección presidencial. Claudio Castro fue cuestionado por las organizaciones de derechos humanos, pero más del 90% de los ciento veinte muertos tenía antecedentes penales o policiales. También fueron capturadas ciento treinta y tres personas y decomisados noventa y tres fusiles. Pero Castro ha ganado apoyo en la opinión pública. Su “bolsonarismo” es abierto y manifiesto.
El gobernador de San Pablo -que también es partidario del ex presidente detenido- apoyó a Castro y anticipó que prepara medidas similares. La reacción de la opinión pública confirma que el voto de los sectores más pobres ha girado hacia la derecha y este es clave para el mantenimiento de la popularidad del “bolsonarismo”. Frente a esta situación, Lula mantiene una actitud prudente: ni avala ni condena el operativo contra el Comando Vermelho de Río de Janeiro. Al mismo tiempo, su relación con Trump ha mejorado. Por lo menos hay diálogo, aunque no coincidencias. En lo que hace a la Cumbre de presidentes de las Américas, prevista para la primera semana de diciembre en Santo Domingo, el presidente de República Dominicana decidió postergarlo por la inestabilidad regional y los desastres naturales que están teniendo lugar en el Caribe.
Al mismo tiempo, la administración Trump insiste en escalar militarmente el asedio en torno a Venezuela. El presidente estadounidense por un lado sostiene que no habrá una guerra terrestre en Venezuela, pero por el otro afirma que los días de Maduro en el poder están contados. La llegada del portaaviones Gerald Ford -el más poderoso y moderno de los once que tiene en servicio la Armada estadounidense- tiene un carácter tanto diplomático como militar. Se trata de un movimiento muy costoso y que implica sacarlo del Mediterráneo Oriental para llevarlo al Caribe, mostrando que la prioridad de esta región ha aumentado claramente.
Parece definido que la estrategia de Washington es escalar la presión militar para provocar una ruptura de la estructura militar-policial venezolana, que implique la caída de Maduro. Pero esta estrategia no está funcionando, como tampoco lo ha hecho durante las últimas décadas. La inteligencia estadounidense parece no asumir que la formación de los militares y policías venezolanos fue realizada durante más de treinta años siguiendo el modelo cubano.
Pero la región muestra una actitud predominantemente pasiva frente a la probable intervención militar estadounidense en Venezuela. El presidente más progresista de la región, que es Lula, no acompaña la eventual operación militar estadounidense, pero evita una condena firme y liderar una postura regional en contra, como lo hubiera hecho cuando llegó por primera vez al poder hace más de dos décadas. Con pragmatismo, privilegia haber reabierto el diálogo con Estados Unidos en función de los intereses comerciales. México no apoya la actitud estadounidense porque teme una escalada militar de este país sobre su propio país, en el caso de que Trump decidiera que le conviene políticamente. Sólo el presidente de Colombia, Gustavo Petro -recientemente sancionado por Estados Unidos y privado de entrar al país-, condena abiertamente la política estadounidense y apoya la posición venezolana.
Tanto en Venezuela como en Brasil, el narcotráfico -narcoterrorismo para Washington- es un problema central, el que también vincula a Colombia.
* El autor es director del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría.
