La captura de Nicolás Maduro ha reactivado una de las causas judiciales más complejas y graves en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, con sede en Manhattan.
La fiscal general Pam Bondi ratificó los cargos criminales que pesan sobre el mandatario venezolano, acusado de liderar el "Cartel de los Soles".
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La captura de Nicolás Maduro ha reactivado una de las causas judiciales más complejas y graves en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, con sede en Manhattan.
La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, ratificó públicamente el expediente que señala al mandatario venezolano como uno de los líderes principales del "Cartel de los Soles", una organización criminal compuesta por altos funcionarios estatales que, según la justicia estadounidense, ha operado durante décadas para introducir masivos cargamentos de droga en territorio norteamericano.
De acuerdo con las fuentes, el Departamento de Justicia no describe al Cartel de los Soles como una banda convencional, sino como un sistema de corrupción institucionalizado donde la élite política y militar de Venezuela se beneficia de actividades ilícitas. El nombre de la organización hace referencia a las insignias en forma de sol que portan los altos mandos militares del país.
Entre los cargos más críticos detallados por Bondi y el expediente judicial se encuentran:
• Narcoterrorismo: Se acusa a Maduro de coordinar operaciones con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para utilizar la cocaína como herramienta política y financiera.
• Tráfico internacional de drogas: La imputación sostiene que se conspiró para importar toneladas de cocaína mediante rutas aéreas y marítimas que atravesaban Centroamérica y el Caribe.
• Posesión de armas de guerra: El expediente incluye cargos por el uso de ametralladoras y dispositivos destructivos destinados a proteger las rutas de narcotráfico y enfrentar posibles interdicciones de fuerzas estadounidenses.
La relación entre el gobierno de Maduro y las FARC data, según la acusación, de aproximadamente el año 1999, cuando la guerrilla acordó trasladar parte de sus operaciones a Venezuela bajo protección estatal.
El escrito judicial sostiene que bajo el liderazgo de Maduro, la cocaína fue priorizada como un "arma" para dañar la salud de los consumidores en Estados Unidos. A cambio de esta participación en el negocio, el cartel habría suministrado armas de grado militar a los grupos guerrilleros.
Esta causa penal fue abierta originalmente en marzo de 2020 durante el primer mandato de Donald Trump. En aquel momento, la decisión de imputar a un jefe de Estado en ejercicio fue vista como una medida inusual y una escalada en la presión diplomática y judicial. Figuras como el asesor de seguridad nacional, Marco Rubio, han calificado consistentemente a Maduro como un "prófugo de la justicia".
Tras su captura, Maduro enfrenta una posible pena que oscila entre un mínimo obligatorio de 20 años de prisión hasta la cadena perpetua. Además del mandatario, la imputación original de 2020 incluye a más de una decena de altos cargos y exfuncionarios de inteligencia venezolanos, por quienes el gobierno estadounidense llegó a ofrecer una recompensa de hasta 50 millones de dólares.
Por su parte, en diversas ocasiones, Maduro ha rechazado estas acusaciones, calificándolas como intentos de Estados Unidos por generar violencia en el país.