Crece el contrabando de alimentos en Argentina y alerta al sector. Impacto económico, riesgos sanitarios y falta de controles en debate.
Sin controles estatales, el daño afecta a toda la cadena productiva.
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Parece de película, pero no lo es. Hace ya un tiempo que los empresarios han comenzado a manifestar su preocupación por el contrabando. Tradicionalmente, los productos tecnológicos encabezaban este tipo de denuncias. Sin embargo, en los últimos meses se han sumado los alimentos, generando un nuevo foco de conflicto.
Hace menos de un mes, un usuario en redes sociales descubrió que el vino súper premiado que había comprado era, en realidad, una falsificación. Pero lo importante no es solo el perjuicio económico para las compañías, sino también el riesgo sanitario que representan los productos falsificados o de contrabando, y cómo pueden afectar directamente la salud de los consumidores.
No es grato recordar los casos del propóleo Huilén o de los vinos Soy Cuyano y Mansero, ocurridos en los años 90. En esas situaciones, los controles fallaron estrepitosamente, y los responsables de comercializar productos adulterados se cobraron la vida de decenas de personas en su afán por aumentar sus ventas, sin medir el impacto sobre quienes los consumían.
Desde una mirada industrialista, el daño no se limita a una sola marca: ambas industrias, la alimentaria y la vitivinícola, sufren como bloque las consecuencias del accionar delictivo de estos inescrupulosos. En el caso del vino, el golpe fue especialmente cercano a nuestra región. Cuando este tipo de problemas ocurre, se daña toda una categoría de productos: caen en la misma bolsa quienes hacen las cosas bien y quienes actúan de forma ilegal, afectando la reputación y sostenibilidad del sector en general.
Nadie quiere imaginar qué podría ocurrir si uno de estos productos adulterados termina afectando la salud de un consumidor. El impacto podría destruir años de trabajo de toda una cadena productiva.
Por eso, en un contexto de discusión sobre flexibilización del Estado, es imoorante no dejar de lado su función esencial: garantizar controles eficaces que aseguren la inocuidad de lo que consumimos.