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La crisis energética actual y la situación económico-social del momento nos impulsa a perseverar en estos conceptos: un proyecto energético con gran impacto ambiental y bajo contenido social, con externalidades bien evaluadas, produce resultados no deseados para la comunidad inserta en su ambiente.
Un proyecto energético de gran envergadura y de pronta realización, margina la participación de las Pymes locales por sus altas exigencias de capacidades y recursos.
Tiene baja ocupación de mano de obra local, minimiza el desarrollo de capacidades empresariales locales y supone un gran esfuerzo económico para su realización, frente a las menores exigencias que impondría la concreción de un plan de obras energéticas pequeñas pero capaces de reunir una envergadura semejante a la de la gran obra, con una tipología adecuada y en un plazo suficientemente largo para los objetivos señalados.
En nota publicada en este diario en el 1 de setiembre pasado, titulada "El tipo de proyecto energético que necesita Mendoza", describimos cómo debería elaborarse un proyecto energético evolutivo para la provincia, que tenga las propiedades aludidas.
En dicha nota indicamos que tal tipo de proyecto es un instrumento para el sector público a fin de inducir el desarrollo de capacidades, incremento de la sinergia industrial, minimización de los esfuerzos económicos y aporte en la lucha contra la pobreza a escala provincial y regional.
Así, la obra pública que precise objetivos múltiples adecuados orienta la iniciativa de todos los sectores hacia logros de interés común.
El recurso económico no es lo esencial. La propiedad del tipo de proyectos propuesto por el que el mismo genera parte de los recursos para su propia realización, permite esta aseveración.
Así, primeramente se debe establecer el plan adecuado a los objetivos perseguidos, que requiere de aquellos recursos para su realización. Media la determinación del método de realización, de capacidades y de obtención de recursos materiales con un criterio de optimización que minimice los requerimientos económicos.
No cualquier plan de obras sino el que posibilite el desarrollo de las capacidades inexistentes inicialmente y requeridas para las etapas más avanzadas del plan.
Lo estratégico de las pequeñas obras se relaciona con la complejidad tecnológica de la producción, puesta a punto y operación de los equipos involucrados. Esta complejidad es proporcional a la envergadura de los emprendimientos.
Las más pequeñas requieren del manejo de tecnologías más simples y accesibles a las pequeñas empresas inicialmente. Su influencia en la generación de empleo y disminución de la pobreza es clara. Tales obras no pueden cederse al comercio internacional. Son la puerta de entrada de nuestras tecnologías en la actividad asociada.
La trayectoria que requiere el desarrollo de capacidades locales hasta los niveles de competitividad de clase mundial impone iniciar desde el nivel actual, cualquiera sea él, pasando por todos los intermedios hasta los más elevados alcanzables, creciendo en complejidad desde los más simples.
El desarrollo no se da por saltos sino por incrementos pequeños en disciplinas de cierta cercanía con lo disponible en cada momento. Si bien se admiten casos singulares, no se puede esperar un desarrollo generalizado basándose en tales casos excepcionales.
Debe observarse, además, que la naturaleza de los fenómenos naturales y sociales, muestran una relación sistémica que imposibilita tomarlos aisladamente. Los problemas energéticos no se cierran en sí mismos.
La concepción de una obra energética de envergadura sin consideración ambiental, social y de poca precisión en sus consecuencias, puede significar la generación de impactos indeseados. Contrariamente, puede idearse un proyecto sustituto que favorezca el logro de objetivos múltiples, como alguno de los señalados, si se trata en forma sistémica.
Es en este sentido que un proyecto energético evolutivo como el aludido en la nota de referencia publicada en este diario, puede convertirse en el instrumento del sector público inductor del desarrollo de capacidades empresariales, institucionales, sectoriales e intersectoriales que se requieren para que la provincia no dependa de las habilidades individuales o fuerzas colectivas sectoriales para su sustentabilidad social, ambiental y económica.
Resumiendo: se señala que el rol inductor, por la multiplicidad de objetivos, sólo puede ser ejercido por el sector público.
Esto es, a través de la generación de la legislación adecuada, el uso de la obra pública, la necesaria inclusión de la sustentabilidad requerida, que obliga a la consideración del mediano a largo plazo, consecuentemente al sector académico (desarrollo tecnológico, educación), similarmente a la lucha contra la pobreza a través de la generación de empleo, que impone la participación del sector productivo y, finalmente, la consideración sistémica que obliga a la coordinación intersectorial.
Todo esto con la clara conciencia de que se aprende haciendo pues, no existe universidad que pueda transferir a cada sector las capacidades que requiere el logro de los objetivos enunciados. Sólo se pueden lograr con la práctica participativa en la actividad misma.
El tipo de proyecto energético que subyace en estas conceptualizaciones, evoluciona desde microemprendimientos en áreas aisladas, a una red de acumulación y transporte de energía que las vincula, hasta un sistema provincial en que se han vinculado fuentes de energía primaria con centros de consumo actuales y los que interese para acompañar el desarrollo demográfico y productivo más ambicioso para la provincia y la región, con extensiones de capacidades hasta la exportación de energía al sistema interconectado nacional.
Realizado sobre el sistema local de actividades que induce la obra energética, como fue señalado en la referida nota de este diario.
Hay experiencias realizadas por empresas pequeñas en las últimas décadas que sirven de piloto para tales afirmaciones. No se tiene conocimiento de experiencias específicas, en el sentido que exigiría el tipo de proyectos aludidos en estas notas, que competen a entidades del sector académico ni del sector público.