La amenaza del fenómeno climático conocido como el “Súper Niño” no es una abstracción teórica ni una simple advertencia meteorológica de temporada. Mendoza, una provincia esculpida en medio del desierto a fuerza de ingenio, esfuerzo y perseverancia, tiene en su naturaleza una verdad histórica: somos una geografía aluvional.
Y cuando las lluvias estivales irrumpen no piden permiso ni dan tregua. Sin embargo, frente al riesgo inminente de tormentas severas e inundaciones urbanas pronosticadas por el “Súper Niño” para los meses venideros, el peligro mayor no viene del cielo, sino de lo que nosotros mismos arrojamos a la tierra.
En los últimos meses, los operativos de limpieza profunda en colectores aluvionales, canales y zanjones del Gran Mendoza han arrojado una cifra alarmante: más de 2.100 toneladas de basura retiradas del sistema hídrico. Neumáticos, electrodomésticos viejos, colchones, restos de poda y plásticos de todo tipo taponan a diario los cauces que deberían protegernos.
La limpieza del canal Papagayos puede usarse como ejemplo: se realiza mensualmente y, según la Municipalidad de Mendoza, en cada operativo suelen retirarse 120 toneladas de basura.
Son muchos, tal vez demasiados, los que parecen no advertir un efecto boomerang dramático: los residuos que hoy un vecino arroja en la acequia o el zanjón cercano son los que mañana taparán las rejas de contención, desbordarán los canales y anegarán barrios enteros.
Esta postal crítica de los últimos tiempos nos lleva a cuestionar uno de nuestros mitos fundacionales más preciados: el del mendocino limpio, ordenado y celoso de su entorno. Durante décadas nos enorgullecimos de una narrativa provincial moldeada por la cultura del agua, el respeto sagrado por las acequias y el cuidado colectivo de nuestras arboledas.
Pero la acumulación de desechos en la infraestructura pública deja al desnudo un quiebre en esa identidad histórica. ¿En qué momento la acequia dejó de ser el canal de vida del oasis para convertirse en un contenedor a cielo abierto?
Lo que vemos cotidianamente en las calles no es sólo una acumulación de mugre; es el reflejo de una degradación en la convivencia urbana y de una pérdida preocupante de empatía social.
Arrojar basura al cauce implica despreocuparse por completo del vecino de aguas abajo, del comerciante al que se le inundará el local o de la familia que perderá sus bienes en la próxima tormenta. El tradicional orgullo mendocino corre riesgo de quedar sepultado bajo toneladas de indiferencia e irresponsabilidad. Y muy a corto plazo: el próximo verano.
Ante este panorama desalentador, la discusión pública ha tenido que migrar de la recomendación pedagógica a la punición directa. Las campañas de concientización han encontrado un muro en la anomia de algunos, que parecen inmunes al sentido común.
Por eso, el reciente debate legislativo para endurecer el Código Contravencional implica una respuesta de emergencia. Las iniciativas para elevar las multas a montos millonarios, aplicar días de arresto efectivo, exigir trabajo comunitario en la limpieza de los cauces e imponer el pago del costo operativo al infractor marcan un necesario cambio de época. Si el respeto por el espacio común y la memoria de nuestro oasis no alcanzan para frenar el vandalismo ambiental, tendrá que ser el bolsillo el que imponga el límite.
Es que el costo financiero de limpiar constantemente lo que los irresponsables tiran representa sumas dantescas: más de $125 millones por intervención en cauces clave.
La infraestructura aluvional está diseñada para salvar vidas y bienes, no para suplir la falta de educación ciudadana.
Ante la inminencia de un ciclo de lluvias “súper” intensas, la encrucijada es clara: recuperamos el compromiso colectivo con el cuidado de nuestros cauces o nos resignamos a sufrir las consecuencias de nuestra propia negligencia.
* El autor es editor de Sociedad- Policiales de Los Andes. [email protected]