La estrategia de licuar gasto público se va agotando, y las erogaciones provinciales vienen creciendo desde el año pasado. Un acuerdo de coordinación fiscal entre la Nación y las provincias es la herramienta para evitar que este proceso se agrave. Ya van dos años de disciplina fiscal, pasando de crónicos y altos déficits fiscales a superávits financieros de 0,3% y 0,2% del PBI, respectivamente, en 2024 y 2025. La situación se mantiene en los dos primeros meses de 2026. La base de esta recomposición de las finanzas públicas nacionales fue la fuerte reducción del gasto público real en 2024 y su mantenimiento en 2025 y en lo que va de 2026. La situación de las provincias es más difícil por las limitaciones y demoras en la difusión de información (el Ministerio de Economía todavía no pudo recopilar la información correspondiente al cuarto trimestre de 2025).
Si bien es cierto que en el marco del régimen federal las provincias son autónomas y responsables de las consecuencias de sus decisiones, la transparencia en la difusión de información sobre las finanzas públicas es de alta trascendencia. No obstante, las tendencias en el gasto público provincial pueden trazarse con la información de los tres primeros trimestres de cada año para 23 provincias.
Según el Ministerio de Economía de la Nación y tomando los cambios en los principales componentes del gasto público provincial, surge que el gasto en personal bajó en el 2024 un 19% y subió en el 2025 un 10%. El gasto previsional, por su parte, bajó en el 2024 un 17% y subió en el 2025 un 14%. Y, por último, la inversión pública bajó en el 2024 un 52% y subió en el 2025 un 38%. En efecto, en 2024 las provincias ajustaron sus cuentas públicas licuando el gasto en un contexto de alta inflación, especialmente, en los primeros meses de ese año. Pero a medida que la inflación baja, el proceso se revierte. La tendencia hace pensar que muchas provincias cerraron 2025 con déficit y que, de no mediar cambios ordenadores en las cuentas públicas provinciales, 2026 será un año de déficits.
La experiencia de los últimos años de la convertibilidad mostró que los desequilibrios provinciales, cuando se generalizan y son persistentes, impactan en la macroeconomía. De incidencia inmediata son los obstáculos que esta dinámica negativa en las finanzas públicas provinciales impone sobre la competitividad. Con una situación fiscal débil, lo más probable es que en lugar de avanzar en la eliminación de Ingresos Brutos, el impuesto de Sellos y las tasas sobre las ventas municipales, la tendencia sea a que estas imposiciones aumenten.
Es clave un cambio de estrategia que promueva un profundo ordenamiento del sector público. En particular, un acuerdo de coordinación fiscal entre la Nación y las provincias permitiría:
- Establecer criterios más precisos y claros en la asignación de responsabilidades y potestades tributarias.
- Eliminar solapamientos, tanto de tributos como de gastos.
Los acuerdos deberían incluir también la coordinación para abordar el ordenamiento previsional, un componente del gasto de carácter desestabilizante para la Nación y para la mayoría de las provincias. En resumen, preservar el equilibrio fiscal y aumentar la competitividad son fundamentales para el éxito del programa económico. Pero ello no se logra únicamente con cambios a nivel nacional. Hay que involucrar a los tres niveles de gobierno.
