17 de diciembre de 2013 - 01:13

Una necesaria reforma

El autor cree que nuevamente las fuerzas policiales se han autonomizado del poder político y por eso propone volver a reconstruir la reforma provincial de 1998.

Ante los recientes acontecimientos de reclamo de las fuerzas policiales de Mendoza, es necesario hacer un análisis de las verdaderas razones por las cuales se llegó a esta situación.
Comenzaremos afirmando que de ningún modo se puede reducir a un mero reclamo salarial; de ninguna manera es así, la necesidades salariales existen pero no es el principal elemento de esta crisis.

Lo que aquí se nos presenta es nada más y nada menos que una crisis interna de las fuerzas policiales, y de las instituciones políticas en su relación con aquellas.

En lo que respecta a la relación de las instituciones políticas con las policías, debemos recordar que luego de la reforma institucional de las policías de Mendoza del año 1998, el poder político retomó la conducción de la fuerza con la obligación de diseñar, planificar y ejecutar políticas públicas en materia de seguridad. Para ello, era imprescindible sanear previamente la fuerza de seguridad y asumir las obligaciones constitucionales de su conducción.

Lo cierto es que dicha reforma, que nació con mucho ímpetu, comenzó a decaer con el cambio de gobierno al asumir Iglesias, y empeoró con el gobierno de Cobos. Durante el gobierno de Jaque se acentuó esta situación, perdiendo el poder político la conducción de las fuerzas policiales.

El gobierno actual, lejos de resolver este déficit lo acentuó al no intentar siquiera cambiar el rumbo y dejando de atender el indisimulable conflicto interno de las policías.

Esto se agrava con la resolución absurda del conflicto salarial al abdicar ante la organización corporativa policial.

Estamos en condiciones de afirmar que la situación actual es similar a la que se presentaba en el año 1998.

En efecto, el poder político ha perdido absolutamente la conducción de las fuerzas policiales, y para ello entregó a la propia fuerza la conducción de la misma a cambio de tener "cierta tranquilidad" institucional.

Con esa actitud, algunos sectores de la policía afianzaron el manejo de las "cajas" -nichos de corrupción que todos conocen pero nadie reconoce- logrando la autonomía del poder político.
Ante esta situación de autonomía de la policía del poder político han surgido desde el seno de la policía una serie de conflictos internos que han repercutido en toda la sociedad.

Nos explicamos: con la autonomización de las "cajas", surgió una grieta en el seno de las policías producto de la existencia de una cúpula enriquecida y con privilegios, y una gran porción de la fuerza que no tenía ningún "beneficio" de las "cajas" y con una situación salarial precaria.

A ello debemos tener en cuenta la incidencia del poder del narcotráfico en esta situación, infiltrando la fuerza policial, logrando un acuerdo con el sector privilegiado de la misma.
Este cóctel explosivo de renuncia del poder político a conducir las policías agregado al conflicto interno de la fuerza no han hecho más que provocar la crisis que hoy nos aqueja.

Ante esto, entendemos que se deben tomar al menos una serie de medidas urgentes, tales como:

1.- Convocar -al igual que en el año 1998- a todas las fuerzas políticas a fin de concretar un gran acuerdo en materia de seguridad.

2.- Diseñar, planificar y ejecutar una política pública de seguridad que necesariamente debería contener:

a.- La reasunción del mando de las fuerza policiales por parte del poder político.

b.- Intervención de los Municipios en las políticas de seguridad.

c.- Profesionalización del recurso humano involucrado en las políticas de seguridad pública.

d.- Institucionalización de la participación ciudadana.

e.- Descentralización de las políticas de seguridad pública

f.- Creación de una Agencia Estatal multidisciplinaria en materia de lucha contra el narcotráfico.
3.- Crear un órgano permanente que tenga por objeto el estudio, discusión y abordaje de la problemática de seguridad que debería ser integrado como mínimo con representantes de todos los ministerios, fuerza políticas, organizaciones libres del pueblo, universidades, poder judicial, fuerzas de seguridad nacionales.

Es hora de realizar una profunda y necesaria reforma en materia de seguridad, y dejar de lado las posiciones cómodas y pusilánimes que han primado hasta el momento.

Las opiniones vertidas en este espacio, no necesariamente coinciden con la línea editorial de Diario Los Andes.

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