Decidida a dejar una huella profunda en la vida institucional del país, la Presidenta Cristina Fernández cerró con su mensaje al Congreso una semana de definiciones estratégicas pero contradictorias sobre el funcionamiento de los poderes del Estado.
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Decidida a dejar una huella profunda en la vida institucional del país, la Presidenta Cristina Fernández cerró con su mensaje al Congreso una semana de definiciones estratégicas pero contradictorias sobre el funcionamiento de los poderes del Estado.
Por un lado propuso la llamada democratización del Poder Judicial para hacerlo, según sus palabras, más transparente. Pero lo hizo luego de propiciar una nueva degradación del Poder Legislativo. Allí el oficialismo usó formas bochornosas para imponer la aprobación del tratado internacional con Irán. Presionó voluntades, compró conciencias y sentó en las bancas a dos diputados que ya habían dejado de serlo.
Podrán discutirse aspectos técnicos de los proyectos que el Gobierno enviará al Congreso para mejorar el servicio de Justicia, pero nadie puede oponerse al objetivo de dar más democracia a ese poder. Todo lo contrario es aceptar que el Parlamento se someta a canjear democracia por favores políticos o a facilitar maniobras espurias. Si se quiere un país en serio, se supone que la transparencia es necesaria en todos los poderes por igual.
Sin paz
Al margen de los deseos reformistas de la Presidenta, ya nadie oculta el enfrentamiento que protagonizan el Gobierno y la Corte Suprema de Justicia. Es la misma Corte con la que el ex presidente Néstor Kirchner, al comienzo de su mandato, devolvió calidad institucional a la democracia y con ello sumó un mérito destacable a su gestión. Pero los tiempos han cambiado, al ritmo de un absolutismo arrasador que no desea límites ni controles.
Advertidos de la embestida oficial, los miembros de la Corte delegaron su pensamiento en la palabra de su titular, Ricardo Lorenzetti. El martes pasado, al cumplirse 150 años del Máximo Tribunal, Lorenzetti marcó con claridad algunas líneas rectoras. "Estamos de acuerdo también en que el Poder Judicial debe cambiar, y esos cambios deben ser en beneficio del pueblo", sostuvo. Señaló que son ellos los que deben garantizar que se cumpla la Constitución. "Nunca hemos dicho al poder político lo que tiene que hacer, sino lo que la Constitución quiere que hagamos", enfatizó.
Por si alguien del Gobierno no entendió lo que significa el concepto Justicia para la Corte, Lorenzetti lo explicó: "Se requieren reglas para cuando gane y cuando pierda, para cuando uno esté en el poder o cuando lo deje, cuando sea poderoso o sea débil". Un mensaje directo a la idea de que, por haber tenido el 54 por ciento de los votos, se puede hacer lo que se quiera.
La ausencia en ese acto del ministro de Justicia, Julio Alak, y de la Procuradora General, Alejandra Gils Carbó, impactó en el Tribunal. Sus integrantes comprendieron allí que las diferencias no quedarían en los mensajes reservados que van y vienen desde y hacia la Casa Rosada, sino que las líneas de un imaginario campo de batalla estaban marcadas. Al otro día llegó la devolución esperada. En un encuentro de funcionarios judiciales kirchneristas, la Procuradora dijo que la Justicia actual es "ilegítima, corporativa, oscurantista y de lobbies aceitados".
El malestar ahora es evidente. Lo confirmó el viernes la expresión en el rostro de Lorenzetti cuando la televisión lo mostró escuchando el encendido tramo del discurso de Cristina sobre la Justicia.
Todo bien
El mensaje de la Presidenta al Congreso no fue una autocrítica, como hubiese preferido más de un opositor, sino un larguísimo repaso de los aspectos positivos que ha logrado el Gobierno en los últimos diez años de gestión repartidos entre Néstor Kirchner y ella. La mandataria tiene todo el derecho a no mencionar sus errores, así como nadie está obligado a declarar contra sí mismo. El problema es que su discurso no presentó "el estado de la Nación", como lo manda la Constitución, sino un recorte de la historia en el que se muestra una Argentina ideal, en la que los méritos son propios y los problemas, ajenos.
No sorprende la utilización de ese recurso porque forma parte del catálogo de actitudes que acompaña a esa particular manera de ejercer el poder que tiene el kirchnerismo. Lo que no se menciona no existe, por lo tanto no puede ser un problema. Se trate de la inflación, de los muertos que acumula el sistema ferroviario o de la inseguridad.
Lo que sí debe reconocerse a Cristina es esa voluntad avasallante que desarrolla en su rol de líder. Ella señala el camino y sus militantes responden sin objeciones. Pero la historia sugiere que cuando la vanidad de los líderes se regodea tanto con el fervor de sus seguidores, es más fácil equivocar el camino.
