El proceso que involucra a 379 presos políticos se desarrolla principalmente en Caracas, aunque también alcanza a otras partes del país.
Cuba y Venezuela dieron a conocer la lista de las víctimas militares luego del ataque a Caracas.
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La Justicia de Venezuela acordó las primeras 379 excarcelaciones luego de la aprobación de la Ley de Amnistía impulsada por el oficialismo. La medida se puso en marcha tras la intervención de la Fiscalía General ante los tribunales competentes. Las liberaciones comenzaron entre la noche del viernes y la mañana del sábado.
El anuncio lo realizó el diputado Jorge Arreaza, quien preside la comisión parlamentaria encargada de supervisar la aplicación de la normativa. En declaraciones difundidas por Venezolana de Televisión, sostuvo que la Fiscalía presentó formalmente las 379 solicitudes de amnistía y aseguró que la dinámica continuará en los próximos días. “Así va a ser la dinámica en los próximos días”, afirmó el legislador, al describir el esquema de liberaciones progresivas.
Según el detalle oficial, 371 solicitudes corresponden a Caracas, cinco al estado Barinas, dos a Portuguesa y una a Monagas. La distribución territorial refleja que la mayoría de los beneficiados se encontraban detenidos en la capital. El proceso incluye la verificación judicial de cada caso antes de concretar la excarcelación efectiva.
Desde la sociedad civil, Gonzalo Himiob, director vicepresidente de la ONG Foro Penal, informó que la organización inició durante la madrugada la constatación de las primeras liberaciones derivadas de la ley. La entidad lidera la defensa de personas consideradas presos políticos y mantiene un registro actualizado de detenciones por motivos políticos.
La normativa establece, en teoría, un alcance temporal entre 1999 y 2026, aunque delimita 13 coyunturas políticas que comienzan en 2002. Esta precisión deja fuera arrestos producidos en varios períodos de los últimos años, así como casos vinculados con operaciones militares. El alcance real de la medida todavía genera interrogantes en relación con quienes podrían quedar excluidos.
El Parlamento instaló una comisión especial para garantizar el cumplimiento de la amnistía bajo la conducción de Arreaza. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, promulgó la ley tras su aprobación legislativa y solicitó “celeridad” en la revisión de expedientes que no estén contemplados de forma explícita en el texto normativo.
De acuerdo con los registros de Foro Penal, en el país permanecen más de 600 personas detenidas por motivos políticos, incluso después de la excarcelación de 448 ciudadanos desde el 8 de enero. La organización estima que al menos 400 podrían quedar fuera de la amnistía y adelantó que presentará ante la comisión una primera lista con 232 casos para su evaluación.