Mientras el expresidente sufre complicaciones de salud, el actual mandatario firmó el decreto y excluyó a los condenados por tentativa de golpe de Estado. Quiénes sí tienen el perdón.
Lula da Silva y Jair Bolsonaro, actual y ex presidente de Brasil respectivamente.
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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, firmó el decreto del indulto de Navidad que concede “perdón de la pena a presos” que cumplen criterios específicos. Sin embargo, uno de ellos fue excluido y resonó a nivel mundial: los condenados por tentativa de golpe de Estado.
En tanto, así como lo informó el Diario Oficial, la decisión deja fuera de cualquier perdón a los implicados en el intento de tomar el poder en enero 2023, donde Jair Bolsonaro y sus aliados fueron protagonistas.
En aquel entonces, simpatizantes del expresidente brasileño, Jair Bolsonaro (2019-2022), invadieron entonces las sedes de los Poderes públicos en la ciudad de Brasilia con graves destrozos, lo que el Supremo Tribunal Federal tomó como tentativa de golpe de Estado.
El decreto del indulto de Navidad concede perdón a presos que recibieron una sentencia de hasta ocho años o cumplieron al menos una quinta parte de la misma. Entre los impedimentos destacados figuran los delitos contra el Estado democrático de derecho.
El decreto del indulto excluye también a internos condenados por abuso de autoridad, tráfico de drogas y delitos sexuales. De igual manera, se excluye del beneficio a quienes hayan hecho uso de delación premiada, integrantes de facciones criminales o quienes cumplan su pena en centros penitenciarios de máxima seguridad.
Se concedió también el perdón por razones humanitarias a personas con discapacidades graves como ceguera y tetraplejía, a pacientes con el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) en etapa terminal o enfermedades graves, además de mujeres con embarazos de alto riesgo y personas con trastorno del espectro autista severo.
Podrán verse beneficiadas las personas mayores de 60 años, padres o madres con hijos que padezcan enfermedades graves o discapacidades y aquellos que resultan imprescindibles para el cuidado de dependientes.
La medida constituye una atribución legal y exclusiva del presidente de la República, amparada por la Constitución y puede ser suscrita de manera anual.