Sería bueno que los adolescentes entiendan que el anonimato que creen tener en las redes sociales desaparece ante la investigación criminal, y que una amenaza difundida en TikTok puede transformarse en un antecedente penal.
En las últimas semanas, una ola de pánico ha recorrido las aulas de todo el país, desde Tucumán y Córdoba hasta Mendoza y Buenos Aires. Lo que para muchos adolescentes comienza como un "reto viral" o una simple inscripción en la pared de un baño, ha escalado hasta convertirse en una crisis de seguridad pública que nos obliga a reflexionar sobre la delgada línea que separa el mundo virtual de la realidad.
Pare ello, es imperativo que nuestros jóvenes comprendan una verdad incómoda pero necesaria: las amenazas de tiroteos no son bromas, son delitos con consecuencias permanentes.
La magnitud del fenómeno es alarmante. Sólo en la provincia de Mendoza, el protocolo por amenazas de armas de fuego se activó en 230 establecimientos en un periodo brevísimo, afectando al 30% de los edificios escolares.
Esta situación no terminó en una simple reprimenda; se han abierto causas contra 25 adolescentes, de los cuales seis ya fueron imputados por la Justicia por "intimidación pública".
Por eso, sería bueno que los adolescentes entiendan que el anonimato que creen tener en las redes sociales desaparece ante la investigación criminal, y que un mensaje de odio o una amenaza difundida en TikTok puede transformarse en un antecedente penal que marcará su futuro.
El costo de estas acciones no es sólo legal, sino también institucional y humano. No podemos ignorar el enorme despliegue de recursos, tanto policiales como pedagógicos, que se requieren para atender cada incidente. En Mendoza, el Gobierno reportó más de 700 intervenciones ante consultas de directivos y docentes, con 418 profesionales activos trabajando directamente en las escuelas para contener el pánico.
Cada vez que un adolescente decide seguir una "tendencia" de intimidación, está malgastando recursos públicos críticos y afectando la salud mental de toda una comunidad educativa, que se ve forzada a vivir en estado de alerta.
Ante las amenazas, muchos padres optaron por no enviar a sus hijos al colegio. En otros casos, los propios estudiantes pidieron no asistir a los establecimientos, con la consecuente pérdida de días de clases. El temor también invadió a docentes y no docentes en las escuelas mendocinas. Lógico: los antecedentes de estos hechos en otras provincias reavivaron un miedo tangible.
Sin embargo, el problema no nace en las aulas, sino en las pantallas. Entonces la llamada alfabetización digital crítica debería convertirse en una prioridad. No se trata de prohibir el uso de la tecnología, sino de enseñar a los jóvenes a "leer" lo que las redes difunden y a entender que lo viral tiene impactos concretos en el mundo real.
La escuela tiene el desafío de ser el lugar donde se aprenda a actuar con responsabilidad digital, pero este esfuerzo será estéril sin el acompañamiento decidido de las familias.
Como bien marcan especialistas, la educación en el hogar es el primer filtro contra estas conductas. Por eso es preocupante observar casos donde los propios padres, lejos de frenar estos impulsos, terminan involucrados, como la madre imputada por instigar a su hijo a llevar una réplica de arma de fuego a la escuela.
Los progenitores deben saber que, aunque sus hijos sean menores, ellos pueden responder penalmente por estas conductas, además de enfrentar sanciones escolares severas, como la pérdida de la totalidad de los puntos de convivencia o la expulsión, como ocurrió en el colegio Santa María Goretti, en Luján de Cuyo.
Como la propia Dirección General de Escuelas recomienda, para erradicar estos comportamientos, padres y educadores deben adoptar lineamientos claros de acompañamiento y establecer puentes emocionales. Generar confianza antes de intentar corregir ya que, como advierten psicólogos y psicopedagogos, sin un vínculo sólido cualquier consejo será visto como una imposición.
Ayudar a los adolescentes a dar nombre a lo que sienten y a reconocer su propio "termómetro" emocional es otra de las recomendaciones para las familias. Y prestar atención a señales de alerta, estar vigilantes ante cambios atípicos de comportamiento en los chicos, que pueden indicar crisis de salud mental.
Por último, sería sano adoptar una comunicación sin juicios; enseñarles a los adolescentes que pueden pedir ayuda sin ser sermoneados, respetando su confidencialidad y reforzando sus logros.
La adolescencia es una etapa de experimentación, pero no puede ser una zona liberada para el delito. Y no se puede llamar "travesuras" a actos que siembran el terror. Lo virtual tiene consecuencias reales, que ya están golpeando las puertas de nuestras casas y escuelas.
* El autor es editor de Sociedad y Policiales de diario Los Andes. [email protected]
