Abra cualquier red social. En pocos minutos encontrará a alguien recomendando un medicamento, interpretando síntomas, prometiendo una cura o desacreditando un tratamiento. Encontrará médicos opinando fuera de su competencia, periodistas simplificando patologías complejas, influencers vendiendo suplementos con el aval de su experiencia personal, y creadores de contenido que acumulan millones de vistas explicando “lo que los médicos no te cuentan”. Esto no es un fenómeno menor ni una simple consecuencia de la libertad de expresión digital. Es un problema sanitario documentado, con impacto real sobre la conducta de los pacientes.
La Organización Mundial de la Salud le dio nombre durante la pandemia: infodemia. La definió como la sobreabundancia de información, verdadera y falsa, que dificulta encontrar orientación confiable en salud. La evidencia acumulada desde entonces es clara: la desinformación sanitaria puede producir daño, disminuir la adherencia a medidas preventivas, erosionar la confianza en los profesionales y favorecer decisiones clínicas inseguras. En Irán, durante la pandemia de COVID-19, centenares de personas murieron por ingerir metanol creyendo que podía protegerlas del virus. La creencia se difundió mediante rumores y publicaciones virales. Miles más fueron hospitalizadas. No se trata, entonces, de un debate abstracto sobre opiniones: se trata de conductas inducidas por información falsa o engañosa.
El daño tampoco requiere una pandemia para manifestarse. Ocurre todos los días, en consultorios de todo el país, cuando un médico enfrenta a un paciente que abandonó su medicación antihipertensiva porque escuchó que los fármacos “envenenan el hígado”, o cuando una persona posterga una quimioterapia indicada porque en redes le prometieron una cura natural.
El problema no es la tecnología. Es la ausencia de límites claros, controles eficaces y responsabilidad proporcional.
Nuestra legislación ofrece respuestas parciales, pero insuficientes para el ecosistema digital. El artículo 208 del Código Penal sanciona el ejercicio ilegal de la medicina, incluyendo curanderismo, charlatanismo y préstamo de nombre. La Ley 17.132 reserva el ejercicio médico a profesionales habilitados y comprende no solo la prescripción, sino también la indicación, el asesoramiento y la intervención sobre diagnóstico, pronóstico y tratamiento. La ANMAT actualizó en 2025 sus normas de publicidad dirigida al público, incluyendo medios digitales, para productos de impacto sanitario.
¿Por qué? Porque muchas conductas digitales quedan en zonas grises. Cuando un influencer con dos millones de seguidores describe su “protocolo personal” para bajar el colesterol, sin prescribir formalmente nada, puede influir más que una consulta médica. Cuando un programa periodístico presenta a un supuesto “especialista en medicina cuántica” como equivalente a un cardiólogo certificado, instala una falsa simetría. Cuando un médico diagnostica en vivo por Instagram fuera de una relación asistencial, la responsabilidad deontológica existe, pero los mecanismos de respuesta suelen ser lentos, dispersos y de bajo impacto público.
Hay además una dimensión ética que trasciende lo jurídico.
La bioética sostiene cuatro principios rectores de la práctica sanitaria: no maleficencia, beneficencia, autonomía y justicia. Todos pueden ser vulnerados por la desinformación médica. La autonomía del paciente, reconocida por la Ley 26.529, requiere información clara, suficiente y adecuada. Una decisión tomada sobre información falsa no es plenamente libre. La justicia distributiva también se afecta, porque las personas con menor alfabetización sanitaria, menor acceso a fuentes confiables y mayor dependencia de redes sociales quedan más expuestas al daño.
Para los profesionales de la salud existe, además, una exigencia deontológica específica: actuar dentro de los límites de la competencia acreditada, comunicar con prudencia, fundar las afirmaciones en evidencia científica y evitar que la autoridad profesional sea usada para confundir, vender o manipular. En el espacio público digital, la condición de médico no desaparece. Un posteo, una entrevista o un video pueden no ser una consulta, pero sí pueden producir efectos sanitarios. Por eso, las instituciones médicas tienen la responsabilidad ética de intervenir cuando circula información falsa o engañosa con capacidad de daño colectivo.
¿Qué se requiere?
Primero, voluntad política para legislar. Argentina necesita una regulación específica sobre contenido sanitario en plataformas digitales, que distinga información, opinión, publicidad, testimonio personal, recomendación terapéutica y ejercicio profesional encubierto. Esa norma debe proteger la libertad de expresión, pero también establecer responsabilidades para quienes emiten, amplifican o monetizan mensajes sanitarios falsos o peligrosos.
Segundo, responsabilidad de los medios. Presentar a un “naturista” o a un vendedor de tratamientos sin evidencia como fuente equivalente a un especialista certificado no es pluralismo informativo: es desinformación con amplificador institucional.
Tercero, acción del sistema médico. Colegios, federaciones, consejos deontológicos, universidades y sociedades científicas tienen el mandato ético de proteger a la comunidad del ejercicio indebido de la medicina y de la comunicación sanitaria irresponsable. Ese mandato ya no se agota en el consultorio: alcanza también al espacio digital.
La salud no es una opinión. El diagnóstico no es una narrativa. El tratamiento no es una tendencia. Son actos y decisiones que exigen formación, acreditación, responsabilidad y evidencia. Defender estos principios no es corporativismo médico. Es proteger a la sociedad.
Las instituciones médicas de Mendoza y de la Argentina estamos dispuestas a liderar este debate. El tiempo de esperar ya pasó.
* El autor es profesor universitario UNCUYO. Presidente del Honorable Consejo Deontológico Médico de Mendoza. Secretario de Asuntos Universitarios – Conf. Med. Rep. Argentina COMRA.
