El éxito más importante del Ejecutivo lo constituyó la aprobación en la Legislatura de PSJ Cobre Mendocino, un hito en la diversificación de la matriz productiva, que va a permitir -pese a las restricciones de la ley 7.722- que Mendoza inicie un auspicioso camino en minería metalífera.
Próximo al cierre del año, el balance político del oficialismo provincial deja un saldo suficientemente positivo para sus objetivos de 2025, que incluyó las elecciones legislativas y otras iniciativas que incrementaron el capital de su principal dirigente: Alfredo Cornejo.
En un período signado por la disputa electoral, con su inestimable injerencia en las variables económicas y por ende en el clima social, el gobernador no sólo festejó la concreción de su alianza con Javier Milei, sino un contundente triunfo en las urnas; pero también la materialización de iniciativas de gestión, representativas como el aval a la minería, u otras de estricto mantenimiento del orden institucional bajo la impronta cornejista, como fue la reelección de Dalmiro Garay al frente de la Suprema Corte de Justicia.
La primera señal pública contundente de la buena sintonía entre Cornejo y Milei fue su designación como representante de los gobernadores en el Consejo de Mayo, instancia multisectorial que el presidente imaginó como ámbito de consenso para sus proyectos de fondo capaces de generar condiciones para el crecimiento, según la óptica oficial.
Allí se cocinó la propuesta para la Reforma Laboral que por estos días se discute en el Senado, pero también la polémica iniciativa de la Ley de Glaciares y otras como el equilibrio fiscal y la baja del gasto público o la reforma tributaria.
Una oportunidad de interacción en el primer plano de la política argentina que le permitió a Cornejo profundizar sus vínculos con la Nación, anticipar la tarea de articulación parlamentaria y generar affectio societatis con el círculo de confianza libertario, condición imprescindible para el cierre de una alianza electoral.
Las primeras especulaciones sobre un eventual pacto entre radicales y mileístas en Mendoza daban cuenta del potencial electoral de la confluencia de ambos oficialismos. Y si bien las demoras de su concreción generaron dudas, finalmente llegó a buen puerto. Pero además, transformó esas expectativas en respaldo concreto al imponerse por más del 50% de los votos.
Una victoria contundente para la que Cornejo debió hacer concesiones. No sólo al despejar los primeros lugares de la lista para La Libertad Avanza (LLA), sino también la inclusión del demarchista Álvaro Martínez y lo que fue la cereza de ese postre: la desafiliación radical y el salto libertario de Luis Petri, concretado a horas del anuncio oficial.
Sin embargo, logró su cometido: celebrar un triunfo que intentó mostrar también como de la gestión local, pero principalmente, blindar los bloques legislativos de Cambia Mendoza (CM) y aliados para la segunda parte de su mandato.
Hacia fines de noviembre, Cornejo incluso pudo estirar su serie ganadora de 2025 en ocasión de una nueva elección de la presidencia de la Corte que volvió a quedar en manos de quien fuera su ministro de Gobierno en la primera gestión y que llegó al máximo tribunal de Justicia bajo su impulso: Dalmiro Garay.
El intento de acceder a un cuarto mandato (2020; 2021; 2023 y ahora 2025) se vio en discusión ante la postulación pública de otro supremo, Mario Adaro y el tenor crítico hacia el presidente de otro miembro que supo ser partícipe del “ala radical” de la Corte, José Valerio.
Y si bien ese escenario podría significar una reconfiguración de apoyos que promoviera un cambio en la conducción, por el contrario, Garay no sólo retuvo el control sino que además consiguió el respaldo de dos supremos del “ala peronista”: Omar Palermo y Julio Gómez. Un ajedrez de partidas simultáneas y negociaciones secretas que volvió a consolidar la mirada del oficialismo en la Justicia, pero también la influencia del cornejismo en el Poder Judicial por dos años más.
Finalmente, el éxito más importante del Ejecutivo lo constituyó la aprobación en la Legislatura de PSJ Cobre Mendocino, un hito en la diversificación de la matriz productiva, que va a permitir -pese a las restricciones de la ley 7.722- que Mendoza inicie un auspicioso camino en minería metalífera.
Más allá de haber conducido un proceso largo y plagado de instancias administrativas, técnicas, de participación ciudadana y finalmente política, el mérito es haber podido atravesarlo sin las contramarchas o los impedimentos que en otras ocasiones significaron la caída de la iniciativa, y con ello, la parálisis al impulso minero por lustros o décadas.
Sin dudas, la ratificación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de San Jorge implica un antes y un después en la proyección que se imagina para la Provincia si finalmente el orden macroeconómico termina dando un respiro capaz de invertir la ecuación argentina sobre empleo, salarios, generación de divisas y por ende baja de la desocupación, la pobreza y la reactivación de económica.
El liderazgo político debe ir ahora acompañado de estricto rigor en los controles ambientales y fiscales a los efectos no sólo de no desaprovechar la oportunidad, sino de hacer crecer la actividad e incorporarla -definitivamente- a la vida (y el bienestar) de los mendocinos.
Como inercia del año que concluye, todavía quedan las elecciones desdobladas de febrero en 6 departamentos donde pese a la buena perfomance provincial de octubre, el oficialismo deberá enfrentar sólidas construcciones opositoras, principalmente peronistas, pero también de otra índole como en Rivadavia y Luján.
Allí, y con efecto diferido, el Ejecutivo puede sumar otro pequeño triunfo, políticamente simbólico, con el regreso del Pro al armado cornejista. Una dulce venganza tras el divorcio de 2023, capaz -al menos en esa comuna- de estirar la racha más allá de los resultados que dejen los comicios municipales.
* El autor es periodista y profesor universitario.