La semana pasada el Indec dio a conocer el nuevo Indice de Precios al Consumidor nacional Urbano (IPCnu), que mide la evolución de los precios en todas las zonas urbanas del país que cuenten con más de 5.000 habitantes.
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La semana pasada el Indec dio a conocer el nuevo Indice de Precios al Consumidor nacional Urbano (IPCnu), que mide la evolución de los precios en todas las zonas urbanas del país que cuenten con más de 5.000 habitantes.
Este indicador mostró un crecimiento de precios del 3,7% respecto del mes anterior y, de alguna manera, satisfizo las expectativas de quienes querían saber qué resultados arrojaría esta nueva medición llevada a cabo por las mismas personas que durante 6 años alteraron los índices anteriores.
Pero la publicación de este índice no es el fin de un proceso sino el comienzo de uno más complejo donde habrá que sincerar otras variables sobre las cuales el gobierno ha venido batallando con números que les favorecían. La tasa de actividad o nivel de crecimiento de la economía y los niveles de pobreza e indigencia están directamente relacionados con la evolución de los precios.
Datos faltantes
Cuando se conoció el nuevo índice, quedaron pendientes ciertos datos. Algunos de ellos son las planillas de precios relevadas, para saber si realmente se han tomado datos correctos. No hay que olvidar que hasta diciembre para el Indec el asado costaba 12 pesos el kg, lo cual justifica la prevención de querer saber si el índice “les dio” o “lo sacaron”.
Por ahora, dichas planillas no han sido proporcionadas y deberían hacerlo porque es información pública. Si antes, cuando mentían, los publicaban, por qué no hacerlo ahora, si la medición es correcta. Desde ya, la actitud sorprende y mueve a la suspicacia, algo que deberían evitar.
La otra información que anunciaron que no darían son las canastas de pobreza e indigencia. Recordemos que la indigencia se mide en base a la canasta básica alimentaria, mientras que la pobreza se mide en base a la Canasta Básica Total, que incluye la alimentaria sumado a otros rubros como artículos de tocador y limpieza, gastos de viaje y de escolaridad.
La realidad es que la pobreza e indigencia se deberían medir con otros elementos ya que las canastas de precios solas no indican la realidad concreta. Una persona puede ganar por encima del valor de la canasta pero vivir en una vivienda precaria o con faltas en el agua potable, cloacas, luz u otras carencias básicas que la canasta no puede medir.
De todos modos, las canastas son un indicio razonable que no debe servir para que se peleen entre los políticos sino para tomar decisiones de largo plazo. Lamentablemente, en el caso de la pobreza solo se actúa sobre lo urgente o coyuntural pero no hay políticas estructurales que les permitan a los pobres salir de esa situación y poder crecer como el resto de los ciudadanos.
El otro dato clave será la evolución del indicador que mide la tasa de actividad, es decir, la evolución de la economía. Hasta ahora hemos vivido en un mundo virtual creyendo que crecíamos a tasas chinas cuando en realidad desde el Indec nos habían hecho un cuento chino. Es que las tasas de crecimiento eran irreales porque a los valores de la producción había que restarle la tasa de inflación. Si se restaba una tasa menor, como es lógico, iba a dar un crecimiento mayor, como ocurrió.
La medición correcta es fundamental para saber la marcha de los distintos sectores económicos y poder tomar decisiones. Pero, además, este indicador es fundamental ya que en función de sus datos se aplica el ajuste de los bonos que tienen un cupón atado al crecimiento. Si se confirma un crecimiento mentiroso del 5% del año pasado, el Estado deberá pagar este año cerca de 4.000 millones de dólares por la renta de este cupón.
Si bien al manipular los índices se evitaba tener que pagar mucho por los bonos ajustados por CER, lo que se ahorraba por ese concepto se terminaba pagando en los otros bonos. Finalmente, con resultado financiero neutro, está claro que la mentira tenía objetivos políticos.
Lo queda por hacer
Con los nuevos índices, si se corroboran en el futuro, el gobierno está asumiendo que hay inflación. Por supuesto, al asumirla no se hace cargo de la misma sino que le echa la culpa a los empresarios. Estos no imprimen billetes. Solo el Estado puede hacerlo para financiar déficit fiscal.
El gobierno no podrá disimular más la situación porque la bronca social es muy grande y debe tomar medidas de fondo y ahí deberá atender el problema de los subsidios de los servicios públicos, que el año pasado superaron los 140.000 millones de pesos y que prometen crecer este año al ritmo de la inflación.
Los índices deben ser materia prima para tomar decisiones fundamentales y ya no se puede seguir escondiendo basura debajo de la alfombra.
El gobierno ha conseguido, por ahora, frenar la escalada sobre el dólar secando la plaza de pesos pero esto no puede durar mucho tiempo, ya que para hacerlo ha subido la tasa de interés a niveles muy elevados que, además, impactan en el costo del crédito y en el ritmo del nivel de actividad.
Lo que puede reactivar la economía son medidas que muestren a las claras la decisión de bajar el déficit a niveles manejables. Para esto es fundamental trabajar sobre los subsidios que benefician en mayor proporción a los habitantes de la ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires.
Transporte, electricidad, gas y combustibles son el desafío que el gobierno, aparentemente, quiere abordar en forma paulatina, para evitar impactos grandes sobre el índice de precios. No obstante, es probable que ya no haya demasiado colchón para la gradualidad y deban recurrir a saltos más importantes.
Las decisiones que tome el Gobierno a partir de ahora serán fundamentales para poder prever la marcha de los acontecimientos. Por ahora, tienen un veranito con el ingreso de dólares de la cosecha aunque las importaciones de energía le consumen el grueso de lo que reciben. Los tiempos son muy ajustados y se requiere precisión de cirujano.