El ruido de la topadora tirando abajo una tapera convertida en guarida de delincuentes alivia al vecino. Es una reacción comprensible: ver caer la infraestructura del delito transmite la sensación de que el Estado, por fin, hace algo.
No alcanza con voltear aguantaderos. Detrás del alivio vecinal y la eficacia visual de la pala, persisten grises normativos sobre el destino de los lotes y la contención de los sectores vulnerables.
El ruido de la topadora tirando abajo una tapera convertida en guarida de delincuentes alivia al vecino. Es una reacción comprensible: ver caer la infraestructura del delito transmite la sensación de que el Estado, por fin, hace algo.
La reglamentación de la Ley 9727, que formalizó el Régimen Provincial de Intervención Preventiva Administrativa sobre Inmuebles, le otorga al Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza un marco formal para tapiar, clausurar o demoler de forma preventiva inmuebles abandonados, destruidos o vinculados al submundo del narcomenudeo.
Pero en el entusiasmo de las fotografías de gestión con casco de obra conviene no confundir la extirpación de un síntoma visible con la cura definitiva de la enfermedad. Tirar paredes es relativamente fácil; lo difícil es explicar por qué se permitió que la impunidad se cobijara bajo ese mismo techo durante años y cómo hacer para sostener la presencia estatal tras la demolición.
Es que validar la destrucción de esos aguantaderos como parte de una respuesta efectiva ante el delito no implica dejar de señalar las grietas de una legislación que cojea en su arquitectura de prevención social real.
Un inmueble abandonado que funciona como búnker para la venta de drogas o refugio de delincuentes rompe la paz social, y la norma busca, lógicamente, dar una respuesta concreta a ese flagelo. Pero el derrumbe es la consecuencia material y última del abandono previo, no una genialidad administrativa.
Y ese abandono estructural no es solamente edilicio o producto de un litigio sucesorio eterno en los tribunales civiles. Es también, y fundamentalmente, un profundo abandono social.
Aquí es donde el régimen preventivo recientemente sancionado parece tropezar con los puntos ciegos de la propia ley. Si bien la norma dispone expresamente que la vía administrativa no procederá ante inmuebles ocupados de manera permanente y exige indefectiblemente el paso por la vía judicial tradicional, omite especificar qué ocurre con ese vasto universo de la precarización extrema: aquellos ocupantes temporarios, personas en situación de calle o jóvenes atravesados por consumos problemáticos que pernoctan de manera intermitente en el lugar y que no ostentan una ocupación permanente formalizable ante un juez.
Un ejemplo positivo reciente ocurrió en el barrio Paraguay de Guaymallén, donde tras derribar un aguantadero, el municipio y la Provincia reconstruyeron el Centro Integrador Comunitario con salud y deporte. Si bien allí la articulación provincial y municipal funcionó, ¿esa capacidad de gestión será la regla o la excepción en el resto del mapa mendocino?
¿Qué ocurre cuando la pesada máquina vial apaga finalmente el motor y los escombros de la tapera se asientan sobre el terreno? Si no se diseña en paralelo una estrategia de contención, el problema social no se evapora mágicamente: simplemente se muda unas cuadras más allá, buscando refugio en otro terreno olvidado.
El delito urbano y la vulnerabilidad social profunda se desplazan constantemente, pero no se resuelven a golpes de topadora. Una política de seguridad integral no debería terminar con la pala sobre los escombros; por el contrario, debería empezar ahí.
Por otro lado, la norma mendocina establece que los municipios adheridos se encargarán del tapiado y de la posterior recuperación del entorno. Pero el texto legal tampoco aclara con precisión qué destino real tendrán esos lotes liberados.
Si el Estado no garantiza una pronta reutilización pública del terreno, terminará convirtiéndose en un nuevo punto ciego o en un basural listo para ser reconquistado por el delito.
Por eso, ver el paso triunfal de la topadora como si fuera la derrota definitiva del crimen es una ilusión de corto alcance. La eficacia de una política pública no debería medirse en escombros retirados, sino en la capacidad de construir y sostener presencia donde antes imperaba el abandono.
* El autor es editor de Sociedad - Policiales de Los Andes: [email protected]
