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Recientemente la Corte Penal Internacional advirtió al gobierno del presidente de Colombia, Iván Duque, que si no se sancionan las normas que requiere el sistema de justicia transicional (Justicia Especial para la Paz – JEP), ello significaría un retroceso importante en el proceso de paz que se inició formalmente en el año 2012.
Los países garantes de dicho proceso también realizaron una advertencia similar. La Unión Europea también ve con preocupación el lento proceso que se ha impreso a la implementación de los acuerdos firmados en 2016 durante el gobierno de Juan Manuel Santos.
Lo que está sucediendo no es casualidad ni fruto de la pereza paquidérmica propia de las burocracias estatales. El partido gobernante, Centro Democrático, que llevó al poder a Iván Duque, siempre se expresó en contra de lo pactado por su antecesor, Juan Manuel Santos, y las FARC (movimiento subversivo procubano nacido en los años 50 del siglo XX). De ahí que la demora en el avance de los acuerdos obedece a una deliberada estrategia. R
ecordemos brevemente que las conversaciones con la guerrilla de las FARC comenzaron en Oslo, Noruega, en 2012. En ese mismo año la mesa de diálogo se trasladó a La Habana, Cuba. En 2016 se llegó a un acuerdo final que fue firmado en Cartagena de Indias el 26 de setiembre de ese año. Ante la resistencia que generaban los acuerdos de paz en vastos sectores de la comunidad colombiana (se argumentaba que el acuerdo significaba impunidad para la guerrilla), dicho acuerdo fue sometido a referéndum
en octubre de 2016 ganando el 'no'. El 12 de noviembre de ese mismo año se firmó en Bogotá un nuevo acuerdo que incluía algunas propuestas de los partidarios del 'no'.
El partido del expresidente Álvaro Uribe (Centro Democrático) siempre se opuso a los acuerdos de paz con las ex FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), hoy partido político. Uribe, impulsor de la candidatura a presidente de Iván Duque, es el máximo exponente de la derecha recalcitrante colombiana. En sus discursos destila odio hacia la guerrilla procubana y exhibe una férrea oposición a cualquier acuerdo de paz con los grupos subversivos. Según él, la paz sólo se alcanzará definitivamente a través de las armas. Pero el presidente Duque, observado de cerca por Naciones Unidas, la Unión Europea, la Corte Penal Internacional y los países garantes del proceso de paz, no puede mostrarse inflexible en contra de los acuerdos de paz. Duque está en una situación muy incómoda. Por un lado, está el partido que lo respalda (Centro Democrático) que quiere ‘dinamitar’ los acuerdos de paz, y por otro lado, está la comunidad internacional que espera pasos concretos que lleven al cumplimiento efectivo de los acuerdos.
La llamada ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz (JEP), es una norma imprescindible para el proceso ya que regula los detalles del sistema de justicia transicional al que se acogen los desmovilizados.
Dicha ley, ya aprobada por el congreso colombiano y por la Corte Constitucional de ese país, debe ser ahora aprobada u objetada por el presidente Duque. Si la objetara, la ley volvería al congreso para ser discutida en ambas cámaras y luego nuevamente a la Corte Constitucional. Ese trámite puede demandar varios meses cuando el sistema de justicia transicional requiere de una sanción urgente. Para colmo de males, el fiscal general de Colombia ha señalado que la ley estatutaria contiene algunas deficiencias y aconseja a Duque que la objete y la devuelva al congreso.
Y como si fuera poco, el expresidente Uribe ha aconsejado a Duque (su delfín) que no sancione la ley (no podría ser de otra manera).
Pero ello no es todo. Las partidas presupuestarias necesarias para que el proceso de paz funcione íntegramente se hallan esparcidas en infinidad de ítems en el actual presupuesto, cuando lo que se esperaba era una única partida presupuestaria especial. Es decir, la consigna del sector ubicado a la derecha de ‘la grieta’ colombiana, es poner palos en la rueda del proceso de paz, tantos como se pueda, para que el proceso se caiga solo, algún día, y se regrese a los peores años del conflicto armado, conflicto que causó miles de muertos, desaparecidos, secuestros, ejecuciones selectivas y millones de desplazados.
Pocos son los que tienen el coraje de decir las cosas con meridiana claridad, la guerra es también un formidable negocio que moviliza cuantiosos recursos. Para los señores de la guerra, Uribe incluido, la paz no es negocio. Uribe extraña la guerra y los negociados que ella esconde.
Por eso es que las cosas están así, “ni trizas ni risas”, al decir de Iván Duque, es decir, ‘ni tan mal ni tan bien’. Mientras tanto los encargados de impartir la justicia transicional esperan normas procesales y recursos de manera urgente. Duque tiene hasta el 11 de marzo para expedirse y sancionar o no a la ley estatutaria; todo hace prever que se tomará hasta el último día, total el proceso de paz, para él, Uribe y su partido, puede esperar.