El mundo de la universidad ha estado tradicionalmente poblado de símbolos, ritos, ceremonias y jerarquías. Esta característica se deriva tanto de su origen como de su naturaleza. Su origen es europeo-medieval, por lo que su configuración organizacional remite al universo eclesiástico. Por su naturaleza se trata de una institución que tiene como fin el saber, el conocimiento, razón por la cual tiene particular necesidad de procedimientos, referencias y jerarquías que marquen la diferencia entre quienes ya lo poseen y quienes han llegado recién a procurárselo.
De ahí deriva el concepto de grado, que expresa un nivel o medida. Graduarse supone adquirir cierto nivel o medida de conocimientos y habilidades. En las universidades estadounidenses existen categorías incluso para los estudiantes de grado: freshman, sophomore, junior, senior, según el año que estén cursando.
El grado supremo al que puede aspirar un universitario es el de doctor: literalmente «el que hace docencia», el que enseña. Expresa un grado de conocimiento, no un cargo en una cátedra ni un tipo responsabilidad institucional en la estructura académica. Originariamente se otorgaba ese tratamiento a los grandes maestros, a aquellos que habían realizado una importante labor de enseñanza. Era un reconocimiento de madurez académica. Tomás de Aquino, uno de los más grandes filósofos y teólogos, fue distinguido por la Iglesia como Doctor Angélico.
Al principio, el grado de doctor se obtenía promediando la trayectoria académica: los viejos profesores preparaban un trabajo de investigación original e inédito, que era la vez culminación y plenitud de su saber. Era una instancia avanzada en su labor de docencia e investigación.
Después, se convirtió en requisito para iniciar la carrera académica, realizándose a continuación de la finalización de los estudios de grado. La idea es llevar a cabo una investigación profunda sobre un tema inédito que demuestre habilidades en ese campo de la actividad académica. Resulta curioso que en su evolución reciente el grado de doctor no reconozca ya los méritos en docencia, aunque en algunos países sigue atribuyéndosele algo de relevancia.
Se inició así la era de los posgrados, su estandarización y su producción en serie. Maestría para quienes buscaban desempeñarse en el mundo de las profesiones liberales y técnicas, doctorado para quienes optaban por el mundo académico.
Una vez estabilizado el grado de doctor, el mundo académico ideó una forma de distinguir a aquellos profesores o investigadores de otras instituciones que habían destacado por sus méritos académicos o científicos: aparecieron así los doctorados honoris causa, “por causa del honor”.
Con el tiempo el doctorado honoris causa sirvió para otros fines. Las universidades no solamente premiaban académicos destacados sino también manejaban relaciones institucionales con mundos no académicos, como la política, la cultura, las artes o la acción social. Usualmente se seguía un procedimiento institucional riguroso, que evitaba que el doctorado fuera concedido a personas que no lo merecían. El prestigio de la universidad estaba en juego. Actualmente es un trámite rutinario bastante menos exigente que antaño. Incluso en ocasiones se evitan los comités de evaluación, que son las que analizan los antecedentes.
La universidad argentina, por su parte, ha recibido su impronta institucional de un proceso que se conoció como Reforma Universitaria de 1918. En sus orígenes los reformistas concibieron la misión de la universidad como un foco de irradiación revolucionaria. Aquellos agitadores fracasaron en su intento, pero una de las herencias más perdurables del reformismo fue la faccionalización de la universidad, su uso y manipulación en proyectos políticos partidarios. Es algo que se vio recientemente en el encolumnamiento de muchas universidades nacionales tras la fórmula electoral Massa-Rossi en 2023 y hoy en la estrecha vinculación que existe entre las autoridades de la UBA y la conducción del radicalismo de CABA.
Hay otro aspecto a tener en cuenta en relación con el reformismo, que es una ideología estudiantil aplicada al gobierno de la universidad. El universitario argentino promedio cree que las formas no interesan, que lo que importa es el contenido (o el fondo), y no se da cuenta de que lo único que hace es presentarse a sí mismo en formas degradadas, cuando no desagradables: ignora que no se llega al fondo o al contenido de nada ni de nadie si no es a través de formas. Lamentablemente, los usos y costumbres de las universidades públicas no enseñan la delicadeza en el trato, sino todo lo contrario: es un ámbito en el que se han perdidos esos recursos distintivos de la cortesía y las formas refinadas, en beneficio de un aparente igualitarismo y una llaneza en el trato que resulta grosera y vulgar. En la universidad pública argentina es frecuente el destrato, y donde se ve de modo más cruel es en la forma que tiene de expulsar a los docentes jubilados, a quienes se saca de encima como si fuesen una presencia molesta. Es horrible.
En ese contexto es relativamente frecuente que los premios y las distinciones no se asignen con verdadero celo, cuidando el prestigio institucional que se pone en juego, y sean meros instrumentos del posicionamiento de las universidades respecto del gobierno, para establecer vínculos o marcar diferencias con el oficialismo de turno. Recuérdese por ejemplo el doctorado honoris causa a título póstumo, otorgado en 2017 por la UNLa al Comandante Hugo Chávez. Tiempos de militancia opositora.
En la actualidad el Gobierno y las Universidades Nacionales se hallan en una situación de duro enfrentamiento, mucho más duro que el que se dio durante el gobierno de Macri. De un lado se acusa a las universidades de manejos financieros poco claros, opacidad, discrecionalidad e ineficiencia en el uso del presupuesto. Las universidades por su lado acusan al gobierno de asfixiarlas a través del desfinanciamiento, congelando los salarios y asignándoles recursos cada vez menores.
Durante el presente año se dio el conflicto sobre la ley de financiamiento universitario, que fue aprobada, vetada, vuelta a votar, nuevamente aprobada y se intentó derogar infructuosamente, pero que no tiene hasta ahora aplicación efectiva.
En ese contexto se comunicó la decisión de la UBA de otorgar el doctorado honoris causa al Carlos Alberto Solari, más conocido como el Indio, de profesión músico, fundador y líder de una de las bandas más importantes del rock argentino, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Parecen fuera de cuestión los méritos del Indio a recibir el galardón del doctorado honoris causa, dentro de los antecedentes mencionados, claro.
(Un comentario personal sobre los Redondos: los descubrí a principios de los 90, en mis veintes, pirateé sus discos, después compré su discografía oficial completa. Dejé de escucharlos unos diez años después, como me ha pasado con otras bandas. Es un consumo generacional.)
Sin embargo, su trayectoria en las artes y la cultura no parece ser el criterio principal por el cual se le concede el doctorado honorífico, sino la pertenencia a un círculo de celebridades populares identificado con el llamado campo nacional y popular, y que con cierta disposición de su parte se ha puesto en la vereda de enfrente del gobierno de Milei. Otros miembros serían Juan Román Riquelme, Lali Esposito, Alejandro Dolina, el Papa Francisco.
El objetivo de la UBA no sería reconocer los méritos de Solari sino principalmente confrontar con el gobierno. La pregunta es si estos gestos y manifestaciones son realmente eficaces, pertinentes. Durante décadas la universidad pública ha gozado de un prestigio social sin objeciones. Por primera vez en la historia, una parte de la sociedad cuestiona ese prestigio, le exige resultados, eficiencia institucional y una función social que quizá no esté cumpliendo del todo bien.
¿Constituyen estas bravatas una conducta institucional madura, a la altura de las circunstancias? ¿Es la respuesta que debe dar, la que la sociedad espera y merece?
La universidad debería saber que el prestigio, en una sociedad dinámica en la que los cambios se aceleran de forma constante, nunca debe darse por definitivamente ganado. Hasta la década de 1970 el prestigio de las Fuerzas Armadas se mantuvo prácticamente intacto. Hasta la década de 1990 la Iglesia disfrutó de una aceptación social sin mayores discusiones. Lo mismo le sucedió a la justicia hasta entrados los 2000. Los medios de comunicación han perdido en los últimos años buena parte de su ascendiente e influencia social, sobre todo desde la pandemia de 2020. Hoy vemos cómo el prestigio de la AFA se está cayendo a pedazos.
No es que ninguna de estas instituciones no tuviera serios problemas en el pasado.
Pero cuando el prestigio social se pierde, es muy difícil recuperarlo.
* El autor es profesor de filosofía política.
