La Ley de Modernización Laboral tiene como objeto reducir la litigiosidad espuria y los distorsivos mecanismos utilizados para la actualización de los créditos laborales. Dentro de las instituciones laborales, uno de los factores más distorsivos es la disparidad de metodologías que aplican los jueces laborales para actualizar los montos de las indemnizaciones. Algunos aplican índices de salarios, otros tasas bancarias, otros inflación y, muchas veces, les suman puntos porcentuales al índice o tasa de interés elegido. A esto se agrega el método de cálculo de la actualización. Algunos utilizan el cómputo simple consistente en la suma de las variaciones diarias del índice elegido. Pero en otros juzgados se aplica el cómputo compuesto, es decir, la capitalización de las variaciones diarias del índice elegido.
La Ley de Modernización Laboral establece un doble criterio para la actualización. Para los nuevos juicios se aplicará inflación más un 3% anual y para el stock la tasa de interés bancaria pasiva que determine el Banco Central, con un tope de inflación más 3% y un piso del 67% del tope. Pero la ley no establece si su aplicación es con cómputo simple o cómputo compuesto. No obstante, el BCRA puso a disposición una calculadora de intereses para juicios laborales aplicando el cómputo compuesto.
Por cada $100 de diciembre del 2022, los montos actualizados, a diciembre del 2025, serían de $280, vía computo simple. Usando el cómputo simple y el piso y tope de la Ley de Modernización sería $367. Y si aplicamos el cómputo compuesto,que usa el BCRA, el resultado da $766. En pocas palabras, la aplicación del cómputo compuesto que hace el BCRA da un monto que casi triplica el que resulta del cómputo simple y duplica el cómputo simple con el piso y tope de la Ley de Modernización Laboral. La diferencia, según el método, atenta contra uno de los objetivos de la Ley, que es homogeneizar criterios y moderar impactos.
El problema radica en una diyuntiva entre el Código Civil y Comercial y la técnica financiera para el ajuste de capital. El artículo 770 del Código Civil y Comercial prohíbe aplicar intereses sobre intereses. Sin embargo, en el mismo artículo luego estipula que, en caso de juicio, se aplica cómputo compuesto. Por su parte, la técnica financiera para el ajuste de capital define que los intereses generan intereses en la medida que hayan sido devengados y no cobrados, que es la capitalización de intereses. Pero la Corte Suprema se pronunció en favor del cómputo simple.
En un escenario de acumulación de juicios laborales por una larga historia de litigiosidad espuria, demoras de tribunales en los juicios e inflación, esto tendrá costos sociales. Aunque el cómputo compuesto es la opción más consistente desde el punto de vista financiero, en las actuales condiciones implica generar pasivos de cumplimiento imposible.
En definitiva, cuando la litigiosidad es sistémica, aplicar el criterio técnicamente más consistente vuelve impagable el pasivo, con consecuencias sociales muy costosas. No solo porque pone en situación crítica a muchas empresas, sino también al sistema de riesgos del trabajo. Si las ART entran en crisis de manera generalizada es el Fondo de Reserva, administrado por el Estado, el que tendrá que pagar los juicios.
*El autor es es profesor de la Universidad del CEMA
