Lo paradójico es que las posiciones, “estatistas” y “liberales”, parten del supuesto compartido de la existencia de un aparato estatal que funciona, conducido por Gobierno de turno, como implementador de regulaciones o como productor de bienes y servicios que “la política” decide, con lógicas organizacionales racionales, cuando los resultados indican que el Estado argentino, en todos sus niveles e instancia, desde hace ya tiempo, está desarticulado –“desecho”- y ha perdido capacidad de producir los servicios, bienes y regulaciones demandados por la sociedad.
Ese es el marco para evaluar los resultados de la gestión pública y las manifestaciones creciente de malestar con el Estado, muchas veces a alimentadas por posiciones extremas. Las “estatistas”, asentadas en relatos poco creíbles sobre las bondades del “Estado presente” y los llamados a “militarlo”; las “liberales”, con discursos simplistas atribuyendo todas las dificultades a la intervención estatal o la expansión del gasto y el empleo público.
Para evitar esas simplificaciones sería necesario precisar, como cuestión previa, que la presencia del Estado, a través de sus diversos mecanismos institucionales y regulatorios es necesaria e imprescindible para el desarrollo y mantenimiento del capitalismo y de la democracia. Que esa intervención debe ser la adecuada a las condiciones específicas de cada sociedad y etapa de desarrollo.
En nuestro caso, la evidencia histórica muestra que los modos de intervención fueron distintos para la etapa primaria exportadora que se cerró en los 30′; de los que requirió el periodo del capitalismo autónomo nacional que entró en crisis en los 70′; de los que demandó la posterior etapa de internacionalización, así como los que serán necesarios ahora, con una sociedad más compleja, en un mundo más fragmentado.
Por ello el debate y la búsqueda de consensos deben dar respuestas a las preguntas sobre los modos más aptos de intervención y regulación estatal, sobre las instituciones y organizaciones adecuadas para hacer más eficiente la presencia estatal, dejando de lado las consignas que sólo ayudan a la deslegitimación de lo público.
Para avanzar en ese camino se hace imprescindible identificar los problemas estructurales y de mayor complejidad que atraviesan de manera horizontal y vertical al Estado en todos sus niveles. Problemas que involucran, además de temas fiscales y asuntos de tipo penal o éticos, cuestiones políticas, sociales, organizacionales, ideológicas y culturales profundamente enraizadas en las organizaciones estatales y en todas las clases y grupos sociales.
Uno de los problemas relevantes es el conocido como “patrimonialismo”, que llevó al Estado argentino a lo largo del tiempo, aceleradamente a partir de los 70′, a quedar apropiado/cooptado por las más diversas corporaciones o grupos de intereses de carácter empresarial, sectorial, regional, confesional o gremial, las que, por medio de instrumentos normativos de distintos rangos se generaron beneficios, protecciones, regulaciones puntuales o se asignaron recursos y privilegios.
Corporaciones que además de la cooptación de espacios estatales preexistentes y de los instrumentos normativos adecuados, propiciaron la creación de múltiples instancias organizacionales, como Secretarias, Direcciones, Entes Autónomos y Autárquicos, Sociedades Estatales, Fundaciones, Mutuales, Cooperativas, Fideicomisos, Universidades, Programas Especiales, etc. para gestionar el acceso a privilegios o a los recursos.
Todo ello fue generando complementariedades, complicidades y un entramado de intereses cruzados entre esos grupos y corporaciones, los actores que como conducciones políticas o como empleados del Estado gestionan las organizaciones, las representaciones gremiales, los proveedores y los clientes/usuarios de los servicios y las prestaciones. Entramado que condujo a la situación actual en la que una buena parte del aparato estatal y de los recursos públicos que circulan por él, estén “controlados” y “defendidos” por una compleja red integrada por esos actores.
Es por ello que poco aportan a la solución del problema, más allá de los discursos, las propuestas centradas en “disminución del tamaño” del Estado o al “combate” a la corrupción; o desde otras perspectivas las que se focalizan en su ampliación - “Estado presente”- y en el control de sus organizaciones “militándolas”.
Las salidas se deben buscar partiendo de las complejidades señaladas, “liberando” a los aparatos estatales, de todos los niveles, de la apropiación patrimonialista que les ha hecho perder progresivamente su carácter público, dejándolos sin capacidades para expresar/gestionar los intereses generales, para que puedan cumplir con el rol necesario e imprescindible de articulador entre lo privado y lo público.
Rol que solo puede cumplir el Estado si cuenta con una Administración Pública sólida, con suficientes capacidades de gestión para regular y orientar los mercados locales y la interrelaciones con los mercados externos. Además, de contar con instrumentos de gestión aptos para también regular y resolver los conflictos y para producir los bienes y prestar los servicios, que las decisiones políticas democráticas le requieran.
Capacidades que el Estado no posee o están deterioradas, por lo que para iniciar un proceso para su recuperación se necesita, por un lado, de un amplio consenso social que lo reconozca y legitime, haciéndolo portador de la identidad y aspiraciones colectivas de los principales actores sociales de nuestro tiempo; y por otro, del fortalecimiento de sus capacidades de gestión, consolidándolo como una Burocracia Estatal moderna, con cuadros con elevado nivel profesional, con un profundo compromiso con lo público y con altos estándares y valores éticos. Además de disponer de los instrumentos requeridos para la gestión, de las mejores tecnologías existentes -las duras y las blandas- y de los recursos que cada tarea específica demande.
Con estas premisas se puede abordar la cuestión del Estado como parte de la solución y no sólo de los problemas. Ello llevaría a centrar el debate en los roles y modalidades de intervención estatal con criterios realistas y sin prejuicios ideológicos y en la búsqueda de opciones para el desmantelamiento de maraña de intereses cruzados, tejida en la enredada normativa que la legaliza. Para desde allí avanzar en la restructuración/transformación/eliminación de las instituciones y organizaciones, que sirven para gestionar el entramado patrimonialista.
La tarea será ardua, con muchos obstáculos, por múltiples Entre otras, porque esos grupos e intereses, se cobijan en discursos engañosos, algunos profundamente arraigados en el “sentido común” de nuestras sociedades y dirigencias. Discursos grandilocuentes, adecuados a cada momento, pero que expresan intereses permanentes de facciones y grupos de privilegio, como los de la defensa de la “industria nacional”, de las “producciones y las culturas regionales”, del “empleo local”, del “federalismo”, de la “soberanía nacional”, de las “creencias y tradiciones mayoritarias”, entre muchos otros.
También hay discursos que expresan sentimientos con orígenes genuinos y conquistas legítimas, que deberían seguir siendo parte de los “consensos nacionales”, como los de la defensa de la Educación y de la Salud Pública o los de la defensa de los Derechos Humanos, pero que muchas veces han sido utilizados para crear o preservar nichos de privilegio.
Otro de los obstáculos a remover es la escasa transparencia sobre los procesos que transitan por Estado y en la opacidad en el manejo recursos públicos. Por lo que dar el debate amplio sobre estas cuestiones en la sociedad y la discusión específica sobre cada tema en las respectivas organizaciones estatales y con cada sector, para enfrentar y superar los obstáculos será una tarea decisiva y tendrá que ser coherente y continua para que tenga éxito.
Paralelamente, el foco debiera estar puesto en la búsqueda de instrumentos de gestión aptos para diseñar, gestionar y evaluar los resultados de las políticas públicas relacionadas con los roles indelegables del Estado y que se consideren estratégicas para el momento por el atraviesa la sociedad.
Identificadas esas políticas y las instancias gubernamentales encargadas de su gestión habrá que focalizar todas las acciones en el cambio y el fortalecimiento de organizaciones responsables de su gestión, sin prejuicios ideológicos, de la manera más abierta y transparente posible, sacándolo del tironeo “intramuros”, con todos los instrumentos disponibles evitando en lo posible la dispersión de esfuerzos en múltiples frentes, involucrando a todos los sectores sociales, políticos y organizacionales interesados o relacionados con cada tema.
Transitando por ese complejo y difícil sendero, es posible que el Estado argentino deje paulatinamente de ser percibido por la sociedad como el origen y causa de todos sus problemas y pase a considerarlo como parte de las soluciones.
+El autor es Abogado (UN Córdoba) Master en Administración Pública (CIDE-México). Docente Grado y Posgrado, en Argentina y México. Fue Investigador del CIDE, INAP y CONICET. Compiló Libros y publicó artículos sobre Descentralización y Cambios en las AP en varios países. Ex-Ministro de Coordinación, Secretario de la Función Pública y Asesor del Gobierno de San Juan. Coordinador Nacional del Programa de Reforma Administrativa de las Provincias BIRF/BID. Ha sido Director del Instituto de Capacitación y Gerente de Personal del Banco Nación. Consultor y Docente de Posgrado. Socio AAEAP.
